El 9 de febrero pasado, inició la audiencia preparatoria contra el  abogado en la sombra Diego Javier Cadena Ramírez y su socio Juan José Salazar, acusado de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, en hechos que también involucran al expresidente y ex senador Álvaro Uribe.

Diego Cadena aparece involucrado en estos hechos a partir de julio de 2017 cuando visitó en la cárcel al paramilitar Carlos Enrique Vélez, a quien le hizo firmar una carta elaborada de su puño y letra. Posteriormente, el abogado Cadena, valiéndose del abogado de Vélez obtuvo una segunda carta de éste. En ambas cartas dirigidas a la Corte Suprema, el paramilitar señaló al senador Cepeda de ofrecer beneficios a cambio de declarar contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez como promotores del paramilitarismo en Antioquia. La segunda carta además, fue anexada al recurso de reposición con la que la defensa de Uribe pretendió que la Corte revocara la orden de investigarlo, y reabrir la investigación contra Cepeda.

Sin embargo el paramilitar Vélez ante la Corte Suprema se retractó del contenido de sus cartas, confesó que le ofrecieron y le dieron beneficios económicos para que declarara contra el senador Cepeda. En su declaración, Vélez entregó pruebas documentales de la entrega de esos dineros y señaló que jamás ha tenido reunión alguna con el senador Cepeda, a quien no conoce personalmente, sólo por televisión.

Diego Cadena también visitó en la cárcel la Picota al testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve el 22 de febrero de 2018, justo la víspera del vencimiento de términos para que la defensa del entonces senador Uribe presentara el recurso legal contra la decisión de la Corte en la que se determinó que no había mérito probatorio para investigar al senador Iván Cepeda, y a cambio, ordenó compulsar copias para que fuera investigado el senador Uribe por los mismos delitos que éste había denunciado a Cepeda. El objetivo de esa visita era obtener la retractación  del testigo, señalando que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios si declaraba que los hermanos Uribe Vélez fueron  promotores del paramilitarismo en Antioquia. El propósito con esta retractación era adjuntarla al recurso legal contra la decisión de la Corte ya señalada.

Ante la negativa del testigo Cadena realizó más visitas para insistirle al testigo de que se retractara, misión en la que contó con un cómplice dentro de la misma cárcel, el autor del secuestro del suegro del expresidente Andrés Pastrana, Enrique Pardo Hasche. El testigo Monsalve se negó rotundamente a la tan anhelada retractación.

La audiencia preparatoria contra Cadena y su cómplice y socio Juan José Salazar, se reanudó el 14 de abril pasado, después de más de 60 días de suspensión por petición de la defensa y con el fin de que la Fiscalía completara el descubrimiento de las pruebas que espera sean tenidas en cuenta durante el juicio. La continuación de la audiencia preparatoria se señaló nuevamente para el 15 de junio, dado que la defensa no aceptó copias simples de los elementos digitales, y la Fiscalía ha tenido que acudir nuevamente a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al radicado 52240 que se adelanta contra el congresista Álvaro Hernán Prada, donde reposan esas evidencias para tomar las respectivas copias forenses exigidas por la defensa.

Entre los elementos probatorios cruciales para el proceso se encuentran las interceptaciones telefónicas legalmente ordenadas y obtenidas por la Corte Suprema de Justicia, especialmente relacionadas con las conversaciones entre el abogado Diego Cadena y el entonces senador Álvaro Uribe, en las que éste emite órdenes o autorizaciones expresas de ofrecer beneficios al testigo Juan Guillermo Monsalve, y muestra su anuencia en relación a beneficios jurídicos ofrecidos a Carlos Enrique Vélez, así como la autorización expresa de parte de Uribe a Cadena para que presentara una solicitud de revocatoria de la decisión de la Corte, mediante la cual se inhibió de investigar a Cepeda y ordenó la compulsa de copias contra Uribe.

En efecto, esa solicitud de revocatoria la presentó ante la Corte el abogado Diego Cadena sin tener poder para actuar dentro del caso y, lo que es pero, apoyada con tres cartas de presos de Cómbita con falso contenido contra el senador Cepeda y los testigos de cargo. Estas declaraciones escritas fueron elaboradas de puño y letra por el abogado Cadena y su amiga la abogada Ángela López. Previa a esta visita de Cadena y López a la cárcel de Cómbita, hubo una reunión en un hotel en el norte de Bogotá en la que participaron Cadena, Fabián Rojas abogado de la UTL de Uribe,  el entonces director de la cárcel de Cómbita, el coronel retirado Rodrigo Germán Ricaurte, quien estuvo acompañado de la abogada Ángela López, a quien presentó como su “asesora”, cuando en realidad es la abogada de alias “Cesarín” preso en esa cárcel, y exjefe de la oficina de Envigado. “Cesarín” tuvo activa participación en la obtención de estos falsos testigos. De la reunión en el hotel mencionado, surgieron estos testigos. Dentro del proceso se ha logrado establecer que Álvaro Uribe ordenó a Rojas y a Cadena acudir a dicha reunión. Luego, ante la Corte dos de estos falsos testigos, adujeron no conocer al abogado Cadena, pese a que éste manifestó ante el alto tribunal que habían tenido una reunión previa.

