Infografía de hechos del periodo

El pasado 30 de abril, el país se despertó con la noticia de una nueva atroz masacre cometida en el departamento del Cauca contra el presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Narváez y tres personas más de su familia. Mientras la pandemia del COVID-19 ocupa nuestra vida, el aislamiento social es utilizado en los territorios como una nueva arma de guerra.

El presente SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición tiene como contexto esta situación inesperada para la humanidad de una pandemia que en menos de dos meses ha cobrado las vidas 278 colombianas y colombianos, y que nos ha llevado a una situación de aislamiento social excepcional para evitar una mayor expansión del virus, cuyas consecuencias económicas, sociales y culturales aún estamos entendiendo.

Entre tanto y en ocasiones ocultada por el impacto del virus, se vive en nuestro país una guerra en medio de la pandemia. Esto como consecuencia del incumplimiento a los Acuerdos de Paz en temas tan sensibles como las garantías para excombatientes, la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, la reforma rural integral, y los mecanismos de participación derivados del Acuerdo. Pero también por la persistencia del paramilitarismo y del conflicto armado entre la guerrilla del ELN y las fuerzas armadas. El Secretario General Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el grave impacto global de la pandemia, hizo un llamado al cese del fuego “inmediato y global” de los conflictos armados en el mundo con el objeto de poder concentrar los esfuerzos en controlarla, que fue acogido por el ELN con impactos importantes pero no satisfactorios.

Los grupos armados legales e ilegales no están en cuarentena y controlan cada vez más la vida de las personas con la ausencia o complicidad de la actuación estatal. De acuerdo con la CCEEU desde el 6 de marzo, fecha en la que se confirmó el primer caso de COVID-19 hasta el 20 de abril habrían sido asesinadas 21 personas defensoras de derechos humanos (y 13 desde la entrada en vigencia de las medidas de confinamiento). No es sin embargo esta una situación coyuntural. Cabe resaltar que durante el gobierno Duque hemos recibido en promedio una denuncia cada 1,6 días para un total de 1.067 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en 632 días de mandato.

Hechos del presente SOS

Entre el 1 de febrero y el 1 de mayo, periodo del actual SOS, recibimos denuncias de un total de 175 hechos, una reducción en relación con el trimestre anterior cuando recibimos 193 denuncias en el contexto del Paro Nacional. Estos hechos dejaron en el periodo febrero abril 2.421 víctimas, además de 60 colectivos o comunidades cuyo número de individuos afectados no es posible establecer, que fueron víctimas de desplazamientos, presencia paramilitar, amenazas colectivas, erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, abusos de la fuerza pública e infracciones al DIH.

La coyuntura del Paro junto con las actuales medidas de aislamiento, explicaría en parte esta leve reducción que, no obstante, no varía la curva ascendente de denuncias de graves violaciones durante el actual gobierno, y es muy preocupante que se sigan presentando numerosas agresiones de actores armados ilegales pero también de la fuerza pública, en medio de una crisis sanitaria que debería unirnos como nación en el único propósito de superarla.

Los hechos que dejaron mayor número de víctimas en el periodo del actual SOS, se refieren a 6 desplazamientos forzados que dejaron más de 2.190 víctimas, como el de 847 personas desterradas de 12 veredas de la zona de Cañón de Inglés en el municipio de Ituango por enfrentamientos entre disidencias y paramilitares de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas”, el desplazamiento de 550 personas del municipio de Argelia, Cauca, en medio de enfrentamientos armados, en zonas pobladas, entre guerrillas del ELN y el Frente Carlos Patiño de las llamadas “disidencias” de las Farc. El desplazamiento forzado de casi 400 indígenas en la zona rural el municipio de Bojayá, donde además se denuncia la existencia de minas antipersona, y el de 300 personas en Urrao, Antioquia, por enfrentamientos entre grupos armados herederos del paramilitarismo y las llamadas disidencias.

También se presentó un desplazamiento forzado de 80 personas de las veredas de Nayita, Zabaleta y Agua Clarita, por acción de grupos paramilitares en Argelia, y el de 20 personas de El Tambo, Cauca, por acción del Frente Carlos Patiño, de las llamadas disidencias de las Farc.

