Toda la comunidad de la Región Caribe de Colombia, padece hoy las consecuencias de la privatización de un servicio público estratégico para la seguridad del País, efectuada en 1998, cuando se entregó a Unión Fenosa, toda la estructura de generación y transmisión, instalada con dinero sacado del bolsillo del pueblo. Pero la gran estafa eléctrica a la costa norte de Colombia comenzó un poco más atrás, hace 30 años cuando el sistema interconectado de CORELCA, creado con una “sobretasa” en las facturas mensuales, fue liquidado a espaldas del pueblo.

Luciano, quien contaba con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo refugiado en Gijón acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue asesinado el 10 de septiembre del 2005, medio año después de regresar al país.Pero ¿quién ordenó su asesinato?, ¿quiénes se siguen beneficiando del genocidio sindical impune que le ha costado la vida a 3.064 sindicalistas colombianos?

Por eso, al analizar los resultados, el estudio concluye que: “la tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras.”