Bogotá – Medellín, 4 de octubre de 2023. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta petición responde a algunas decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que desde 2020, van en contravía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos, al fijar un plazo estricto de dos años desde que se tiene conocimiento de los hechos para presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y acceder a la reparación integral por crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Esta medida desconoce lo que han dicho tribunales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha asegurado que este límite de tiempo no aplica para esta clase de crímenes.

Esta solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVJ), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL) fue realizada en representación de 308 familiares de 53 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), con el ánimo de que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los siguientes derechos:

Integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, contemplados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además incluyen la protección del derecho a la verdad, al acceso a la administración de justicia y a la obligación de reparar las graves violaciones de derechos humanos; y la violación del derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrado en el artículo 26 de la misma Convención.
Asimismo, la petición busca que, como consecuencia de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado, la CIDH recomiende la adopción de medidas que impulsen cambios legislativos y jurisprudenciales encaminados a cumplir con los estándares internacionales y a superar las vulneraciones estructurales del presente caso y la no repetición.

Las organizaciones de la sociedad civil que presentamos esta petición solicitamos a la Comisión que:

Priorice el estudio y evaluación de la petición.
Declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos mencionados previamente.
Exija al Estado colombiano adecuar la legislación y jurisprudencia interna para que el fenómeno procesal de la caducidad no aplique para los casos de crímenes de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 2 de la Convención.
Organizaciones que firman la petición:

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB)

Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)

Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVJ)

Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR)

Corporación Jurídica Libertad (CJL)

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