Las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de proteger la vida, integridad y bienes de la población. En Colombia, no se cumple. El drama de los “falsos positivos”, puso en evidencia que las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica generalizada que se registró en el gobierno de Uribe en 31 de los 32 departamentos del país y en la que estuvieron comprometidas todas las divisiones del Ejército nacional.

Las ejecuciones extrajudiciales no han cesado. Durante este Gobierno se han registrado por lo menos 85 casos de hombres y mujeres asesinados por integrantes de la Fuerza Pública.

Lo más grave es que el Congreso de la República aprobó el 19 de junio de 2013 una ley estatutaria que reglamenta el fuero penal militar, en la que se introduce la figura de “blanco legítimo”, esto significa que la muerte de civiles estaría justificada de acuerdo a la interpretación de lo que los militares consideren que el civil estaba haciendo al momento del ataque.

Esto no es otra que la legalización de los crímenes cometidos contra civiles por parte de la Fuerza Pública: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, entre otras.

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