Tres años después de que fueran vinculados con los hechos por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que profirió Resolución de Apertura de Instrucción, se realizó la audiencia de indagatoria contra 14 militares por el delito de tortura de 11 personas (1) dentro de los hechos que rodearon la toma guerrillera y retoma por parte del Estado, del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Respecto a los 14 presuntos implicados (2), de acuerdo con la prueba recaudada, la operación de retoma durante la cual se cometieron las torturas estuvo al mando del General Jesús Armando Arias Cabrales como Comandante de la Brigada XIII. Los demás integrantes de la fuerza pública estuvieron en la casa del Florero o Museo 20 de julio desempeñando la función de recibir a los liberados, establecer sus identidades y recibir información que les posibilitara conocer al “enemigo”, la cual debían transmitir a su superior, el Coronel Sánchez Rubiano. Para el traslado de rehenes desde la puerta del Palacio hasta la Casa del Florero, participaron miembros de las unidades tácticas comprometidas en la operación de recuperación del Palacio.
El general Iván Ramírez Quintero, entonces coronel al comando del batallón Charry Solano, fue uno de los llamados a indagatoria durante la cual se negó a responder los interrogatorios de la Fiscalía y la Procuraduría, alegando que no existen pruebas directas en su contra. Algo que rara vez es posible en casos de tortura, como explica el abogado de cuatro de las víctimas, Eduardo Carreño Wilches, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, al señalar que ellas estuvieron con el rostro cubierto y que en todo caso no tenían la posibilidad de identificar a personas que no conocían previamente.
De manera sorprendente, la tesis de la defensa de Ramírez Quintero fue reforzada por la Procuraduría delegada, que exigió que la providencia determinara caso a caso las pruebas para cada uno de los sindicados, lo que para el abogado es una solicitud inválida en esta etapa procesal, y hace parte de un conjunto de estrategias dilatorias que han mantenido en la impunidad estos casos por más de 32 años:
“En ninguna parte, la ley determina que al ordenarse la vinculación se diga cuáles son las pruebas específicas que demuestran su responsabilidad para poderlos indagar. Esto se tiene que hacer es, o cuando se resuelve la situación jurídica o cuando se hace el llamamiento a juicio, cuando sí se tiene que hacer en términos lógicos la narración de los hechos, los elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de cada uno de los implicados y ahí sí determinar si se detiene o se llama a juicio a la respectiva persona como victimario de esos crímenes”.
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Paradójicamente, uno de los pocos casos donde existe testimonio directo de reconocimiento es el de la víctima Orlando Arrechea Ocoro, quien era el secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y quien señala directamente al coronel retirado Alfonzo Plazas Vega como autor de sus torturas, junto con otro agente a quien sólo logró reconocer como afrodescendiente. No obstante, Plazas Vega no está vinculado a este caso ya que su defensa se ha basado en negar el mando que tuvo del puesto de mando adelantado de la Casa del Florero, tesis con la cual fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en el caso de dos desapariciones forzadas, pese al material probatorio que incluye este y otros testimonios de víctimas que lo ubican en la escena.
También estuvieron en la casa del Florero en el operativo de retoma agentes del B2 y miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia COICI, o Charry Solano, como el Sargento Segundo Bernardo Alfonso Garzón Garzón, llamado a indagatoria, y quien en sus declaraciones afirma haber conocido de las torturas de las cuales fue víctima Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, quien junto con Clara Helena Enciso, también guerrillera, salió con vida del Palacio de Justicia. Lo anterior demuestra que serían más de 11 las personas torturadas por parte de las fuerzas militares, y que esta práctica se aplicó también contra miembros de la guerrilla del M-19, en hechos que aún no están siendo investigados.
En general, los casos de tortura que ocurrieron durante la retoma del Palacio de Justicia, permanecieron en absoluta impunidad hasta el año 2014, cuando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por los abusos de la fuerza pública durante la toma y retoma, reconoció cuatro de ellos y ordenó al Estado investigarlos y sancionar a los responsables.
Desde entonces la justicia tampoco ha avanzado de manera sustancial y hoy, cuatro años después de la sentencia y 32 años después del holocausto el proceso aún está en etapa de indagatoria. Cuando ocurrieron los hechos del Palacio, Colombia no había ratificado la Convención Mundial contra la Tortura por lo cual la condena no superaría los tres años y esto lo convertiría en un delito excarcelable. En este sentido, lo más importante hoy para las víctimas es el reconocimiento de su condición, el esclarecimiento de la verdad y que haya una condena formal por los tratos crueles inhumanos y degradantes que sufrieron.
La verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia es urgente y necesaria, no sólo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino como posibilidad en tiempos de construcción de paz de reconocer las causas y circunstancias de los crímenes allí cometidos y garantizar que hechos similares nunca se repitan.
Notas
1. Las víctimas de tortura reconocidas en este proceso son: Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; Ana Lucía Limas Montaña, auxiliar de servicios generales del Palacio de Justicia y empleada de Serviaseo; Héctor Darío Corre Tamayo, Citador IV de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; José Vicente Rubiano Galvis, empleado de obras públicas quien fue detenido en Zipaquirá en un retén ubicado en jurisdicción de la Brigada XIII y conducido a la Escuela Militar; Magalys Arévalo Mejía, auxiliar de servicios generales del Palacio de Justicia; Aristóbulo Rozo, conductor del magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, José Eduardo Gnecco Correa; Orlando Quijano, abogado litigante y visitante ocasional del Palacio de Justicia; Orlando Arrecha Ocoro, secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Saúl Antonio Arce, trabajador independiente de finca raíz y visitante ocasional del Palacio de Justicia y Jaime Buitrago Castro, conductor particular del hijo del ex Consejero de Estado Jaime Valencia Arango.
2. Los llamados a indagatoria son: 1. Edilberto Sánchez Rubiano, Comandante del B-2 de la Brigada XIII y del control del puesto de operaciones en la Casa del Museo. 2. Oscar William Vásquez Rodríguez, Tercero al mando del B-2 o grupo de Inteligencia Militar y subalterno del Coronel Sánchez Rubiano. 3. Ferney Causayá Peña, Sargento Viceprimero, miembro del B-2. 4. Luis Fernando Nieto Velandia, Sargento Viceprimero, miembro del B-2. 5. Antonio Rubay Jiménez Gómez, Sargento Segundo, miembro del B-2. 6. Fernando Blanco Gómez, Mayor del Ejército Nacional, miembro activo del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia COICI. 7. Gustavo Arévalo Moreno, Sargento Segundo del Ejército Nacional, miembro activo del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia COICI. 8. Iván Ramírez Quintero, Teniente Coronel, Comandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia COICI. 9. Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Sargento Segundo del Ejército Nacional, miembro activo del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia COICI. 10. Luis Enrique Carvajal Nuñez, Capitán del Ejército Nacional, miembro del B-3. 11. Justo Eliseo Peña Sánchez, Capitán, orgánico del Batallón Guardia Presidencial. 12. Rafael Hernández López, Teniente Coronel, Comandante Escuela de Artillería. 13. Carlos Alberto Fracica Naranjo, Mayor, Segundo Comandante de la Escuela de Artillería. 14. Siervo Antonio Buitrago Téllez, Mayor retirado de la Policía Nacional.