Publicada originalmente en Confidencial Colombia.

El lunes 24 de mayo a las 11 am, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibirá a la Canciller Martha Lucía Ramírez, quien en su columna del 19 de mayo culpó al proceso de paz de las protestas y del paro que estamos viviendo. Aunque hasta la fecha no hay respuesta oficial del Gobierno, en dicha reunión se supone que se definirá la visita de trabajo al país por parte de la CIDH. Negar la visita seria inusual, propio de gobiernos autoritarios, y aislaría a Colombia de la comunidad internacional.

Se espera que mañana en la reunión que solicitó tanto el gobierno colombiano como la CIDH se pueda avanzar mediante un diálogo diplomático entre la Canciller y las siete comisionadas/os para saber la aceptación, la fecha,  el carácter de la visita y cuántos de sus integrantes vendrán a Colombia. La CIDH podrá explicar la importancia de hacer una visita al país en el contexto actual de crisis de los derechos humanos, visita que fue solicitada por más de 600 organizaciones de sociedad civil y miles de personas de distintos países que están siguiendo a los acontecimientos en nuestro país.

Como antecedentes recientes de visitas de trabajo en el terreno de la CIDH en épocas de crisis como la que vive Colombia, se tiene la de Nicaragua por la crisis de abril de 2018 que dejó al menos 317 muertos, la cual fue concedida por ese Gobierno al tercer pedido, luego de pasar por dos negativas. También se realizaron varias visitas por violaciones de derechos humanos en Chile en el contexto del estallido social entre octubre 2019 y marzo 2020; en Ecuador por las manifestaciones que paralizaron al país durante doce días en octubre de 2019 por el aumento de los precios del combustible; en Bolivia por la crisis electoral o golpe de Estado en 2019; y, en el Perú a finales del 2020, con el objeto de observar en el terreno, la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la crisis institucional en la actual pandemia.

Desde que se iniciaron las protestas en Colombia el 28 abril, la CIDH ha recibido mucha información pública de distintos actores de la sociedad civil. Le preocupan las denuncias de muertes en el contexto de las protestas, las denuncias sobre violencia sexual por parte de la policía respecto de las mujeres, la población LGTBI+, personas detenidas en el contexto de las protestas, una adolescente detenida en Popayán que denunció abusos sexuales por parte de sus captores y luego se suicidó, las denuncias sobre desapariciones, disparos de civiles armados contra la Minga indígena que revive el fenómeno paramilitar, la estigmatización de las protestas y el uso desproporcionado de la fuerza.

La CIDH ha hecho pública su preocupación sobre el anterior conjunto de hechos en una serie de tweets y comunicados de prensa. Busca poder establecer un diálogo fluido y contar con registros confiables sobre todas las denuncias por distintas vulneraciones a los derechos humanos. Es fundamental contar con información confiable del público y de los organismos estatales de Derechos Humanos. A la fecha las cifras que han llegado a la CIDH desde distintas fuentes sobre fallecidos, casos de violencia sexual y otras violaciones varían mucho. Este es el elemento central y el llamado que la CIDH le ha hecho al Estado.

Ni esto actos, ni los bloqueos, ni la suspensión temporal de transporte público excusan a los Estados de sus obligaciones internacionales contraídas al suscribir los tratados de derechos humanos. El derecho a la protesta pacífica es fundamental en una sociedad democrática, y los Estados deben establecer las condiciones para garantizar este derecho.

En entrevista de CNN en español a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, se le preguntó sobre el vandalismo en medio de las protestas. Ella respondió, los actos vandálicos deben ser investigados y los responsables deben ser sancionados como corresponde, pero eso no hace el derecho a la protesta ilegitimo, ni tampoco hace que las manifestaciones que están ocurriendo sean violentas per se. Existe una obligación de los Estados de aislar a los violentistas. Los policías deben tener protocolos para quienes están manifestándose de manera pacifica, puedan ejercer ese derecho de protestas y aislar a quienes están ejerciendo el vandalismo.

Mientras queda pendiente la respuesta del Estado colombiano a la solicitud de la CIDH, las organizaciones de derechos humanos en Colombia avanzan con propuestas y planeación para una eventual visita, atendiendo a la necesidad de proteger socios locales y en búsqueda de estrategias para garantizar la no repetición.

¿Que pasaría si el lunes no hay humo blanco para la visita? La CIDH debe insistir como se hizo en Nicaragua. También la comunidad de derechos humanos nacional e internacional, la gente no solo de Colombia, sino también de otros países, y especialmente los jóvenes, deben presionar al Gobierno y los legisladores sobre la necesidad de la visita. Se debe cuestionar de manera severa cualquier sugerencia de negativa por parte del Gobierno colombiano. Se necesita la anuencia del Gobierno porque se trata de una visita oficial de la CIDH que emitirá un informe preliminar y un informe de país con recomendaciones que serán obligatorias. El Estado debe actuar de buena fe en esta coyuntura tan crítica.

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