El pasado viernes 6 de agosto, un grupo de víctimas y organizaciones de derechos humanos enviaron a la Corte Constitucional un documento por medio del cual se solicita la extensión del mandato de la Comisión de la Verdad, entre otras cosas, para que sea la misma institución quien se encargue de hacer difusión de su informe final que será publicado a finales de este año. 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, el Comité de Solidaridad con los Preso Políticos -CSPP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR, la Corporación Jurídica Libertad -CJL y la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC enviaron a la Corte Constitucional un documento en el que se argumenta la petición de extensión del mandato de la Comisión de la Verdad, con el fin de que dicha institución pueda culminar su labor con la garantía de satisfacción de los derechos de las víctimas en términos de esclarecimiento de lo ocurrido en Colombia durante el conflicto armado.

Dentro de los principales argumentos del documento se encuentra la dificultad que implicó para las víctimas la articulación con la Comisión de la Verdad durante el año 2020 y parte del 2021 a raíz de la pandemia.

El grave riesgo de propagación de esta enfermedad implicó un cambio en las condiciones de acceso a una institución como la Comisión de la Verdad, entidad autónoma y transitoria del Estado, componente del sistema de justicia transicional que busca la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. 

Las dinámicas de relacionamiento con el Estado afectaron particularmente la efectividad de la CEV para la construcción, no sólo de una espacialidad, sino de una temporalidad especial que busque una verdadera satisfacción de las víctimas, en un escenario transitorio de justicia que está próximo a vencerse formalmente, y ante lo cual es preciso tomar determinaciones prontas y oportunas que garanticen el funcionamiento en todos sus aspectos (humano, institucional, presupuestal) sin vacíos normativos que tornen incierto el alcance del derecho a verdad y a la memoria.

Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos esperan, con este documento, que la demanda por la ampliación del plazo de la Comisión de la Verdad se resuelva de tal manera que beneficie a las víctimas permitiendo hacer de la verdad un bien público para Colombia.

Conoce aquí el documento.