Desde la primera conquista, los pueblos indígenas hemos sufrido un proceso de exterminio físico y cultural histórico que se ha recrudecido con el tiempo a pesar de sus matices y adaptación propia del contexto. Esas raíces históricas se hicieron cada vez más profundas por efecto del conflicto armado, el narcotráfico y una política de desarrollo voraz que continuamente irrespeta nuestros territorios, autonomía y cultura, los tres pilares de pervivencia e identidad de los 102 pueblos que existen en el país.
El documento que entregamos oficialmente al PNUD y al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia contiene los siguientes apartados: a) Condiciones básicas para una paz exitosa e incluyente, b) Derecho la vida e integridad de las personas y comunidades indígenas; c) Derecho a la permanencia en los territorios indígenas; d) Sobre la integridad de los territorios y bienes comunes indígenas; e) Sobre la población indígena vinculada a grupos armados; f)Derecho a la autodeterminación y el gobierno propio y g) Derecho a la verdad, la justicia y la reparación de pueblos indígenas.
Cada parte tiene compromisos y sus correspondientes mecanismos de implementación y verificación, por lo que consideramos que hemos avanzado sustancialmente no solo en el qué sino en el cómo procedimental de la paz.
A la Mesa de la Habana, a los dos equipos negociadores, les exigimos una Declaración pública conjunta reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la existencia de autoridades y estructuras del gobierno comunitario en los territorios, y su compromiso de cesar prácticas de usurpación de funciones, imposición de estructuras paralelas o división de las organizaciones indígenas, que lesionan e impiden el ejercicio de nuestra autonomía y nuestros procesos comunitarios.