Bruselas, 25 de febrero de 2014 – La reciente revelación de un plan para encubrir a los presuntos máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en Colombia (conocidas como falsos positivos) es una nueva prueba a favor de la apertura de una investigación sobre los falsos positivos por la fiscalia de la CPI. La FIDH recuerda igualmente al Estado Colombiano su obligación de investigar a los más altos responsables de dichas ejecuciones con el debido respeto al principio de igualdad ante la la ley y sin conceder privilegios para los sospechosos en razón de su cargo.
La reciente salida a la luz pública de grabaciones de miembros del Ejército Nacional, corrobora la existencia de una red de corrupción en las fuerzas armadas colombianas que pretendía comprar el silencio de militares subalternos detenidos por los falsos positivos. Los centenares de conversaciones grabadas revelan la multitud de actividades irregulares y abusos en los que estaban involucrados los altos mandos militares. Estas actividades incluían, entre otros, sobornos multimillonarios en contratos, desvíos de tiquetes aéreos y combustible, uso indebido de soldados y medios de transporte y otros, con el fin de comprar así el silencio de los militares de menor rango, acusados y condenados por los casos de falsos positivos.
Los procesos judiciales por estas ejecuciones extrajudiciales que se desarrollan en Colombia se concentran mayoritaria y casi exclusivamente en los mandos militares bajos y medios, entre otras razones porque éstos se niegan a facilitar información sobre la responsabilidad de los altos mandos militares. La red de corrupción descubierta constituye un medio para continuar comprando su silencio. No se está haciendo justicia en relación con los máximos responsables, favoreciendo así su impunidad. La FIDH recuerda una vez más que, ante la falta de investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables por estos crímenes, la CPI puede y debe abrir una investigación. Las grabaciones demuestran inclusive, que los mandos militares superiores aconsejaron a sus subordinados que hostigaran a los fiscales intentando así sabotear las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
La FIDH considera, que no es suficiente con destituir, como se ha hecho, a siete altos cargos militares, sino que es necesario juzgarlos por estos graves hechos de corrupción. Esto podría llevar de nuevo a la paradoja ocurrida en octubre de 2008 tras el escándalo en Soacha. Fue entonces cuando el Presidente Uribe destituyó a 27 militares entre los que se encontraban tres generales y once coroneles de los cuales pocos han sido procesados. Igualmente, en concordancia con las limitaciones al fuero penal militar, el Estado colombiano debería limitar el fuero carcelario y adelantar las reformas necesarias para garantizar que miembros de Fuerza Pública detenidos por graves violaciones a derechos humanos no estén recluidos en establecimientos militares. La FIDH recuerda por ello que si el Ministerio de Defensa sigue contribuyendo a proteger a los militares dándoles a los acusados y condenados un estatus más favorable del que deberían tener, esto constituirá una prueba más de la falta de voluntad de juzgar los casos de falsos positivos y deberá ponerse el caso en manos de la Corte Penal Internacional.
La FIDH acoge con gran satisfacción los avances en las negociaciones de paz y entiende que estas puedan causar tensiones en el seno de la Armada. La FIDH recuerda que en ningún caso se debe permitir que se beneficien de impunidad alguna por los crímenes internacionales que hayan cometido ni la guerrilla, ni los militares ni los paramilitares.
No habrá paz sin justicia.
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