Rechazamos vehementemente las acciones que abusan de instrumentos del derecho y de la fuerza que ponen en marcha EPM y el Estado mediante distintas entidades municipales, regionales y nacionales, que han vulnerado a las comunidades desalojadas de playas de Sabanalarga el día lunes 02 de abril del 2018 y aún más que amenazan los derechos de las comunidades que aún se encuentran en el ejercicio constitucional de protesta en otros puntos de playas de Sabanalarga e Ituango.

Los ejercicios pacíficos de derechos fundamentales a la protesta, reunión y manifestación pública en el Cañón del Río Cauca en Sabanalarga, Antioquia son vulnerados por el Estado colombiano y por EPM. Nos pronunciamos.

Apoya a las campesinas y campesinos del Cañón del Río Cauca, para pedirle a @JuanManSantos, Presidente y Jorge Londoño, Gerente @EPMestamosahi ¡Detengan represa Hidroituango, puede destruir fosas con cuerpos de personas desaparecidas! [#FirmaAquí ➡➡ https://secure.avaaz.org/es/petition/Juan_Manuel_Santos_Presidente_de_Colombia_Jorge_Londono_Gerente_de_EPM_Detengan_represa_Hidroituango_destruye_fosas_con_/]

En Colombia los derechos fundamentales a la protesta, reunión y manifestación pública con carácter pacífico se han visto amenazados y vulnerados por quien debería ser su principal defensor y garante, el ‘Estado Social de Derecho’. La realidad a la que sistemáticamente se han enfrentado las comunidades revictimizadas por el megaproyecto energético ‘hidroituango’, configura una reiterada violación de las garantías mínimas para el ejercicio de derechos constitucionales asociados a la denuncia pública de las constantes irregularidades que se presentan en el licenciamiento ambiental.

Este megaproyecto le pertenece a la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia -IDEA- y a Empresas Públicas de Medellín -EPM-, es construido por Hidroituango S.A. E.S.P. y en él han confluido intereses de grandes capitales de países como Suecia, China, Estados Unidos, España y Brasil. Cuenta con financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la Corporación Interamericana de Inversiones -CII-, el China Fund y de ‘bancos comerciales internacionales e inversionistas institucionales de Norteamérica, Europa y Asia como: CDPQ, KFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander’ .

Hidroituango cuenta con: un muro de 220 metros de altura, una corona de 12 metros de ancho y 500 metros de longitud, una cota de inundación de 420 metros sobre el nivel del mar, 8 turbinas suecas, un embalse de 79 kilometros de longitud, 2.700.000.000 metros cúbicos de agua, una declaratoria de utilidad pública e interés social que afecta 26.067 hectáreas de los 21 municipios afectados, una producción máxima de 2.400 megavatios de energía, una inundación de 4.500 hectáreas de Bosque Seco Tropical, 24 modificaciones a la licencia ambiental, 8 procesos sancionatorios ambientales activos y al menos 5 suspensiones provisionales de obras.

Estos intereses macroeconómicos amparados en figuras jurídicas de “utilidad pública” y “desarrollo social” han afectado dramáticamente la vida de las comunidades y sus entornos, incluyendo distintos puntos de las playas de Sabanalarga e Ituango -en las cuales actualmente se llevan a cabo movilizaciones pacíficas-. Pobladores que defienden sus derechos exigiendo el cumplimiento de medidas de manejo del componente social de la licencia ambiental y de mejoramiento de las condiciones de vida han realizado protestas pacíficas que no han contado con las garantías necesarias de protección del Estado, ni de respeto mínimo de las empresas contratistas y EPM.

El desamparo institucional del Estado colombiano ha exacerbado las dificultades de los pobladores del Cañón del río Cauca en el Bajo Cauca, Occidente y Norte de Antioquia. El cual ha sido ha sido escenario de graves e históricas violencias sociopolíticas, del conflicto armado y las actuales de conflictos socioambientales que exigen una mirada especial para el reforzamiento de las condiciones propicias para el ejercicio de derechos humanos, ambientales y territoriales de las personas y grupos que los defienden.

Como agravante de la anterior situación, el Estado abusa del poder en el uso de normas y de la fuerza pública, pues existe un abuso de la fuerza, porque mediante excesiva presencia del Esmad, Policía Nacional y del Ejército Nacional se genera un entorno de amenazas, amedrentamiento y terror,que aumenta el riesgo de comunidades que han sido víctimas de distintas clases de abusos por parte de estos actores, que se constituyen en sujetos que llevan a cabo acciones manifiestas de maltratos traducidos en agresiones físicas y psicológicas a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, jóvenes y en general a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, ambientales y territoriales.

Por otra parte, abusa del derecho porque mediante el decreto 1575 de 2011 y el Código de Policía imponen procedimientos policivos expeditos que además de desconocer el carácter constitucional de derechos humanos de las comunidades que protestan, colocan en riesgo sus vidas e integridad física y psicosocial, porque le da mayor jerarquía y poder a normas que están supeditadas a normas de la Constitución Política, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Ambiental como el Principio 10 y a jurisprudencia que ha desarrollado los derechos enmarcados en la movilización ciudadana.

En esta ocasión, rechazamos vehementemente las acciones que abusan de instrumentos del derecho y de la fuerza que ponen en marcha EPM y el Estado mediante distintas entidades municipales, regionales y nacionales, que han vulnerado a las comunidades desalojadas de playas de Sabanalarga el día lunes 02 de abril del 2018 y aún más que amenazan los derechos de las comunidades que aún se encuentran en el ejercicio constitucional de protesta en otros puntos de playas de Sabanalarga e Ituango.

Instamos a organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos y a las entidades competentes del Estado a cumplir con su rol de garante de derechos de comunidades afectadas por ‘hidroituango’ y víctimas de distintos fenómenos de violencia en sus territorios, a que se activen las medidas de alertas tempranas y rutas de acción necesarias para evitar que se aumente el riesgo en sus situaciones particulares y que por el contrario se intervenga en una disposición conciliadora para sentar a las partes en un diálogo tripartito que posibilite el cumplimiento de acuerdos que la Gobernación de Antioquia y la ANLA han hecho con el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

¡RÍOS VIVOS, PUEBLOS LIBRES!
#PARAQUENOSEREPITA #SUSPENDANHIDROITUANGO

EQUIPO DE DERECHOS COLECTIVOS
POR LA PROTECCIÓN Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
COLECTIVO DE ABOGADOS ‘JOSÉ ALVEAR RESTREPO’

Apoya a las campesinas y campesinos del Cañón del Río Cauca para pedirle a @JuanManSantos, Presidente y Jorge Londoño, Gerente @EPMestamosahi ¡Detengan represa Hidroituango, puede destruir fosas con cuerpos de personas desaparecidas! [#FirmaAquí ➡➡ https://secure.avaaz.org/es/petition/Juan_Manuel_Santos_Presidente_de_Colombia_Jorge_Londono_Gerente_de_EPM_Detengan_represa_Hidroituango_destruye_fosas_con_/]