Aquí hay una verdad trágica, de persecución, intolerancia, intemperancia y falta de garantías, donde se criminaliza el hecho de pensar y opinar diferente. El para narco Julián Boñiga reunió a todos sus secuaces, les informo que el suscrito no paraba de denunciar todas sus fechorías que cometían contra la población civil, dijo, ya lo hemos declarado objetivo militar, lo hemos amenazado por diferentes medios y el tipo sigue allí, no se va huyendo como nosotros queremos, cada día esta alzando su voz de denuncia contra nosotros, por esa razón les doy la orden perentoria para que lo asesinen sin piedad alguna.

Exigimos al Estado Colombiano se garantice el derecho a la vida de las personas antes mencionadas, de sus familiares y de todas las personas que realizamos actividades de organización y promoción ambiental en búsqueda de la protección de nuestros territorios, las fuentes hídricas, la seguridad y soberanía alimentaria.

Desde el año 2002, las cinco lideresas han sufrido persecución, violencia y estigmatización por su labor comunitaria. Han sido objeto de múltiples violaciones por haber denunciado y exigido al Estado la protección y garantía de los derechos de la población civil. Ana Teresa Yarce, fue asesinada; Luz Dary Ospina y Miriam Rúa fueron desalojadas de sus viviendas y desplazadas; y Mery Naranjo y Socorro Mosquera, son, desde la operación Orión, víctimas de ataques y hostigamientos constantes, razón por la que, la misma Corte Interamericana dicto una orden de protección internacional, hoy vigente, para que se les garantice su vida e integridad personal.