La Corporación Colectivo de Derechos Humanos Tierra de Todos y el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP;
denuncian, ante la comunidad distrital y nacional, los señalamientos, persecución y amenazas a las que fueron sometidos algunos docentes del INEM Kennedy, en particular la docente Yaqueline Rodríguez.
Hechos
1. En noviembre del año 2011 los estudiantes del colegio se toman las instalaciones del colegio para generar espacios reflexivos frente a la reforma de la ley 30 y cómo esta afectaba el futuro inmediato de los estudiantes de secundaria. Al segundo día de la toma hay una asamblea con docentes en donde los estudiantes explican el por qué de la acción, pero aparecen intervenciones agresivas hacia los estudiantes, frente a las cuales tres docentes señalan la importancia de discutir dicha reforma señalando que generar dichos espacios no dañaba la institucionalidad sino que abría la posibilidad de construcción de otros espacios pedagógicos, de saberes colectivos y de defender la escuela como espacio de discusión de las ideas y cómo el tema afectaba a la sociedad.
Finalmente se negocia un día de discusión de la reforma a la ley 30 con talleres en todas las secciones, asambleas, una de padres de familia para hablar sobre el tema y la participación en una marcha de la semana siguiente. Los acuerdos se cumplen pero inmediatamente empiezan los rumores y los señalamientos sobre que hay docentes detrás de la toma, que los estudiantes no hacen ese tipo de cosas solos y una coordinadora advierte que comprobaría quién había estado en la toma.
2. Hacia final de año y a pesar del acuerdo de no represalias, expulsan a uno de los estudiantes que había organizado la toma sin seguir el debido proceso y empiezan a citar a los otros a las coordinaciones y a orientación, especialmente a los estudiantes que hacen parte del Colectivo Anónimos. La persecución continúa en el presente año, citando a padres, señalando los estudiantes, haciéndolos firmar acuerdos sobre que no van a volver hacer ningún tipo de acción dentro del colegio. Por ello los estudiantes responden con una denuncia pública en donde señalan a los coordinadores y expresan que sienten coartados sus derechos a la expresión, a la libertad ideológica, a la libre organización.
3. Los estudiantes van a la toma de Transmilenio el nueve de marzo de 2012, allí dos de ellas son retenidas por la policía y entregadas al grupo de coordinadores del colegio, los cuales las interrogan y uno de ellos asegura que detrás de esa movilización está un grupo de profesores y da el nombre de uno de ellos. Las estudiantes buscan a los docentes para contar el hecho pero una vez eso se denuncia ante el rector ellas deciden retractarse y decir que los docentes las habían malinterpretado. Sumado a que el mismo día el entonces secretario de gobierno señala en una entrevista por radio a los estudiantes del INEM como responsables de la toma de la Estación Banderas. Esto se da a la par de que en los últimos dos meses el rector no ha estado constantemente en la institución debido a problemas de salud.
4. Ante esta denuncia los coordinadores redactan un informe en donde se declaran víctimas y expresan preocupación por su seguridad y su vida. Dicho informe es leído en todas las áreas del colegio donde se genera un ambiente aun mayor de señalamiento a los estudiantes y revive y aumenta los señalamientos de que hay docentes detrás, que los estudiantes no son capaces de hacer la anterior denuncia y que hay que evidenciar quiénes son esos docentes porque están desestabilizando la institución, culpándolos además de los problemas de salud del rector y su posible salida del colegio.
La semana siguiente se hace una reunión de Consejo Directivo para calmar la situación y se llega a un acuerdo de no agresión para superar los problemas bajo los mecanismos internos, es decir Comité de Convivencia y Consejo Directivo. Sin embargo en ese mismo lapso de tiempo siguen los señalamientos sin nombres a algunos maestros que supuestamente “están detrás, que buscan desestabilizar el colegio y que como son minoría no los van a dejar, que estos docentes son los que hacen a los estudiantes incumplir sus obligaciones, el manual de convivencia, etc.”
