Se trata de acciones administrativas que, en unos casos, buscan que las empresas implicadas eliminen los pactos colectivos, y en otros presionar acuerdos de formalización laboral. Todas son resultado del trabajo adelantado en las diferentes regiones por los Centros de Atención Laboral (CAL), que son “herramientas” jurídicas con las que cuentan la CUT y la CTC para adelantar estos procesos, previa una labor de capacitación a los sindicatos y recolección de pruebas que testifiquen la ilegalidad de los pactos colectivos y la intermediación laboral, con base en la legislación nacional y criterios establecidos por la OIT.

El conflicto armado que tantas víctimas y victimarios ha fabricado, permitiéndonos conocer hasta que grados de inhumanidad y barbarie somos capaces de llegar, no es más que la expresión última de los múltiples conflictos que en todos los órdenes: cultural, económico, social, político y ambiental hemos creado, dejado crecer y profundizar, lo que hoy nos está obligando a reflexionar y a fijar posiciones de rechazo y de exigencia de cese inmediato o de rendición o liquidación de uno u otro de los actores, en aras de la imposición de la paz por la fuerza, y de acuerdo a la concepción del grupo o fuerza vencedora.

Para argumentar su posición, el concejal reveló que si bien en la ciudad han disminuido los homicidios, el problema de la desaparición forzada ha aumentado en un 11.4%, entre enero y septiembre del presente año, según cifras de la Personería de Medellín. A esto añadió que persisten los problemas de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos ilegales, las violencias aleccionadoras con casos de desmembramiento de cuerpos, y la violencia contra las mujeres.