Otras violaciones masivas a los derechos humanos fueron los asesinatos de 23 personas privadas de la libertad en la cárcel Modelo de Bogotá, el pasado 20 de marzo, en medio de las protestas por la falta de medidas sanitarias para atender la pandemia del COVID-19 en este centro de reclusión que ha tenido como contexto huelgas de hambre y protestas en varias penitenciarías y cárceles de todo el país.

Por tipos de violaciones a los derechos humanos y al DIH, en el periodo del actual SOS (febrero-mayo) recibimos denuncias de 75 asesinatos que dejaron 120 víctimas, 24 casos de abusos de la fuerza pública, 16 de ellos contra comunidades y colectivos, 15 hostigamientos con 54 víctimas, tanto personas como organizaciones y comunidades, 14 amenazas con 35 víctimas -individuales y colectivas-, y 13 atentados con 16 víctimas. Uno de los atentados colectivos fue contra el equipo de la Guardia Indígena en Toribío, Cauca y otro contra un grupo de campesinos que se manifestaba contra la erradicación forzada en el Catatumbo, Norte de Santander.

Justamente la erradicación forzada ha sido otra de las agresiones que se ha agravado en el último periodo, cuando recibimos 12 denuncias de esta práctica contra igual número de comunidades, todas por parte de la fuerza pública. 6 de estas denuncias provienen de comunidades del Putumayo, dos de ellas en Puerto Asís, una de las cuales correspondió a la aspersión aérea con glifosato, una práctica que está suspendida por la Corte Constitucional. Pero también se están adelantando erradicaciones forzadas en Nariño, Antioquia y Norte de Santander, desconociendo el Acuerdo de Paz y agravando la crisis humanitaria en medio de las medidas de aislamiento y la insuficiente respuesta institucional en materia social.

En este periodo llama la atención las numerosas denuncias por abusos de la fuerza pública. En total se presentaron 24 denuncias de este tipo con 32 víctimas entre personas, organizaciones o comunidades, y se trata de hechos como detenciones ilegales contra dirigentes sociales, desconocimiento de autoridades propias indígenas y de las zonas humanitarias, allanamientos sin autorización previa, hostigamientos, abuso de autoridad como disparos indiscriminados en cárceles, en medio de protestas por la crisis sanitaria del COVID-19, manejos sanitarios inadecuados y hechos de corrupción como el cobro de formularios de libertad por parte de la guardia del INPEC.

Igualmente, recibimos 10 denuncias de graves infracciones al DIH como combates en zonas pobladas, confinamientos y amenazas a comunidades, señaladas de pertenecer o encubrir a organizaciones ilegales, así como otras 4 denuncias de otras violaciones a los derechos humanos como la desaparición de los líderes comunales, padre e hijo, en Puerto Guzmán Putumayo, el pasado 10 de febrero, y el desalojo arbitrario de pobladores de Ituango afectados por la actividad de Hidroituango, el 16 de marzo, o la crisis sanitaria vivida por indígenas del pueblo Sikuani en Mapiripán, Meta, ocasionada por la contaminación de las aguas por parte de la empresa Poligrow.

Ver anexo de hechos

En el suroccidente, la pandemia es la guerra por el control territorial

La región del suroccidente del país sigue siendo la que presenta mayores índices de violencia de actores armados ilegales y de integrantes de la fuerza pública. Entre los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, se presentaron 86 de las 175 denuncias recibidas en el periodo, con 792 víctimas entre personas y comunidades.

El departamento con más denuncias de esta región fue Cauca, con 41 hechos y 703 Víctimas individuales y colectivas, seguido de Nariño con 10 hechos y 18 Víctimas, Putumayo con 19 denuncias y 26 víctimas entre personas y comunidades, el Valle con 12 denuncias y 43 víctimas individuales y colectivas, entre ellas 30 líderes sociales que fueron víctimas de intimidación cuando participaban en un taller sobre políticas públicas en la ciudad de Cali, el 28 de febrero.

En toda la región del Suroccidente se presentaron en total 31 homicidios que dejaron 45 víctimas, incluyendo la masacre de un líder social y su familia en Mercaderes, Cauca, la de cinco personas sin identificar en Tumaco, Nariño, el asesinato de tres migrantes venezolanos y de cuatro líderes sociales. También se presentaron allí tres de los cinco casos de desplazamiento forzado registrados en el periodo y la desaparición de dos líderes sociales.

