El congresista pidió protección para 80 familias campesinas que ocupan los predios en Puerto Gaitán (Meta) desde hace más de 45 años, las cuales vienen siendo amenazadas por su permanencia en dichos terrenos. Se trata de adjudicaciones por 25.939 hectáreas de baldíos del Estado que les fueron revocadas a los testaferros de la familia de Víctor Carranza, pero aún no se llega a la recuperación material de las tierras por parte de la Nación, según indicó el senador Iván Cepeda, quien viene acompañando el proceso desde hace tres años.
Para el senador Iván Cepeda, resulta extraño que existan versiones sobre la entrega de los baldíos por parte de la familia Carranza en la vereda El Porvenir (Puerto Gaitán, Meta), pese a que aún no se ha hecho efectiva dicha devolución, ni se han llevado a cabo acciones del Incoder, tendientes a la recuperación material de los baldíos. Señaló que, por el contrario, se están agudizando las amenazas a los campesinos ocupantes para que desalojen las tierras y se las entreguen a los testaferros, y según declaraciones de los campesinos, en la zona La Ganadería La Cristalina permanece en los predios instalando cercas.
“No entiendo por qué razón, el Incoder sale a pronunciarse sobre la buena voluntad de la familia Carranza para entregar los bienes, cuándo esto no ha sucedido, y cuando lo que han hecho en la zona es un concierto para delinquir y apropiarse irregularmente de la tierra del Estado en detrimento de los derechos de los campesinos”, afirmó el congresista.
Añadió que, ante lo que debe llamarse “una red de testaferrato”, este miércoles la Corporación Jurídica Yira Castro radicó denuncia penal contra los 27 adjudicatarios por este delito.
El senador también pidió la renuncia del director del Incoder, Ariel Borbón, no solo por este caso, sino por la decisión de marzo del presente año que revocó decisiones que habían favorecido a las comunidades campesinas de la antigua Hacienda Bellacruz (Cesar), en la reclamación de 1.200 hectáreas de tierras baldías, de las cuales fueron despojados por grupos paramilitares. La decisión del Incoder le concede a la empresa Dolce Vista, de propiedad de Germán Efromovich, la tenencia de los predios en cuestión y devuelve el proceso a como estaba hace 25 años. “Las continuas actuaciones del Incoder en contra del campesinado debilitan la posibilidad de una política seria de recuperación de baldíos y de restitución de tierras”, concluyó Cepeda.
Contexto del caso El Porvenir:
En julio de 2011 la comunidad del Porvenir, integrada por cerca de 80 familias, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro y el senador Iván Cepeda, le solicitaron al Incoder la revocatoria directa de 27 adjudicaciones de terrenos baldíos, por haberse entregado a personas que no cumplían con los requisitos como sujetos de reforma agraria en 1992, desconociendo la ocupación de los habitantes del Porvenir, y por haberse producido irregularidades dentro del proceso de adjudicación. Dentro de los 27 adjudicatarios se encontraban socios de Víctor Carranza y antiguos trabajadores como el veterinario, un guardaespaldas, y un administrador de sus fincas.
El 30 de julio de 2014, el Incoder, a través de la resolución 6423, les dio la razón a los demandantes y revocó las 27 adjudicaciones, decisión que hoy se encuentra en firme, ya que ninguno de los demandados interpuso acción de revisión ante el Consejo de Estado. Decisión que de manera reciente fue inscrita en los certificados de libertad y tradición.
Ahora, el Gobierno Nacional debe garantizar la efectiva recuperación material de las tierras, lo que implica sacar a la Ganadería La Cristalina de ella, y decidir si las más de 25 mil hectáreas serán tituladas a las 80 familias del Porvenir que las han ocupado durante más de 45 años.