Se destaca de la intervención gubernamental el ánimo de reconocer el carácter salarial de la bonificación judicial ante la vigencia de jurisprudencia consolidada sobre la materia, lo cual será objeto de consulta al interior del Gobierno en el día de hoy; la protección del salario con exenciones tributarias (ampliar los gastos de representación de los jueces y fiscales con ese único propósito y explorar la figura jurídica adecuada para los empleados, sin menoscabar la naturaleza salarial y prestacional de sus ingresos laborales); y buscar la fórmula para reconocer esa bonificación a los servidores que no se acogieron al régimen salarial optativo, en atención al carácter diferenciado que ostentan los dos regímenes.