La Superintendencia de Vigilancia inició un proceso administrativo contra la empresa de seguridad Fidelity Ltda, contratista de seguridad de Pacific Exploration and Production, en el Campo Rubiales, por el cargo de “asumir conductas reservadas a la fuerza pública” y “afectar la confianza pública en el servicio de seguridad” en razón de los seguimientos, hostigamientos e intentos de empadronamiento a nuestras organizaciones…

…realizados en las jornadas de monitoreo ambiental comunitario, en la vereda Rubiales de Puerto Gaitán –Meta el pasado sábado 11 de junio de 2016, en el que la comunidad verificaba las afectaciones ambientales que las empresas vienen causando a las fuentes hídricas de la región.

Los abusos de las empresas de seguridad en Campo Rubiales y Quifa operados en los últimos años por la multinacional canadiense Pacific Exploration and Production, fueron documentados en la investigación “El Costo Humano del petróleo”, Estudio de Impactos a los Derechos Humanos realizado por el Cajar, Paso Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH.

El informe documentó a través de entrevistas hechas a trabajadores de ISVI, que desde las protestas del 2011 existía un programa informático que identificaba a activistas de la USO para prevenir su ingreso a las instalaciones petroleras en el municipio, obstaculizar reuniones, revisar grabaciones tomadas por cámaras, físicamente impedir que las personas señaladas como sindicalistas de la USO entraran al campo y realizar “bitácoras” a los sindicalistas y líderes sociales por órdenes de la multinacional.

A pesar de que la multinacional ha realizado declaraciones sobre el respeto y la adopción de los principios y directrices en materia de derechos humanos y empresas , es evidente que no se realiza de una manera transparente y suficiente que brinde garantías para la vida digna de las comunidades y sindicalistas del Campo. Por esta razón, el Cajar ha insistido en la necesidad de avanzar hacia instrumentos vinculantes que permitan establecer obligaciones y responsabilidades a las empresas que violan derechos humanos.

El patrón sistemático de persecución ha sido denunciado en distintas instancias; sin embargo, esta es la primera vez que hay un pronunciamiento del Estado sobre la necesidad de realizar investigaciones y sanciones sobre estas empresas de seguridad.

Esperamos que las autoridades encuentren las responsabilidades del caso y Que el mismo siente un precedente en el debate sobre el papel de la seguridad privada en medio de conflictos laborales o de comunidades que se enfrentan al poder corporativo.

Las empresas de vigilancia y seguridad privada no están exentas del respeto por los derechos humanos, y quienes las contratan deben garantizar que su actuación se ajuste a la constitución y la ley.

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