Carta del Parlamentario Europeo Miguel Urbán a la Embajadora de Colombia en la Unión Europea Patricia Llombart

Ante las elecciones locales, municipales y departamentales que se celebrarán en Colombia el próximo 27 de octubre, como miembros del Parlamento Europeo quisiéramos transmitirle nuestra preocupación ante el clima de violencia preelectoral que se está viviendo en el país.

Estimada Patricia Llombart

Ante las elecciones locales, municipales y departamentales que se celebrarán en Colombia el próximo 27 de octubre, como miembros del Parlamento Europeo quisiéramos transmitirle nuestra preocupación ante el clima de violencia preelectoral que se está viviendo en el país.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE) desde octubre de 2018, cuando se inició la inscripción de las candidaturas hasta su cierre el pasado 27 de julio, hubo 43 precandidatos y precandidatas electorales víctimas de las violencia, nueve de estas personas fueron asesinadas. Después del 27 de julio, con las campañas en firme, y hasta el 20 de septiembre la siatución continuó agravándose. Desde entonces al menos 54 personas candidatas han sido víctimas de las violencia: siete han sido asesinados, 6 han sufrido atentados, 2 han sido secuestrados y 40 han recibido amenazas.

Se han presentado también amenazas colectivas a través de panfletos en varios departamentos del país, sin que a la fecha haya ningún resultado en materia de investigación. Queremos destacar la recibida en el pasado 20 de septiembre contra varios partidos políticos (Partido Comunista, Unión Patriótica -UP-, Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena Social -MAIS-, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-), organizaciones sociales (Sindicato de Educadores de Caldas EDUCAL, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, -CPDH-CDS) y líderes sociales (Darío Eccehomo Díaz -candidato al concejo por la coalición Alternativa-, Nora Milena Contento, José Alejandro Peña, Laura Montoya, Rafael Betancurth, Eduardo Medina y Leo Ricardo García). Este tipo de agresiones contra precandidatos y candidatos han venido en aumento en todo el país.

Según nos han comunicado, la situación es tan dramática que en algunos municipios incluso han considerado la posibilidad de cancelar las elecciones. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, hay 402 municipio en riesgo de sufrir violencia política.

Estos hechos se han producido en medio de un clima de violencia sistémica y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Las cifras que diversas institucionales oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmante e indican que Colombia sigue siendo uno de los países más peligros del mundo para la defensa de lo derechos humanos. Según Indepaz, desde el 24 de noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz hasa el 20 de julio de 2019, han sido asesinados 765 personas reconocidas como lideresas en sus comunidades, excombatientes que se acogieron al proceso firmado en La Habana y algunos de sus familiares.

El punto 2 del Acuerdo de paz cobijaba una serie de medidas bajo el paraguas de apertura democrática con el objetivo de fortalecer la participación de toda la población en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz; sin embargo, este parece ser uno de los bloques que cuenta con una menor implementación.

Los mismo sucede con las medidas acordadas en el punto 3 del acuerdo en lo relativo a las garantías para la defensa de los derechos humanos; las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno son insuficientes, no oportunas y no integrales. Persiste una visión de la protección basada meramente en medidas física, otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (que además ha sido al centro de varios escándalos de corrupción), y no en la prevención y abordaje de las causas estructurales de la violencia. En el mismo sentido nos preocupa la falta de fondos europeas, cuyas funciones relativas al desmantelamiento de las estructuras secesoras del paramilitarismo y el esclarecimiento de los vínculos con las élites políticas, económicas y militares, debe ser potenciadas y respetadas.

En la construcción de paz, la apertura democrática y la actividad con garantías, de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de las y los líderes sociales y políticos, es más que nunca necesaria. Por este motivo queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a este clima de violencia, nuestro compromiso con la paz, el cumplimiento y la implementación de los acuerdos y nuestro apoyo y solidaridad al pueblo colombiano.

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto los abajo firmantes reclamamos urgentemente a la UE que:

• rechace de forma contundente los hechos de violencia que se han venido presentado en todo país, especialmente contra de los y las lideresas sociales que han decidido llevar a cabo un ejercicio político y que exija que se respeta el derecho a la vida, el derecho a pensar diferente y a participar en las decisiones políticas y económicas del país, sin temor a recibir señalamientos públicos, amenazas y ataques;
• demande la implementación de garantías electorales y de medidas de prevención y protección integrales y colectivas a quienes defienden los derechos humanos, líderes y lideresas, organizaciones sociales y partidos políticos. Y dado el contexto actual, exija medidas urgentes, y redoblar la protección de las y los candidatos con riesgo y en regiones inseguras;
• solicite al Gobierno colombia la renovación integral del mandato de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU por al menos tres años, como muestra la voluntad real de mejorar la crítica situación de derechos humanos, y la colaboración y cooperación multilateral, así como auspiciado por la Alta Representante Federica Mogherini;
• inste a la Fiscalía General de la Nación a que adelante las investigaciones pertinentes que tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y la captura de los autores materiales e intelectuales;
• solicite que se avance en la implementación de acuerdo, en particular en el punto 2 de participación política, y en las entidades creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, o la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea;
• llame a la reanudación de los diálogos con la Guerrilla del ELN

Cordialmente,

Miguel Urbán Crespo, MEP GUE/NGL
Martina Anderson, MEP GUE/NGL
Margrete Auken, MEP Green EFA
Pernando Barrena, MEP GUE/NGL
Matt Carthy, MEP GUE/NGL
Leila Chaibi, MEP GUE/NGL
Ellie Chowns, MEP Greens EFA
Clare Daly, MEP GUE/NGL
Ana Miranda, Former MEP Greens EFA
Manu Pineda, MEP GUE/NGL
Helmut Scholz, MEP GUE/NGL
Molly Schott Cato, MEP Green EFA
Marie Toussaint, MEP Greens EFA
Idoia Villanueva Ruiz, MEP GUE/NGL
Nikolaj Villumsen, MEP GUE/NGL

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