De igual forma, Diego Cadena y Álvaro Uribe, de manera coordinada, estuvieron por varios meses detrás del narcotraficante Juan Carlos “El Tuso” Sierra en procura de escritos suyos en los que señalara que Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Rodrigo Lara y el periodista Juan Carlos Giraldo -como emisario del Magistrado Barceló y de los entonces Fiscal General Eduardo Montealegre y Vicefiscal Jorge Perdomo- le habían ofrecido beneficios si declaraba contra los hermanos Uribe. Finalmente, obtienen dos cartas del “Tuso” que llegan al expediente de Uribe, en las que no hace cargos relacionados con ofrecimientos a cambio de faltar a la verdad, de mentir. De hecho, su abogado Manuel Retureta que asistió a la reunión, dijo en entrevista a la revista Semana que no hubo ofrecimientos a cambio de declarar en determinado sentido, que de haberlo escuchado se hubiera sentado de inmediato con los fiscales de Estados Unidos.

Ante el delegado del Fiscal Jaimes y de manera reiterada “El Tuso” manifestó que la misión que lo visitó en la cárcel de EEUU, le preguntó si tenía conocimiento de las relaciones de militares, empresarios y políticos con las autodefensas, que no le pidieron que mintiera. Como puede verse, el propio “Tuso” ha sido enfático en afirmar que no hubo ofrecimientos a cambio de faltar a la verdad, que le pidieron que declarara sobre lo que tenía conocimiento. El contacto para que Uribe y Cadena contactaran al “Tuso” ya en libertad en Miami, fue Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar -otro exjefe de la “Oficina de Envigado”- hoy preso en EEUU.

Es larga la lista de testigos como estos que ha arrimado la defensa de Uribe al proceso, casi todos gestionados por Diego Cadena por su expresa solicitud. Los testigos han ido cayendo como cartas de una castillo de naipes ante los interrogatorios de la autoridad judicial y  ante la confrontación probatoria. Cero credibilidad.

Lo destacable de esta etapa procesal contra el abogado Cadena es que se presentarán inspecciones judiciales, declaraciones e interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas por la Corte Suprema de Justicia, que siguen siendo válidas en las investigaciones que adelanta la Fiscalía, tanto para el caso de Diego Cadena como para el de Álvaro Uribe.

Es necesario resaltar que con estos mismos elementos probatorios el fiscal del caso Cadena decidió su acusación, mientras que el fiscal del caso Uribe, Gabriel  Ramón Jaimes solicitó la preclusión, o el archivo definitivo de la investigación, en favor de este último. Aún así, los elementos probatorios que han sido objeto de constantes ataques en los estrados por parte de la defensa, y en algunos  medios de comunicación, siguen válidos y vigentes  en estos procesos, más allá de esta temeraria actuación y de la intención del Fiscal Jaimes de omitir o desconocer las pruebas recaudadas por la Corte Suprema, que muestra la clara falta de independencia de la Fiscalía en favor de la impunidad del exsenador.

Al respecto dela validez de las pruebas obtenidas por la Corte Suprema hay dos pronunciamientos judiciales. La decisión del Juez 4o Penal de conocimiento que confirmó la decisión de la primera instancia de decretar la libertad del exsenador Uribe, y de otra parte, determinó que Uribe quedó imputado con la indagatoria rendida ante la Corte Suprema y que todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia conservaba validez y vigencia como elementos y evidencias probatorias. Es decir, que existe una decisión judicial que le da validez a lo actuado en la Corte en contravía de la pretensión de la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría que actúan dentro del caso Uribe, consistente en desconocer de plano toda la actividad investigativa previa. Esta decisión del juez 4o. fue retomada por la jueza 28 penal de conocimiento que estudia la solicitud de preclusión de la investigación contra Uribe en la audiencia en la que reconoció la calidad de víctima de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.

Ahora solo resta esperar que tanto el proceso de Cadena como el de Uribe se tramiten sin dilaciones, y se obtenga verdad y justicia.

Entrevista con el abogado del caso Reinaldo Villalba:

Editorial Cajar

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