Bogotá, mayo 18 de 2021

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y las organizaciones que suscriben este comunicado, expresamos nuestro respaldo a la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a su representante en Colombia, Juliette de Rivero, y rechazamos los cuestionamientos hechos por la Cancillería de Colombia en carta enviada a la Alta Comisionada en Ginebra la semana pasada, según los cuales “la Oficina vulneró la confianza del gobierno” por mencionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Paro Nacional.

Reconocemos a la Oficina como un órgano independiente cuyo doble mandato es, por un lado, el de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Colombia, y, por otro lado, monitorear y observar la situación de derechos humanos en el país, todo ello manteniendo la neutralidad y la independencia frente a cualquier interés partidista o político.

La comunicación remitida por la Cancillería colombiana a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se da como reacción al pronunciamiento de su portavoz el pasado 4 de mayo en donde se manifestó la alarma por los acontecimientos sucedidos en Cali, cuando la policía abrió fuego contra personas que protestaban contra la reforma tributaria.  En su comunicación la Cancillería expresó que “El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene.”

Recordamos que el 23 de abril de 1996, debido a la grave situación de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proceda a establecer cuanto antes una oficina permanente en Colombia. Dicho mandato continúa vigente hasta el día de hoy.

Para las plataformas de DDHH y las organizaciones que suscriben este comunicado, las declaraciones de la portavoz se ciñen plenamente a su mandato en la medida en que hacen un llamado a la protección de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones que, al día de hoy, según registros de la campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, ascienden a 50 personas asesinadas, 35 con lesiones oculares, 51 heridas con armas de fuego y la agresión a 74 personas defensoras de derechos humanos entre otras violaciones a los derechos humanos.

Como organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, reiteramos la importancia de la labor de la Oficina y de su representante en Colombia para la promoción y respeto de los derechos humanos. En lugar de cuestionarla por cumplir cabalmente con su mandato, el Gobierno debería valorar los aportes de la Oficina para generar espacios de diálogo en el actual contexto de violencia, para acompañar a los distintos actores estatales y de la sociedad civil,  facilitar la construcción de salidas negociadas y para contribuir a la documentación precisa de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Colombia desde el 28 de abril, y que el Gobierno no ha reconocido hasta ahora.

 

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