Según varios análisis desde la iglesia, las Naciones Unidas y las organizaciones territoriales, la pandemia del COVID-19 ha sido aprovechada por los actores en disputa del control de rutas de narcotráfico y de los territorios: disidencias y paramilitares al servicio de carteles del narcotráfico que actúan con complicidad o por inacción de la fuerza pública, han asumido el control de la población, administrando a su parecer las medidas de cuarentena a través de toques de queda ilegales o amenazas brutales como asesinar a personas contagiadas, como denunciamos junto con organizaciones nacionales e internacionales en el Putumayo.

Ante este panorama, recientemente los obispos de Popayán, Pasto, Tumaco, Guapi, Ipiales y Tierradentro, en los departamentos del Cauca y Nariño, en el suroccidente colombiano, hicieron un fuerte llamado a los grupos de narcotraficantes de estas regiones azotadas por la violencia a parar “el negocio de narcóticos” en medio de esta situación de pandemia por el Covid – 19.

Esta situación también ha generado profunda preocupación a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emitió una declaración a través de su portavoz haciendo el llamado para que cesen los combates y los ataques contra la población y las defensoras y defensores en la zona.

Antioquia: Una pandemia en medio de una guerra, una guerra en medio de la pandemia

Similar panorama se vive en Antioquia, donde se originaron 25 denuncias del periodo con 1.170 víctimas. La mayoría de estas víctimas son por desplazamiento forzado de 847 personas en Ituango y de otras 300 en Urrao, pertenecientes al pueblo indígena Embera, ya reseñadas, así como un desalojo arbitrario, en el contexto de la tragedia humanitaria que no ha cesado para las comunidades con la construcción del megaproyecto Hidroituango, y que se suma a la crisis sanitaria por el COVID19.

De igual forma, registramos 13 casos homicidios con 14 víctimas, 3 casos de abusos de la fuerza pública: uno de ellos en los municipios de Angostura, Guadalupe y Anorí, y otro en Remedios donde las comunidades denuncian cómo el Ejército ha llegado agrediendo a personas mayores y niños, pidiendo información sobre actores armados ilegales. 2 atentados contra líderes sociales, uno de la comunidad LGBTI y otra, la profesora Sara Yaneth Fernández, de la Junta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, atacada cerca de su casa, a lo cual siguió una amenaza contra la comunidad universitaria.

Al igual que en el Suroccidente, los grupos paramilitares hacen presencia en medio de fuerte militarización, y aprovechan la pandemia para reforzar su control territorial. En el Bajo Cauca los grupos criminales, denominados Autodefensas Gaitanistas, AGC, están repartiendo mercados, dando “trabajo” a través del reclutamiento, controlando la información en torno a la criminalidad. Mientras se muestran reducciones en tasas de homicidio, se ocultan otros graves delitos como la violencia sexual, desaparición y torturas, según denuncias recientes del Movimiento Ríos Vivos.

En diálogo entre vocera de este movimiento, Isabel Zuleta y el analista y defensor de derechos humanos Fernando Quijano sobre la coyuntura actual en medio de la pandemia, este último denunció, a su vez, que los paramilitares controlan el 90% del Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte de Antioquia, así como el 70% del territorio en la ciudad de Medellín.

Un ejemplo del apogeo que denuncia Quijano fue la revelación hecha desde su portal informativo Análisis Urbano y que tuvo amplia repercusión en los medios, sobre un desfile fúnebre en el municipio de Bello, en homenaje a un líder paramilitar alias El Oso, aún en medio de la cuarentena.

Bogotá: Entre la pandemia, los trapos rojos y el abuso de autoridad

Bogotá ocupa el tercer lugar por número de denuncias recibidas con 14 hechos que dejaron 32 víctimas, 4 de los hechos fueron asesinatos que dejaron 26 víctimas, 23 en la cárcel Modelo de Bogotá, donde se desarrollaban protestas por falta de atención en medio de la Pandemia. También un atentado donde resultó herido un joven que se enfrentó con un policía quien le propinó choques eléctricos a su hermana embarazada en medio de una protesta por hambre en la localidad de Ciudad Bolívar.

