Un saludo de agradecimiento a los Senadores Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla y el Representante a la Cámara Inti Asprilla por la convocatoria a esta audiencia, y a los senadores y representantes presentes por su participación y asistencia.

Un saludo a las autoridades presentes; Vicecanciller Francisco Echeverry Lara, Subdirectora de la Unidad de Víctimas Iris Marín Ortiz, dr. Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, a las demás autoridades presentes

A las organizaciones sociales y de derechos humanos que han acompañado este proceso; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Humanidad Vigente, Asomudem, Miconcap y a las víctimas sobrevivientes hoy presentes, quienes son el motivo de esta audiencia

Buen día a todos y todas.

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En julio de 1997, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares provenientes de Urabá en coordinación con importantes sectores de las FFAA, hizo presencia en el Municipio de Mapiripán y la inspección de la Cooperativa, perpetrando una cruenta masacre, e iniciando un recorrido para sembrar la muerte, el desplazamiento y el despojo en toda la región. El entonces cabecilla paramilitar Carlos Castaño, quien presentaba así a las AUC a nivel nacional, reivindicó 49 muertes en esta incursión y sentenció “Habrá muchos más Mapiripanes”.

En efecto, luego de un recorrido de sangre y terror, 10 meses más tarde se produjo la masacre anunciada de Cañojabón, el 4 de mayo de 1998. El clamor de protección de la población fue nuevamente desantendido por las autoridades. En su recorrido, paramilitares mataron a siete personas, luego a veinte más dentro de la población, quemando la mitad del pueblo y saqueándolo, desplazando a centenares de personas.

La crueldad, sevicia y horror sembrado por estás masacres en el departamento del Meta aún se encuentra en la memoria colectiva. Las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, marcaron un hito en la historia de la violencia política en Colombia, que hoy casi 20 años después no ha sido reparada. Después de los hechos violentos, no se ha garantizado justicia plena a las víctimas, muchas de ellas continúan sin ser identificadas, persisten las amenazas y grupos armados que no permiten que quienes desean retornar puedan hacerlo.

El 15 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por una de estas masacres, la ocurrida en julio de 1997, en razón de la participación directa e indirecta de integrantes de las Fuerzas Militares en los crímenes; la omisión de las autoridades en su conjunto por proteger a la población; y la posterior denegación de justicia. En el salvamento de voto a dicha sentencia el juez CancadoTrindade, señala con razón que esta masacre es un crimen de Estado: “cuando el Estado, planifica, y contribuye a la ejecución, o ejecuta un crimen, queda demostrado que el crimen de Estado sí existe”.

Como consecuencia del establecimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en la planificación, ejecución y falta de investigación de la masacre, en su sentencia, la Corte avanzó en la identificación de algunos de los daños sufridos por las víctimas y ordena una serie de medidas de reparación consistentes en el deber de investigar a todos los responsables; identificar plenamente a las víctimas; garantizar atención médica y psicológica que busque reducir los padecimientos psicológicos sufridos; la construcción de un monumento digno y adecuado como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro y las garantías estatales de seguridad para que exhabitantes de Mapiripán, desplazados por la fuerza, puedan regresar.

Todas estas medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Interamericano han sido incumplidas. Pero, para eso estamos hoy acá.

Dr. Francisco Echeverry Lara, Dra. Iris Marín Ortiz, Dr. Sabogal, este momento es una oportunidad. No repetiré los impactos que causa el desplazamiento forzado en la vida de hombres, mujeres y comunidades, pero sí destacaría la importancia de la existencia de organizaciones como Asomudem (Asociación de Mujeres Campesinas del Meta) y Micomcap (Mi Consuelo Campesino) que encarnan la otra cara de la violencia política, procesos organizativos que se esfuerzan por construir proyectos de vida digna, en este caso para los sobrevivientes de Mapiripán, y aquí están todos, los sobrevivientes de las masacres, los familiares de las víctimas, las víctimas de desplazamiento forzado. Deseamos que este esfuerzo no sea en vano, que tenga una traducción real en la institucionalidad colombiana responsable de la atención a víctimas de violencia.

Este proceso de reparación colectiva debe orientarse a realizar el plan de vida de las comunidades, lo cual implica revisar el modelo de desarrollo en la zona. ¿Es reparador un modelo devastador, expropiador y arrasador? Este proceso debe conducir a fortalecer un plan de desarrollo local compatible con la vida el ambiente y los derechos humanos, construid conjuntamente con las organizaciones presentes, las comunidades y las víctimas.

Es con ellos, y con las organizaciones acompañantes de este proceso con quien el Estado tiene la inmensa deuda de hacer realidad lo que establece en la letra la Ley 1448 de 2011, garantizar efectiva verdad, justicia, reparación colectiva, restitución y reparación integral.

Como primer paso para ello, debe elaborarse un diagnóstico de daño integral, desde y con las víctimas y sus organizaciones; las instituciones responsables deben integrar los mandatos de la Corte Interamericana y hacerlos extensivos a todas las víctimas, y proyectarlos en un plan de reparación colectiva que igualmente integre acciones para hacer efectivos tal vez uno de los mandatos más importantes de la Ley 1448, consagrado en su artículo 150, esto es las garantías de no repetición, y que sintetiza el pedido de las víctimas de la masacre al Estado colombiano ante la Corte Interamericana que decía: “yo lo que quiero es que nada de esto vuelva a suceder”.

Para finalizar, quisiera hacer referencia al episodio de las víctimas que rindieron falso testimonio por este caso y que actualmente responden ante la justicia por ello. El Estado colombiano debe corregir el profundo yerro que causó al solicitar la revisión de la sentencia ante la Corte Interamericana, al hacerlo, transmitió la errática sentencia de que la Masacre no ocurrió, y este es un peligroso mensaje que se repite y que ofende la memoria colectiva. Las masacres de Mapiripán y Caño Jabón sí ocurrieron, aquí están sus víctimas. Y ante el país, y en restablecimiento de su dignidad, las autoridades estatales deben reconocer claramente la ocurrencia de las masacres, la responsabilidad estatal y las acciones que se procurarán en restablecimiento de los derechos de las víctimas.

Con relación a lo que nos compete como Colectivo de Abogados, fuimos investigados y absueltos fiscal y disciplinariamente, la Corte Interamericana reconoció las actuaciones de buena fe del Colectivo y Cejil quienes representamos a las víctimas ante esa instancia, y para que no haya ninguna duda, a pesar de que ninguna autoridad judicial lo requirió, y en un acto de ética y transparencia, devolvimos al Ministerio de Defensa los valores que recibimos por honorarios de nuestra actuación en representación de esas personas que reconocieron ante la justicia que sus familiares no perecieron en hechos relacionados con estas masacres.

Por último y para dar inicio a esta audiencia quisiéramos proponer que esta audiencia y el proceso de reparación colectiva se entienda como un homenaje a Ustedes las victimas presentes, las resistentes, las soñadoras y constructoras, y también a las que no están, a las que se mantienen vida en nuestra memoria y son nuestra inspiración para no desfallecer en las luchas.

Muchas gracias,

Bogotá DC., 26 de febrero de 2015