• Piden imputar a 27 militares por su responsabilidad en estos hechos e identificaron el asesinato de personas señaladas como guerrilleros, así como prácticas de exterminio social  

Este 17 de mayo, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos –Obsurdh- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- presentamos observaciones orales en audiencia que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Neiva, para escuchar a las víctimas del subcaso Huila, que hace parte del Caso 003, bajo el cual la JEP aborda los asesinatos presentados como bajas en combate, o “falsos positivos”. El propósito de esta audiencia fue escuchar a las víctimas de manera que sus opiniones sobre la información entregada en las versiones voluntarias sean tenidas en cuenta en las próximas decisiones del subcaso. 

Esta presentación tuvo lugar después de que la magistratura escuchó a un total de dieciséis (16) víctimas en la Audiencia Pública de Observaciones Orales a las versiones voluntarias, que tuvo inicio el 16 de mayo, quienes ofrecieron su testimonio sobre la forma en la cual estos crímenes fueron cometidos, las necesidades de verdad que se mantienen tras haber oído a los comparecientes, el daño y el sufrimiento padecidos por ellas y sus familias, así como las expectativas de restauración y reparación que esperan sean asumidas en fases posteriores del caso. 

Recordamos que el pasado 22 de abril de 2022 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo junto con el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio radicaron el documento de observaciones a las 102 versiones voluntarias rendidas por exintegrantes del Batallón de Infantería N°26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), el Batallón de Infantería N°27 Magdalena (BIMAG) y de la IX Brigada en el subcaso Huila del Caso 03 ante la JEP por asesinatos y desapariciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas. 

Revive aquí la intervención de Paloma Ivana Morales, abogada del Cajar

 El documento consiste en un análisis cualitativo que permitió la contrastación de la información obtenida en las diligencias en las que fueron oídos los militares sobre su conocimiento y participación en los crímenes investigados y perpetrados en el centro y el sur del departamento del Huila en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2008. Con base en esta labor, se argumentó la existencia de un contexto general en el cual fueron ejecutados los crímenes; las serias contradicciones sobre la presentación hecha por los comandantes e integrantes de las planas mayores de las unidades tácticas y el estado mayor de la unidad operativa menor antes mencionadas sobre el ambiente operacional; el contexto normativo sobre el cual se promocionó y aseguró impunidad para los responsables de estos hechos victimizantes, entre otros aspectos relevantes para concluir la existencia de dos patrones macrocriminales.  

El primer patrón se configuró a partir del asesinato de personas fuera de combate señaladas de ser delincuentes comunes, milicianos o guerrilleros o de ejecutar actividades delictivas en las jurisdicciones de las unidades tácticas de forma previa a su reporte ilegítimo como bajas en combate. El segundo patrón consistió en el asesinato de personas fuera de combate y que fueron seleccionadas previamente por los militares involucrados en estos hechos con base en su condición de vulnerabilidad, marginalidad, aparente desarraigo, antecedentes judiciales y que fueron trasladadas bajo engaños o a la fuerza desde lugares lejanos hacia los sitios en los que posteriormente fueron asesinadas.  

Revive aquí el terstimonio de Eyra Urquina hermana de Ever Urquina

Así mismo, se propuso la consideración de once máximos responsables del BIPIG y dieciséis del BIMAG en la imputación que la Sala realice en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas por la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y crímenes de guerra de homicidio en persona protegida.  

Esperamos que la JEP acoja estas observaciones para avanzar en el esclarecimiento de los responsables hasta el más alto nivel de esta práctica en el departamento del Huila, que se extendió a lo largo y ancho del país, permitiéndonos concluir que se trató de una política de Estado que debe condenarse para que nunca más se vuelva a repetir.  

Revive aquí el testimonio de Luz Mary Martínez, hermana de Jaime Martínez Rodríguez