De igual forma se denunciaron dos amenazas por parte de Águilas Negras contra dirigentes políticos, sociales y periodistas, entre ellos uno de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el abogado y defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, en hechos previos a las medidas de aislamiento, así como un grave hecho de amenaza y presencia paramilitar de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas” en la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 2 de abril, aún en medio de las medidas de aislamiento.

Resulta al menos desconcertante que la respuesta institucional a las demandas por medidas sociales eficaces para que los más pobres puedan cumplir las medidas de aislamiento social, haya sido el abuso de autoridad mediante el despliegue de agentes del ESMAD, o con el uso de helicópteros de la Policía Nacional para lanzar gases lacrimógenos de forma indiscriminada contra los habitantes de la localidad, como lo denunciaron las comunidades el pasado 16 de abril.

Más que señalar a agitadores o buscar promotores de las protestas, invitamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá a diseñar una respuesta institucional eficiente y generalizada. Las ayudas insuficientes solo exacerban los ánimos en medio de esta difícil situación causada por un modelo inequitativo. El mismo que esta crisis sanitaria obliga a superar.

Líderes sociales: Víctimas sin tregua del virus de la violencia

Como lo recoge la campaña “El virus de la violencia” lanzada por la Asociación Minga, la pandemia no le ha dado tregua a las y los líderes sociales que siguen siendo las principales víctimas de los ataques en medio de la violencia persistente: 64 de las 175 agresiones registradas en el periodo febrero-abril se dirigieron contra defensoras y defensores de derechos humanos, 34 de ellas homicidios que dejaron 37 líderes asesinados en el presente trimestre, uno cada 2,5 días y cinco más que el periodo pasado, cuando recibimos denuncias de 32 líderes asesinados. Desde el 18 de marzo cuando empezaron a regir en Colombia las medidas de aislamiento social, han sido asesinados 13 defensoras y defensores de derechos humanos, 8 de ellos en el Cauca.

Cada una de estas muertes dejaron un profundo vacío en sus seres queridos, en sus comunidades y procesos organizativos. Una de los que causó profunda consternación fue la de Marcos Rivadeneira, líder social, defensor de derechos humanos y trabajador incansable por la implementación del Acuerdo de Paz en Putumayo, en particular de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Marcos era también integrante de la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos, que agrupa a más de 265 organizaciones a nivel nacional y de la cual hacemos parte.

Como él, otros 5 líderes sociales asesinados en el periodo eran promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito, víctimas de autores desconocidos pero que sin duda guardan relación con los intereses del narcotráfico que buscan impedir a toda costa que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Las y los líderes también fueron víctimas de 3 atentados, 3 amenazas, 5 hostigamientos, 6 abusos de la fuerza pública y un caso de desplazamiento forzado de 20 líderes de la organización Afrorenacer en El Tambo, Cauca.

21 de las 64 agresiones contra líderes sociales ocurrieron en el Suroccidente y 17 de ellas en el departamento del Cauca, 9 en Antioquia, 4 en Bogotá, 3 en Córdoba, Putumayo y Valle del Cauca, respectivamente, 2 en el Huila y 2 en Norte de Santander.

Por otra parte, la reincorporación ha encontrado su principal obstáculo en la violencia contra firmantes de la paz que se ha extendido a las zonas de reincorporación e incluso los proyectos productivos, como lo registramos en el actual SOS, cuando se presentaron 13 ataques en su contra, 8 hechos en los que resultaron 11 excombatientes asesinados y dos hostigamientos contra sus proyectos. 3 de los homicidios se cometieron en Caquetá, 2 en Chocó y en Meta, y 1 en Putumayo, Sucre, Antioquia y Bogotá, respectivamente.

En relación con la presunta autoría de los hechos denunciados, 82 de los 175 hechos se atribuyen a autor Desconocido, y en otros 58 la presunta responsabilidad es de los agentes de la fuerza pública: militares, policías, agentes del ESMAD o guardias del INPEC y 34 de estos ataques fueron contra colectivos o comunidades.

