Saludamos que la JEP investigue a 33 militares por asesinato de José Eduin Legarda Vásquez y exigimos la verdad integral 

Saludamos que la JEP investigue a 33 militares por asesinato de José Eduin Legarda Vásquez y exigimos la verdad integral 

Este 16 de noviembre a un mes de cumplirse 14 años del homicidio de José Eduin Legarda Vásquez, padre, compañero, esposo, hijo, hermano, amigo y comunero, es motivo de alivio la Resolución 4137 de 2022 de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP de asumir conocimiento del proceso disciplinario que se adelanta en la Procuraduría General de la Nación contra 33 militares por este crimen. Esta decisión es importante porque nos permite avanzar en términos de ampliar el número de presuntos responsables, y así contar con mayores elementos en la búsqueda de la verdad integral. 

 José Eduin Legarda Vásquez fue asesinado en la madrugada del 16 de diciembre de 2008, cuando se desplazaba de la vía que conduce del municipio de Inza a Popayán en una camioneta del Consejo regional Indígena del Cauca, CRIC, la cual fue impactada 117 veces por integrantes del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón José Hilario López. En el lugar de los hechos se encontraron más de 100 vainillas que dan cuenta de las armas utilizadas y demuestran que el objetivo era causar el mayor daño posible a la víctima. 

 El crimen se produjo cuando José Eduin Legarda Vásquez regresaba a la ciudad de Popayán después de dejar elementos de logística para la realización de la Junta directiva del CRIC donde se evaluaría y proyectaría la Minga, y que tendría lugar el 16 de diciembre del 2008 en la meseta de Togoima en Tierradentro. A su regreso a la ciudad de Popayán Edwin iba a recoger a Aída Quilcué, su esposa, para que participara en la Junta. Ella acababa de regresar de Ginebra donde participó en el Examen Periódico Universal, EPU, de Naciones Unidas, instancia que evalúa el desempeño de los países en materia de derechos humanos. El asesinato se produjo en un contexto de estigmatización contra la Minga Indígena y de implementación de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.    

 Por estos hechos fueron condenados a 40 años de prisión al cabo Tercero Javier Adolfo Osorio Díaz, y a los soldados campesinos Numar Armido Buitrón Cabezas, Lizandro Obando Caicedo, Javier Francisco Belalcázar Trochez, William Weimar Lemeche Hurtado, miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al batallón José Hilario López del Ejército, por el delito de homicidio en persona protegida. El Sargento segundo Alexis Ramírez Vivas fue condenado por homicidio culposo con una pena de 61 meses de prisión. Por otra parte, el Tribunal contencioso administrativo del Cauca, en sentencia del 9 de abril de 2015, condenó al Estado –Ministerio de Defensa Nacional por el homicidio de José Eduin Legarda Vásquez. 

 Cinco de los seis militares condenados se sometieron ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP y obtuvieron el tratamiento penal especial de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, después de tres años no han cumplido con sus compromisos de aportes a la verdad.  

 Ahora, después de 14 años de los hechos y de la inactividad en la Procuraduría General de la Nación para el caso de la investigación disciplinaria contra los condenados y 27 militares más, la JEP lo asume por competencia preferente sobre todas las demás jurisdicciones, es decir como juez natural de hechos que podrían hacer parte del macrocaso 03 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 

 Nuestro reclamo siempre ha sido por conocer la verdad, y por ello exigimos aportes significativos de los militares comprometidos en este crimen, y a la JEP, hacer un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de los comparecientes. Este caso debe contribuir a esclarecer las nefastas estrategias de exterminio que se usaron en el marco de la mal llamada Seguridad Democrática para silenciar los procesos organizativos y denuncias sobre afectaciones a los pueblos indígenas.  

 Hacemos un llamado a los actores armados y a las fuerzas militares para que nunca más se arranquen vidas ni destruyan familias por pensar diferente. Son catorce años de dolor en los que no hemos cesado ni cesaremos en la búsqueda de la verdad, justicia y garantías de no repetición. 

 Agradecemos a quienes durante todos estos años de manera incansable han acompañado este proceso y esperamos encontrar un camino hacia la paz total. Es esta una ocasión para honrar la memoria de las víctimas y hacer un llamado para priorizar los casos, para que no se nos vaya una vida entera buscando la vida.   

 Aída Marina Quilcué Vivas 

Alejandra Legarda Quilcué 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

Share This