Presentamos el caso de Rubby Arboleda, una mujer que en su largo trajinar en talleres de confección “pescó” una enfermedad de columna que, aparte de los dolores que le produce, le impide hacer cualquier clase de trabajo. Pero la ARL a la que está afiliada solo le dictaminó un 23% de pérdida de la capacidad laboral. Está pues en un callejón sin salida, como lo están miles de colombianos que, como ella, padecen situaciones similares.

Las autoridades locales siguen enmarañadas en las pegajosas redes del clientelismo y los guajiros, indígenas y no indígenas, siguen sumergidos en una miseria tanto más oprobiosa y paradójica por cuanto están rodeados de riqueza: la Chevron saca el gas a gusto y desde el Cerrejón salen trenes con incontables vagones cargados de carbón varias veces al día. Mientras tanto, los niños Wayúu siguen muriendo de hambre, de sed, de diarrea, de fiebre, en fin, por pobres.

Por tanto exigimos al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos una explicación y un pronunciamiento en el que reconozca los hechos ocurridos y las consecuencias que podrían acarrear las acciones u omisiones irresponsables de agentes estatales en estos hechos, en particular del embajador Rivera y solicitar al Eurolat una rectificación pública por intermedio de la Canciller. Que garantice el Estado de manera real y fehaciente respeto al trabajo realizado por los defensores de derechos humanos en el país y en el exterior, además de garatizar la participación sin censura y estigma de las y los mismos en los espacios abiertos para ello.