El caso más relevante, sin duda, fue la masacre contra 23 personas privadas de la libertad que ya reseñamos, pero también se presentaron otros 6 homicidios por parte de integrantes de la fuerza pública en el marco de protestas contra la erradicación forzada o en medio de combates entre fuerza pública y organizaciones ilegales.

En 13 hechos, los responsables denunciados son paramilitares de distintas estructuras. De otros 7 hechos se atribuye la responsabilidad a disidencias, 4 más a guerrillas del ELN, 2 casos en que las comunidades fueron víctimas de enfrentamientos entre guerrillas del ELN y disidencias del Frente Carlos Patiño y uno más, por enfrentamientos entre el ELN y las AGC.

El trabajo por la paz no está en cuarentena

Ante esta ola de violencia y los desafíos sociales, económicos y de orden público que significan las medidas de aislamiento preventivo, el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y sectores políticos en pro de la paz no ha cesado un solo instante.

Fruto de esta presión social y llamado a la paz, el país recibió la buena noticia del cese al fuego decretado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN, así como el anuncio del gobierno de nombrar a dos negociadores exintegrantes de esta organización para tender puentes de entendimiento. A pesar del rechazo inicial de los nombres designados, consideramos que es una oportunidad importante en medio de un panorama profundamente adverso, y que las partes deben seguir buscando fórmulas para encontrar de nuevo el camino de la paz.

Este 29 de abril, cerca de 100 comunidades de Putumayo, Cauca, Valle, Chocó, Nariño, Meta y Antioquia, le dirigieron una carta al Presidente de la República Iván Duque con un llamado a un acuerdo humanitario global en concordancia con los que han hecho líderes mundiales como el Papa Francisco y el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres:

“Hoy los invitamos por tercera vez a pronunciarse por un Acuerdo Humanitario Global por COVID, en que los hombres bajo su mando se campamente, ejerzan operaciones de control estricto de carácter perimetral en los lugares de acceso y movilidad de grupos armados, que parece en algunos operan con la ineficacia de unidades militares y policiales, con medidas adecuadas para que los efectivos regulares no se contaminen” señalan las comunidades en esta misiva de la cual nos hacemos eco.

De igual forma llamamos al gobierno a implementar los Acuerdos de Paz que en particular en los puntos 1,3 y 4 que brindan herramientas para atender la pandemia del COVID-19 en los territorios. El fomento a la economía campesina, las garantías para la reincorporación, incluyendo la atención adecuada en salud a firmantes de la paz y sus familias, y cumplimiento de los Planes de Sustitución contribuyen a mejores condiciones en los territorios para enfrentar esta crisis sanitaria.

Como parte del movimiento Defendamos la Paz, insistimos en lo expresado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas: “creemos que no se puede garantizar la salud de los y las colombianas en medio de la guerra y, por eso, la apuesta por la paz forma parte de la respuesta sanitaria. Exhortamos, más bien, a acelerar la puesta en marcha de los proyectos de salud de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.”

También y por la misma razón, reiteramos la exigencia de la suspensión inmediata de la erradicación manual forzosa de cultivos de uso ilícito y en congelar todos los trámites para la realización de consultas virtuales que no garantizan la real participación de las comunidades. Una emergencia sanitaria ocasionada por un virus que ataca las vías respiratorias no es de ninguna forma compatible con la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, como lo han querido promover congresistas del partido de gobierno.

Los esfuerzos por la paz deben ir paralelos y fortalecerse con un agenda social y económica que le permita al país superar la emergencia sanitaria del COVID-19. En tal sentido, presentamos recientemente una intervención ante la Corte Constitucional solicitando que analice si los decretos emitidos por el Gobierno Nacional con ocasión del Estado de Emergencia Social y Económica cumplen realmente con la superación de la crisis generada por la pandemia o están beneficiando a la banca y las grandes empresas, a costa de las mayorías.

También le pedimos al alto tribunal que ordene al Gobierno la destinación de recursos de salud pública, deshacinamiento de las cárceles, atención a regiones y poblaciones más vulnerables, enfoque de derechos y diferencial, protección a la economía campesina y el derecho a la alimentación, así como una renta básica de emergencia que desarrolle el derecho al ingreso mínimo vital.

La paz con justicia social y ambiental es la respuesta a la crisis humanitaria agravada por la pandemia.