Bogotá D. C., 21 de enero de 2021. El día de ayer, diversos medios de comunicación dieron a conocer la intervención que el fiscal Gabriel Jaimes envío a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro la acción de tutela promovida por el exsenador Álvaro Uribe Vélez con la cual pretende que se deje sin efectos su vinculación, en calidad de imputado, en la investigación que en su contra adelanta la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con relación a esa intervención hago las siguientes consideraciones:

  1. La acción de tutela interpuesta por el exsenador Uribe es abiertamente improcedente, pues busca que se declare una nulidad de lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia, corregir vacíos de su defensa como la no presentación oportuna de recursos previstos en el ordenamiento jurídico, así como sentar un  nefasto precedente para la investigación de aforados constitucionales al invalidar en el sistema penal de la ley 906/2004 las actuaciones que realice la Corte Suprema de Justicia. Esta acción es un intento desesperado por evitar la proximidad del momento en que se debe decidir sobre la acusación de Uribe por los delitos por los que se le investiga actualmente.
  2. La intervención del fiscal Gabriel Jaimes en el examen de la mencionada acción de tutela reafirma lo que, junto a mis abogados, hemos venido sosteniendo. Por carecer de imparcialidad e independencia para tramitar esta investigación, el 4 de septiembre de 2020, recusé al fiscal Jaimes, y mediante comunicación el 5 de noviembre de ese mismo año, reiteré al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que el referido funcionario no nos brinda ninguna clase de garantías a quienes hemos sido reconocidos como víctimas en este proceso. Una vez más, el fiscal Jaimes decide apoyar abiertamente las pretensiones de la defensa del exsenador Uribe que busca arrasar con lo avanzado en el proceso y garantizar que haya impunidad.
  3. De optarse por invalidar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Jaimes podría ordenar el archivo de la investigación sin que tal determinación tuviera control por parte de un juez de la República. Así, quien causó, con su renuncia al Congreso, que la Corte dejara de investigarlo no solo resultaría impune y las víctimas sin justicia, sino que además propiciaría un escenario de inseguridad jurídica general frente a las actuaciones que adelanta ese alto tribunal contra aforados constitucionales, quienes renunciando a su cargo se verían premiados con la anulación de las investigaciones en su contra.
  4. Finalmente, como lo he afirmado en otras oportunidades, reitero que en esta actuación debe primar el respecto irrestricto por la justicia, sus magistrados y sus decisiones. Por tanto, ninguna actuación parcializada en la Fiscalía impedirá que acuda a todos los recursos, procedimiento y mecanismos judiciales previstos en la ley. A la postre, en este caso prevalecerá la verdad y la justicia.

Iván Cepeda Castro

Of. Prensa- Iván Cepeda Castro
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