La Junta Directiva Nacional de la UNEB, atendiendo la voluntad de las y los trabajadores del Banco Popular, que en un 85% votaron por la opción de la huelga, fijó el 12 de diciembre a las dos de la tarde como el momento en que entrarán en cese de actividades las 226 sucursales de esta entidad en todo el país, si antes las comisiones negociadoras del banco y el sindicato no llegan a un acuerdo que permita reversar la decisión.

 

 

La Junta Directiva Nacional de la UNEB, atendiendo la voluntad de las y los trabajadores del Banco Popular, que en un 85% votaron por la opción de la huelga, fijó el 12 de diciembre a las dos de la tarde como el momento en que entrarán en cese de actividades las 226 sucursales de esta entidad en todo el país, si antes las comisiones negociadoras del banco y el sindicato no llegan a un acuerdo que permita reversar la decisión.

Para la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, las propuestas que hizo el Banco Popular durante la etapa de arreglo directo de la negociación, no colmaron las expectativas de sus 3.400 empleados, tanto en el componte salarial como en otros temas sensibles para los intereses de los trabajadores y el sindicato.

“Sabemos de los inconvenientes que puede generar para los clientes y usuarios del Banco una huelga en esta época navideña, pero la intransigencia de su dirección no nos deja otra opción”, señaló Hildebrando León Cortés, Secretario General de la UNEB Seccional Medellín.

Sin embargo, agregó el directivo, el sindicato mantiene su disposición a seguir en el diálogo con la comisión negociadora del Banco, y a la espera de que ésta tenga “una actuación mucho más propositiva de la que hasta ahora ha tenido en la mesa de negociación”. De hecho en la tarde de ayer martes se programó una nueva reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo antes de que se cumpla la hora cero de la huelga.

Un punto central, aun no resuelto, es el de la vinculación directa de los trabajadores misionales que el Banco contrata mediante terceros, especialmente por empresas de empleo temporal, que suman unos 1.500, es decir casi la tercera parte del total de empleados. El sindicato exige que un número importante de estos tercerizados sea vinculado a la nómina directa, y así se elimine la injusticia que representa el hecho de que los tercerizados realicen exactamente las mismas funciones de los empleados directos, pero reciben salario mucho menor, lo de ley no más, y tampoco gozan de los beneficios de la convención colectiva.

“En este punto le hemos propuesto al banco unos tiempos y plazos para que vaya vinculando a los compañeros tercerizados, y se elimine la tercerización como política recurrente en el Banco Popular, y en general en Grupo Aval”, anotó Hildebrando León.

El Banco, además —agregó— insiste en imponer un contra-pliego con el que pretende eliminar puntos sustanciales de la convención en el campo de su aplicación y a otros beneficios adquiridos, como las primas extralegales de julio y diciembre, la tabla indemnizatoria, y los quinquenios, que son bonificaciones que el Banco concede a los trabajadores cada vez que alcanzan cinco años más de servicio.

En cuanto al aumento salarial también hay diferencias entre lo ofrecido: el 6.25% para el primer año, y lo que pide el sindicato: el 7% como mínimo, tomando como referencia el aumento logrado por la UNEB y Sintrabancol en la reciente negociación en Bancolombia.

La negativa del Banco a las peticiones consignadas en el pliego presentado del sindicato, no se compadece con el hecho de que su costo no incrementaría en más del 1% el total de gastos operacionales del Banco, que es uno de los más sólidos y rentables del país, es decir, el que tiene mayor retorno da utilidades a sus accionistas. En el 2014 obtuvo ganancias netas por $380 mil millones.

“Es una entidad que tiene todo para acceder a las peticiones de los trabajadores. Luis Carlos Sarmiento, dueño del grupo Aval al cual pertenece el Banco Popular, debería buscar una solución a este conflicto como un aporte a la paz y al bienestar de los trabajadores, ya que nuestro petitorio en nada entorpece la sostenibilidad financiera del banco”, señaló Hildebrando León.

Por su parte Faustino Ramírez, presidente de la UNEB Seccional Medellín, subrayó el estilo “cicatero” de negociación en el Grupo Aval. “Es el estilo del regateo, la dilación, poner sobre la mesa contra-pliegos para discutir puntos ya vigentes en la convención; un estilo mandado ya a recoger pero que el Banco Popular no quiere rectificar”.

Otro punto en discordia es que el Banco Popular quiere que la convención colectiva, que tiene una vigencia de 3 años, no aplique al cuerpo directivo y mandos medios (unos 1.800 empleados en todo el país), mientras que el sindicato no permite que ese punto se toque en la convención, de la cual hoy se beneficia todo el personal, desde el empleado más modesto hasta el presidente del Banco.