En caso de una detención ilegal lo primero que una persona debe hacer es constatar que esa detención o esa privación de la libertad sea de caracter ilegal. En ese sentido es muy importante que la autoridad que acuda a privar de la libertad a una persona lleve consigo una orden de la autoridad competente para restringir el derecho a la libertad que en el caso colombiano es la Fiscalía General de la Nación exclusivamente.

Si la autoridad que proceda a la captura no tiene una orden de esta naturaleza, la persona debería en primer lugar poner un denuncio, señalando que se ha incurrido en una captura ilegal pero al mismo tiempo para prevenir la posibilidad de una desaparición forzada, activar el mecanismo de búsqueda urgente.

Adicionalmente, las personas colombianas o los ciudadanos colombianos cuentan con el derecho a interponer un recurso judicial inmediato que se denomina habeas corpus y que dispone de un tramite judicial rapido para que los jueces determinen si en determinadas circunstancias se dió una privación ilegal de la libertad y en consecuencia se disponga su libertad inmediata. Eso en primer termino.

Si la autoridad que procedió la captura contaba con la orden de autoridad competente el segundo requisito para que una captura no repute ilegal es que esta se legalice dentro de las siguientes 36 horas. Si no se hace dentro de este termino legal, el ciudadano nuevamente tiene la posibilidad de acudir al recurso de habeas corpus como se señalo anteriormente. En todo caso, una privación de la libertad tiene que ser autorizada por la Fiscalía General de la Nación y legalizada ante un juez de control de garantías. La Policía Nacional por ninguna circunstancia puede determinar por si mismo mediante acto administrativo una privación de la libertad salvo circunstancias excepcionales como llevar a una persona o trasladarla mientras se establece o se hace el procedimiento administrativo de sanción.