Se trata de acciones administrativas que, en unos casos, buscan que las empresas implicadas eliminen los pactos colectivos, y en otros presionar acuerdos de formalización laboral. Todas son resultado del trabajo adelantado en las diferentes regiones por los Centros de Atención Laboral (CAL), que son “herramientas” jurídicas con las que cuentan la CUT y la CTC para adelantar estos procesos, previa una labor de capacitación a los sindicatos y recolección de pruebas que testifiquen la ilegalidad de los pactos colectivos y la intermediación laboral, con base en la legislación nacional y criterios establecidos por la OIT.
En el marco de la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que esta semana inició la discusión sobre el reajuste del salario mínimo para 2015, las centrales sindicales CUT y CTC aprovecharon para presentar un paquete de 27 querellas contra igual número de empresas que practican intermediación laboral ilegal, al igual que 8 querellas contra empresas que imponen a sus trabajadores pactos colectivos; querellas que posteriormente fueron radicadas en el Min-Trabajo.
Estas querellas se suman a las 29 que en septiembre pasado presentaron diversos sindicatos por pactos colectivos, y al paquete de 50 que presentó la USO por intermediación laboral ilegal en empresas contratistas de Ecopetrol.
Se trata de acciones administrativas que, en unos casos, buscan que las empresas implicadas eliminen los pactos colectivos, y en otros presionar acuerdos de formalización laboral. Todas son resultado del trabajo adelantado en las diferentes regiones por los Centros de Atención Laboral (CAL), que son “herramientas” jurídicas con las que cuentan la CUT y la CTC para adelantar estos procesos, previa una labor de capacitación a los sindicatos y recolección de pruebas que testifiquen la ilegalidad de los pactos colectivos y la intermediación laboral, con base en la legislación nacional y criterios establecidos por la OIT.
Para Fabio Arias, Secretario General de la CUT, quien a nombre de esta central presentó parte de las querellas, el tema tiene que ver con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OIT y del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, que señalaron que los empresarios colombianos vienen utilizando los pactos colectivos como figuras para entorpecer el derecho de asociación sindical; como también fomentando la informalidad laboral mediante la utilización de formas ilegales de intermediación, como las cooperativas de trabajo asociado, las SAS, los contratos de prestación de servicios y los contratos sindicales.
“Lo que queremos con esta querellas presentadas en paquete —agregó Arias—, es que el Ministerio de Trabajo al más alto nivel haga el control preferente sobre esas actividades, que son ilegales a nuestra manera de ver; que no se las deje en manos de los directores territoriales sino que se centralicen en un solo contexto, porque cada director territorial es autónomo en su definición, y lo que hemos visto es que unos fallan de una manera y otros de otra. Eso lo queremos evitar”.
Por su parte, Rosa Elena Flérez, Secretaria General de la CTC, dijo que con la presentación de estas querellas en grupo se quiere lograr una solución, no solamente para las organizaciones sindicales de la CTC sino para todas las afectadas por los pactos colectivos y la tercerización de actividades misionales. “Y por supuesto, seguiremos dando las luchas que correspondan y solicitando al gobierno y a la Comisión de Concertación las soluciones a estas problemáticas”, agregó.
En la reunión de la Comisión de Concertación la CUT tocó puntualmente el tema de Avianca, empresa que inexplicablemente ha seguido utilizando cooperativas de trabajo asociado para realizar actividades misionales de la operación aeroportuaria, y de esa manera tercerizar a cerca de 3 mil trabajadores. “Las CTA están prohibidas por la ley y Avianca las sigue utilizando y no le pasa nada, sigue pisoteando y avasallando a los trabajadores y terminó echándole la policía y el Esmad a un grupo de ellos que estaba haciendo una protesta en El Dorado”, subrayó el dirigente de la CUT.
El proceso avanza lento
En cuanto al avance de las 29 querellas presentadas en paquete en septiembre pasado contra pactos colectivos, la abogada Sandra Muñoz, coordinadora de los Centros de Atención Laboral, dijo que es positivo que el Ministerio de Trabajo haya aceptado el control preferente para estas querellas y las haya repartido en oficinas territoriales distintas a la territorial que por competencia le correspondía, a fin de garantizar injerencias indebidas.
Sin embargo, el Ministerio no ha mostrado capacidad técnica y logística para comisionar la recolección de las pruebas de manera rápida, por lo que el proceso va lento. “Todas las querellas ya deberían estar en una segunda etapa de la investigación, pero solo unas pocas lo están”, puntualizó. Lo cual contrasta con el interés y la expectativa que el proceso ha generado entre los sindicatos querellantes.