5. El10 de mayo se cita a una reunión de profesores en donde el rector informa su traslado de colegio efectivo en dos semanas, y argumenta que es por razones personales, familiares y de salud. Señala que hay que discutir las denuncias antes realizadas y además que hay otra denuncia de padres de familia quienes dicen que en el colegio hay un grupo de maestros que están adoctrinando a los estudiantes con ideas subversivas, dicha denuncia está radicada en el Ministerio de Educación Nacional.
Dicho esto le da la palabra a los docentes los cuales sin dar nombres señalan y culpan a ese grupo de maestros de la inestabilidad generada, de colocar sus intereses personales por encima del bien común, sin siquiera validarse la presunción de inocencia y la libertad de cátedra, sino que se satanizan los hechos y hasta se insulta a tal grupo para que se vayan. Aunque no se mencionan nombres se señala que a estas alturas está más que claro a través de las especulaciones quiénes son los docentes, además se les señala por ser de ‘izquierda’ y criticar todo.
6. Sintiéndose señalada, al día siguiente día la docente Yaqueline Rodríguez conversa con el rector para aclarar sus puntos de vista sobre las no garantías para la libertad de expresiónde docentes y estudiantes, ya que el haber participado, criticado y discutido en los diferentes espacios creados por el colegio, les costó a algunos docentesseñalamientos, rumores y hasta exigencias para trasladarlos.El rector afirma que eso es cierto, que evidentemente dada la situación actual del colegio cualquier docente que critique será señalado. Así mismo, la docente argumenta que ese tipo de señalamientos por debajo de la mesa generan una condición de criminalización en el marco de un país en pleno conflicto a lo cual el rector afirma pues él mismo ha sido víctima de esta situación. Dicho todo esto la docente le sugiere la posibilidad de pedir un traslado a lo cual él responde positivamente.
7. El día 14 de mayo de 2012, al revisar su perfil en la red social Facebook, la docente Yaqueline Rodríguez encuentra una solicitud de amistad de un sujeto denominado “Jairo Matón”, al revisar el perfil de este sujeto encuentra que se autodenomina Sicario, mostrando una foto de una supuesta víctima con el rótulo “este fue en Bogotá por mala paga” y además en las fotos tiene un álbum denominado “muñecos pagos sin ejecutar” y otro denominado “muñecos pagos y ejecutados”. Al conversar con el rector y otra docente sobre la situación, el primero le aconseja colocar la denuncia ante la Fiscalía y además le brinda colaboración para gestionar el traslado por amenaza ante Secretaria de Educación. Finalmente la denuncia queda instalada en la Unidad de Delitos Informáticos, a sujeto indeterminado por intimidación y amenaza.
Por lo anteriormente denunciado exigimos:
– Al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Distrital brindar todas las condiciones necesarias para la protección y el traslado de la docente Yaqueline Rodríguez a una institución educativa en que pueda desarrollar su ejercicio docente sin presiones de ningún tipo. Así mismo, que impulsen una discusión acerca del derecho del libre ejercicio de pensamiento de los docentes en las instituciones educativas, su derecho a expresar responsablemente sus planteamientos y a no ser estigmatizados, perseguidos ni mucho menos amenazados por ello.
– A la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control, realizar las investigaciones pertinentes, tomar las medidas necesarias y proteger la vida y la integridad de la docente Yaqueline Rodríguez y su familia en cualquier institución educativa en donde labore.
– A las directivas del INEM Kennedy pronunciarse sobre los hechos y dar libre vía a una discusión amplia y democrática de la comunidad educativa, sobre los problemas que han llevado al señalamiento y estigmatización de algunos docentes y estudiantes.
Hacemos un llamado a las organizaciones y asociaciones de educadores, a los organismos de derechos humanos distritales y nacionales
y organizaciones populares a solidarizarse con los docentes del Inem Kennedy quiénes han sido víctimas de estos señalamientos y
docentes de las demás instituciones educativas que sufren la criminalización y la persecución por el libre ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico
