34 años después, acusación contra Tiberio Villarreal, exsenador liberal, ratifica que masacre de La Rochela fue un crimen de Estado  

34 años después, acusación contra Tiberio Villarreal, exsenador liberal, ratifica que masacre de La Rochela fue un crimen de Estado  

La Fiscalía 56 de la unidad especializada contra violaciones de derechos humanos acusó al exsenador Tiberio Villarreal Ramos como autor mediato dentro de un aparato organizado de poder, por la masacre que cobró la vida, hoy hace 34 años, de 12 investigadores judiciales y dejó heridos de gravedad a otros tres. Los hechos cometidos por la estructura paramilitar autodenominada como Los Masetos son reconocidos como la masacre de La Rochela. 

Esta decisión se dio después de que en el año 2018 la Fiscalía hubiera calificado el mérito del sumario contra el político precluyendo en su favor la investigación. Contra esta decisión, la Parte Civil, la defensa y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación el cual se resolvió en noviembre de 2021 en el sentido de declarar la nulidad de la decisión de primera instancia por carecer esta de la debida sustentación.  

La fiscalía 56 confirmó que las declaraciones de Alonso de Jesús Baquero, Alias El negro Vladimir, autor material de la masacre y quien inculpó a Villarreal, se encuentran respaldadas en otras pruebas como la declaración del otro autor material Luis Alberto Arrieta, alias Piraña, el testimonio de la víctima Wilson Humberto Mantilla quien para salvar su vida fingió su muerte y la declaración del mayor (r) del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez quien también conformaba esta estructura criminal. Con sustento en lo anterior, la Fiscalía acusó al excongresista por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado cometidos en contra de las víctimas de estos cruentos hechos. 

La decisión de la Fiscalía fue clara en señalar que Villareal, destacado dirigente político liberal de Santander, dentro de la estructura criminal era una “pieza estratégica en el engranaje criminal de la organización”.  

En ese sentido, la Fiscalía concluyó que el congresista “poseía poder de mando en el grupo de autodefensas o grupos paramilitares que cometieron la masacre de La Rochela el 18 de enero de 1989, ya que el contexto en que ocurrieron las conductas y la probanza recopilada, permiten ubicarlo como una pieza estratégica en el engranaje criminal dela organización, con un claro nexo con grupos de narcotraficantes e integrantes de la fuerza pública conectados con esos fenómenos criminales, bajo el importante auspicio de la llamada parapolítica que permitía postular y elegir candidatos afines a los propósitos de estos grupos delincuenciales” 

Para el abogado de víctimas Eduardo Carreño Wilches, integrante cofundador del Cajar,  con esta acusación de la Fiscalía, “se demuestra que Tiberio Villarreal pertenecía a esta organización criminal, que daba órdenes, que participaba, que orientaba cómo hacer los crímenes, e incluso cómo evitar que las investigaciones se adelantaran y dejarlas en la impunidad. Me parece que es muy importante que después de 34 años de ejecución de estos crímenes que ya están declarados como de lesa humanidad, que se reconozca en la jurisdicción interna que estos responsables, independientemente de su edad, sí deben responder ante la justicia por estos hechos” 

El pronunciamiento también recuerda que para la época de la masacre operaba en la región una asociación para delinquir compuesta por los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, los paramilitares del Magdalena Medio “Masetos” al mando del paramilitar Henry Pérez, así como con la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio -Acdegam, miembros de la Policía, la V Brigada al mando de Alfonso Vacca Perilla y la XIV Brigada al mando de Juan Salcedo Lora, Farouk Yanine Díaz comandante de la segunda División del Ejército, para asesinar a integrantes del partido Unión Patriótica -UP-, el Partido Comunista –PC- y toda forma organizativa de la región, incluyendo a los 19 comerciantes asesinados por no pagar impuestos al paramilitarismo. 

Dicha organización, de la que Villareal fue parte, le ayudaba a este a asegurar los votos en diferentes municipios del departamento de Santander para él y sus aliados, a cambio de que éste, entre otras, recolectara y llevara hasta Puerto Boyacá los dineros que pagaban empresarios para el funcionamiento del grupo paramilitar.  

Valga decir que las declaraciones del testigo de cargo Alonso de Jesús Baquero, a las que la Fiscalía les concedió valor probatorio, fueron enfáticas en señalar que el móvil principal del señor Tiberio Villareal para la masacre era quitarle el expediente que tenían respecto de la desaparición y masacre de los 19 comerciantes.   

Una larga lucha contra la impunidad 

Ante la impunidad en el ámbito interno y en representación de las víctimas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997. Esta Corte profirió, el 11 de mayo de 2007, sentencia condenatoria en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violación de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos correspondientes al derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial, el derecho a la integridad personal en perjuicio de las víctimas y sus familiares, el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas, y por la violación de los derechos las garantías judiciales y a la protección judicial. 

En esta decisión, la Corte determinó que la masacre tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su vez en aplicación de un contexto normativo expedido por el Estado, que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidió en que el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas regulares del Estado consumara la masacre. Pese al fallo de la CorteIDH, el balance de impunidad a 34 años de la masacre sigue siendo muy preocupante y la justicia parece nunca llegar.  

En relación con los comandantes paramilitares comprometidos en estos hechos, en el marco de la Ley de Justicia y Paz a los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, Alias “Ernesto Baez”, Ramón Isaza, Alias “El Viejo” y Ramiro de Jesús Vanoy, Alias “Cuco Vanoy”, quienes aceptaron su responsabilidad por cadena de mando, pero no aportaron sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. 

Sobre la responsabilidad de agentes estatales, y como consta en la decisión, desde 1995 el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, Alias “El Negro Vladimir” suministró información detallada de la estructura criminal que determinó y ejecutó la masacre. Entre otros, la empresa criminal responsable de este crimen de lesa humanidad estaba integrada por los jefes paramilitares Ramón Isaza, Iván Roberto Duque, los generales Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, así como al excongresista Tiberio Villareal, uno de los políticos que más colaboraba con los paramilitares, quien además de recoger la plata a los comerciantes de Bucaramanga para el proyecto, fue “el primero que empezó a presionar para detener esta comisión y el primero que empezó a presionar por intermedio del Mayor Echandía que trabajaba en la división de la Segunda Brigada en Bucaramanga”, según declaraciones de “El Negro Vladimir”.  

Aún con este testimonio, la justicia no presentó mayores avances en la investigación y solo hasta 2009, 20 años después de ocurridos los hechos, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los referidos generales, pero la Fiscal especializada, Janet Marcela Palomar Gechen, archivó el caso contra los generales argumentando la falta de pruebas.  

Al respecto, el abogado de víctimas Eduardo Carreño señaló en su momento que: “si bien es cierto que “Vladimir” (paramilitar condenado por la masacre) no menciona al general Juan Salcedo Lora en forma expresa como responsable de la masacre, sí rindió testimonio de que le suministraba granadas, aportando detalles como que les quitaban los pines a las mismas, y que también le vendía municiones y armas para desarrollar su lucha contra las guerrillas al servicio de fuerzas militares. Es decir que se trataba de estructuras criminales que trabajaban conjuntamente”. 

No sobra recordar que entre las declaraciones que ha rendido el testigo de cargo Alonso de Jesús Baquero ha precisado que quienes más “empujaron la ficha” en el aparente propósito de combatir frentes guerrilleros, lo que luego se tradujo en masacres, torturas y desapariciones contra integrantes del movimiento social y de organizaciones políticas de izquierda, fueron los generales General Yanine Díaz, General Salcedo Lora, el General Gil Colorado y el General Vaca Perilla. 

Esperamos que esta decisión de la Fiscalía esté acompañada de otras que permitan satisfacer los derechos de las víctimas y esclarecer toda la cadena de mando hasta los más altos responsables de la masacre de La Rochela, este crimen atroz contra la rama judicial cometido en el contexto de la expansión del proyecto paramilitar en el país. Las víctimas esperan aún el cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la sociedad conozca la verdad, para que haya justicia para la justicia, y para que hechos como estos jamás se repitan.  

Víctimas de la masacre de La Rochela 

Asesinados: Mariela Morales Caro, Pablo Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Castillo Zapata, Luis Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Vesga Fonseca, Benhur Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte, Samuel Vargas Páez 

Heridos: Arturo Salgado Garzón, Wilson Mantilla Castilla, Manuel Libardo Díaz Navas. 

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