La REDDHFIC asimismo denuncia que los campesinos asesinados fueron presentados como guerrilleros, lo cual se constata en el comunicado oficial del Ejército que pretende vincularles con “la estructura armada de la tercera comisión al mando de alias Oliver de la columna móvil Daniel Aldana”, y donde se reporta como resultado: “la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos terroristas, quienes están en proceso de identificación”.

 

Como lo registró la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), los hechos ocurrieron el 13 de noviembre en el municipio Francisco Pizarro del departamento de Nariño. Ese día la vereda Yari, ubicada en la rivera del Río Cualdá, sufrió un ataque indiscriminado por tierra y aire donde participaron la Fuerza de Tarea Pegaso, la Brigada Contra el Narcotráfico, la División de Aviación y Asalto Aéreo, la Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y agentes de la Policía Nacional.

Las acciones de la Fuerza Pública tuvieron como epicentro, reporta la REDDHFIC, una vivienda con once campesinos afrodescendientes que desde hace más de cuatro años trabajan como cortadores de madera. Producto de las acciones militares, que incluyó bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, dos de ellos, Dailer Chanel Palacio Ledesma y José Arsenio Castro, perdieron la vida, mientras que los siete restantes quedaron heridos presentando heridas en varias partes del cuerpo, así como también se produjo la detención arbitraria del campesino Carlos Sánchez, a quien la Fuerza Pública trasladó hasta las instalaciones del Ejército en el municipio de Tumaco dejándolo incomunicado por tres días.

Las acciones militares en contra la población civil además provocaron el desplazamiento de cerca de 180 personas, momentos que agentes del Estado aprovecharon para realizar allanamientos ilegales donde se produjo el robo de 8 millones de pesos en efectivo y la sustracción de víveres avaluados en 6 millones.

La REDDHFIC asimismo denuncia que los campesinos asesinados fueron presentados como guerrilleros, lo cual se constata en el comunicado oficial del Ejército que pretende vincularles con “la estructura armada de la tercera comisión al mando de alias Oliver de la columna móvil Daniel Aldana”, y donde se reporta como resultado: “la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos terroristas, quienes están en proceso de identificación”.

Pero los hechos son todavía más graves. Testimonios de la comunidad aseguran que uno de los campesinos asesinados, José Arsenio Castro, fue visto por última vez con vida, herido y retenido por el Ejército, y a quienes repetidamente solicitaba atención médica. Sin embargo, un día después, José Arsenio era presentado como un integrante de las Farc dado de baja. Un nuevo caso de “falso positivo” que, advierte la REDDHFIC, podría haber costado la vida a un campesino más, en tanto que el primer informe del Ejército presentó un balance de tres guerrilleros muertos en momentos que el labriego Carlos Sánchez permanecía desaparecido e incomunicado por las Fuerzas Militares. Asegura esta organización de derechos humanos que el caso es delicado, “en el entendido que en el informe oficial de dicho operativo que realizó el Ejercito, señalan: ‘se dieron de baja a tres (3) guerrilleros’, no obstante días siguientes dicha Institución rectifican lo antes dicho registrando que fueron dos (2) los supuestos guerrilleros muertos”.

Por este caso las organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido justicia y protección para la población de la vereda Yari. También han responsabilizado al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y al gobernador de Nariño, Raúl Delgado, por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Derecho Internacional de los derechos Humanos (DIDH). Del mismo modo han denunciado a los mandos de la Fuerza Pública responsables de los operativos y ataques contra la población civil: el general Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército; el brigadier general Luis Fernando Rojas Espinoza, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso; y el teniente coronel Javier José Pérez Watts, comandante de Policía de Nariño.