El mandatario local nos atribuye la comisión de delitos, cuando afirma que nuestro periódico es un escrito de “expresiones discriminatorias” (Edición No. 9), con una “persistente campaña de calumnias” (Edición No. 16) y, “Me siento más satisfecho haciendo caso omiso de injurias y vejámenes, que se enmarcan dentro del Código Penal Colombiano” (Edición No. 22). La satisfacción del mandatario local en su omisión de denunciar los presuntos delitos que afirma conocer, contradice sus obligaciones como funcionario público.
Gran parte de la incomodidad de la Administración Municipal surge por el cuestionamiento público que desde nuestras páginas hacemos a un proyecto de construcción que, según conceptos de la Procuraduría General de la Nación (Ver anexos), puede traer serias consecuencias ambientales para la región. Por nuestras críticas hemos sido tildados de “caja de resonancia de quienes tienen intereses mezquinos” (Edición No. 9), pone en riesgo a quienes trabajamos en este medio de comunicación, dada la profunda polarización en que se encuentra la sociedad colombiana.
Desconoce el Alcalde Jorge Orlando Gaitán Mahecha que el Principio No. 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que que “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. En un caso que también afectó a “El Periódico de Chía” en el 2005, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP se pronunció, señalando que “Desacreditar a un medio de comunicación ante sus anunciantes y sus lectores es una acción directa para hacerlo desparecer. Los medios de comunicación tienen el derecho constitucional de indagar y criticar las actuaciones de los funcionarios públicos”.
Adicionalmente, en el ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión es más amplia respecto de la gestión de personajes públicos. Es por esto que sus actividades públicas y vidas privadas pueden ser observadas y debatidas con mayor énfasis por parte de la sociedad, y en el caso que nos ocupa, se trata de las críticas hechas desde un medio de comunicación a la gestión de un Alcalde Municipal.[1]
El hecho de que un funcionario público ataque de manera directa a un medio de comunicación crítico de su gestión administrativa, atribuyéndole la comisión de delitos y desprestigiándolo ante la comunidad, se ve agravado por la utilización de recursos públicos para este fin. “Alcaldía Responde” es una publicación institucional financiada con dinero del presupuesto municipal. Sobre un caso similar se pronunció la Procuraduría General de la Nación afirmando que “no es dable para los jefes de las entidades territoriales ni ninguna otra autoridad pública, utilizar la función administrativa encomendada para defenderse de las críticas que otro servidor público haga sobre la actividad administrativa ejercida y mucho menos realizar ataques, confrontaciones o contiendas políticas bajo agresiones injuriosas que desprestigien la integridad moral de un mismo servidor o de la ciudadanía”[2]
ANTECEDENTES
Agresiones contra “El Periódico de Chía”
El 30 de noviembre de 2005 la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP) emitió una alerta sobre la coacción del entonces alcalde de Chía, Fernando Sánchez Gutiérrez, en contra de “El Periódico de Chía”, quien envió a anunciantes y lectores del periódico cartas en contra de sus publicaciones[3]. En ese entonces señaló la FLIP que “Desacreditar a un medio de comunicación ante sus anunciantes y sus lectores es una acción directa para hacerlo desparecer. Los medios de comunicación tienen el derecho constitucional de indagar y criticar las actuaciones de los funcionarios públicos. Éstos, a su vez, tienen el derecho constitucional de acudir a los mecanismos legales para obtener las rectificaciones del caso, si éstas fueran necesarias”.
El 12 de febrero de 2006 el gerente de ‘El periódico de Chía’, Carlos Arango Duque, fue amenazado por las críticas que a través de ese medio de comunicación se hacían a la administración local.
En alerta emitida por la FLIP el 6 de abril de 2006[4], se evidencia la incomodidad que despertaba en sectores políticos la labor informativa y de opinión de “El Periódico de Chía”. El entonces senador Edgar Artunduaga publicó un artículo en otro periódico local descalificando a “El Periódico de Chía” a su directora.
Las agresiones de las que somos víctimas desde diferentes sectores políticos demuestran nuestra independencia. La actual campaña de desprestigio contra “El Periódico de Chía”, sumada a los antecedentes mencionados, así lo prueban.
Antecedentes de la incomodidad del actual alcalde de Chía
“El Periódico de Chía” ha canalizado las expresiones de inconformidad de la comunidad por la construcción de un proyecto de vivienda en una zona que traerá consecuencias negativas para el medio ambiente.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Agrarios y la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública enviaron al alcalde de Chía el oficio 44954 del 18 de marzo de 2011, solicitando estudiar la posibilidad de suspender las construcciones de tres proyectos, entre ellos el “Proyecto Sidonia: vivienda de interés social – Chía – Cundinamarca”. Sobre éste, ya existía un concepto técnico presentado al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios el 20 de octubre de 2010, catalogando el proyecto como un riesgo ambiental y social, enumerando una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación emitió el Boletín 322 del 25 de marzo de 2011 “Procuraduría solicitó al Alcalde de Chía suspender obras que generarían graves impactos ambientales”
Del cuestionamiento a este proyecto vienen los calificativos de “enemigos del proyecto”, ubicando a “El Periódico de Chía” en un antagonismo peligroso frente a sectores de la población que son manipulados por discursos con pretensiones electorales, muy comunes en estos días.
SOLICITUDES
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicitamos la intervención de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, para frenar estas conductas de hostigamiento en contra de “El Periódico de Chía”, dirigidas y patrocinadas por el Alcalde Jorge Orlando Gaitán Mahecha.
Para tal fin, respetuosamente solicitamos de manera específica:
1. Denunciar públicamente los hechos aquí manifestados.
2. Hacer seguimiento a la queja disciplinaria presentada en la Procuraduría General de la Nación (Radicación 267668 del 27 de julio de 2011)
3. Coadyuvar a la acción de tutela que se interpondrá ante la autoridad judicial competente.
4. Que en su condición de organizaciones defensoras de la libertad de prensa (FLIP – SIP y Reporteros Sin Fronteras) y representantes de los periodistas (FECOLPER), requieran al alcalde JORGE ORLANDO GAITÁN MAHECHA para que asuma una postura de verdadero respeto por la libertad de expresión y cese en sus ataques en contra de “El Periódico de Chía”.
[1] Entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-1723 de 2000, T-1319 de 2001 y T-437 de 2004.
[2] “Pliego de cargos contra ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo”.
Procuraduría General de la Nación. Comunicado de Prensa del 26 de octubre de 2010, publicado el 28 de octubre de 2010.
[3] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Alcalde del municipio de Chía, Cundinamarca, coacciona labor de periódico local http://www.flip.org.co/alert_display/4/698.html
[4] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Amenazados la directora y el gerente de ‘El Periódico de Chía’ Tomado de http://www.flip.org.co/alert_display/0/685.html
