HECHOS
El día 4 de Abril de 2011, fueron capturadas cuatro personas en la ciudad de Arauca capital, las nuevas víctimas de la estrategia de agresión contra el pueblo araucano fueron:
La dirigente comunal y campesina, Ana Victoria Infante Badillo, miembro de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC, en el municipio de Arauca.
La dirigente comunal y folclorista, Yamile Janeth Martínez Socha, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Meridiano 70 de la ciudad de Arauca, quien en cumplimiento de su labor social hacía veeduría a los proyectos y contratos administrativos que se desarrollaban en su comunidad.
Deya Zamira Navarro Sánchez, Gerente de Procesos Proactivos de la Empresa de Servicios Públicos, EMSERPA, Y el señor Jaime Sidney Carreño Chacón.
Los dirigentes sociales y comunales son sindicados de los delitos de concierto para delinquir, rebelión, secuestro y extorsión.
Con estas nuevas detenciones se muestra que el eje de la judicialización, sigue siendo utilizado por el Estado para desarticular el histórico tejido social, acallar la voz de quienes se oponen al desgreño y el despilfarro de los fiscos municipales y departamentales en la galopante corrupción política administrativa.
A pesar de que el Estado se ha visto obligado a reconocer a través de resoluciones de preclusión y fallos absolutorios que los líderes sociales y pobladores del departamento son inocentes de los ilícitos que se le imputan, y de la preocupación expresada por organismos internacionales como la ONU en su reciente informe sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario durante el año 2010, se siguen presentando estos hechos.
EXIGIMOS
Exigimos a las autoridades de justicia del Estado, respetar los derechos y garantías procesales, además resolver lo atinente a la libertad de los capturados de manera pronta y ajustada a los mínimos internacionales en esta materia.
A la comunidad nacional e internacional y a las comisiones de Derechos Humanos del Congreso, los exhortamos a continuar con el seguimiento y monitoreo de este nuevo caso de secuestro estatal, y a hacer las exigencias al Estado colombiano para que cumpla con las obligaciones que ha adquirido con la ratificación y la firma de los diferentes instrumentos internacionales que tratan este tema.
