La decisión ratifica el fallo a favor que ya había emitido un Juzgado de Pasto a mediados de mayo que acumuló las tutelas de un grupo de cacaoteros del municipio de Policarpa Nariño, junto con la tutela firmada por accionantes de 93 organizaciones sociales que contaron con el apoyo jurídico del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
● El Tribunal Administrativo de Nariño, en fallo de segunda instancia, da la razón a los accionantes de procesos campesinos, indígenas y afro que junto con organizaciones sociales denunciamos la violación de los derechos al debido proceso, consulta previa, participación y acceso a la información, en el marco del trámite ante la ANLA con el cual el gobierno nacional busca la aprobación de la modificación del permiso ambiental para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato.
● La decisión ratifica el fallo a favor que ya había emitido un Juzgado de Pasto a mediados de mayo que acumuló las tutelas de un grupo de cacaoteros del municipio de Policarpa Nariño, junto con la tutela firmada por accionantes de 93 organizaciones sociales que contaron con el apoyo jurídico del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
● Se ordena que el procedimiento debe seguir suspendido hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación
Julio 21 de 2020 – El Tribunal Administrativo de Nariño notificó la sentencia de segunda instancia donde ratifica el fallo a favor emitido por un Juzgado de Pasto que declaró la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, consulta previa, participación y acceso a la información, por parte de la Policía Nacional y la ANLA, quienes quisieron imponer una audiencia pública virtual sin considerar las restricciones y limitaciones a los derechos tutelados, en particular de las comunidades que habitan los territorios rurales de los 104 municipios que se verían afectados con esta decisión.
Pese a que la ANLA, Policía Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-, habían presentado al Tribunal argumentos de inconformidad contra el fallo de primera instancia, este mantuvo la decisión tomada y adoptó nuevos avances significativos respecto al primer fallo.
En primer lugar, confirmó la obligación de realizar consultas previas para las comunidades indígenas, afro y grupos étnicos. Este derecho ya había sido tutelado, pero no había quedado suficientemente desarrollado. El Gobierno a través de la Resolución 001 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, había negado la consulta previa a las comunidades étnicas señalando que sus territorios estaban “excluidos” del “área de influencia” a asperjar. Según lo sostiene esta resolución, es la Policía a quien le corresponde determinar los impactos que tendrá el retorno de las aspersiones, “además de las medidas de mitigación, compensación y reparación que los impactos demandan, y es Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la autoridad administrativa llamada a evaluarlos.”
Es de mencionar que organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC- , el Consejo Mayor Comunitario Del Río Anchicayá, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio De Villagarzón (Putumayo) –Acimvip-, también impugnaron parcialmente el fallo reclamando que por tratarse de la decisión sobre rociar una sustancia tóxica y peligrosa en sus territorios, no sólo se debía hacer una consulta, sino que debía garantizarse el derecho al consentimiento previo, libre e informado.
El Tribunal resolvió validar la obligación de hacer las consultas previas y ordenó asimismo vincular como entidades responsables, además de la ANLA y la Policía, al Ministerio del Interior- Dirección de Consulta Previa; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de Estupefacientes – CNE. Lo anterior abre el camino, para que las aspersiones áreas dejen de ser vistas únicamente como un asunto de orden público y se alerte sobre las consecuencias sociales del retorno de ese programa a los territorios.
Adicional, el fallo requiere a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, quienes deberán velar e interceder por los derechos de los accionantes dentro del trámite ante la ANLA y se ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.
Celebramos la decisión del Tribunal, pero seguimos advirtiendo que las audiencias públicas, dentro del procedimiento que lleva la ANLA, por sí mismas no garantizan las condiciones de participación reforzada, diálogo genuino deliberativo y en doble vía, rigor, calidad e imparcialidad y observancia de la política pública del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, condiciones que según las decisiones emitidas por parte de la Corte Constitucional deben cumplirse dentro procedimiento que decida acerca de la perversa intención del Gobierno de reanudar las aspersiones con Glifosato.
Es de recordar que tres años atrás, la Corte Constitucional había reprochado en la sentencia T-236 de 2017 que la forma de aprobar el permiso ambiental de una actividad de alta peligrosidad como la aspersión con Glifosato, no seguía una estructura razonable que asegurará la imparcialidad en la toma de la decisión. Esto por cuanto, si bien las medidas para el control del riesgo eran aprobadas por la ANLA, estas eran diseñadas y ejecutadas por el mismo Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Por ello la Corte ordenó reforzar la participación y no hacer meras actividades socialización.
Hemos venido insistiendo que conforme la regulación normativa, la audiencia pública ambiental no es una instancia de debate ni de discusión, el mismo Auto de la ANLA califica estas audiencias como mecanismos de socialización, cuya finalidad se limita a informar sobre los pormenores de la actividad que se quiere realizar. De este modo, la sola celebración de esta audiencia es insuficiente para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.
El Gobierno Nacional está en la obligación de ofrecer y concertar verdaderos y adicionales espacios de participación reforzada en cada uno de los territorios en los que se pretende imponer esta peligrosa y dañina actividad, más aún cuando se tiene que los estudios ambientales que se van a “socializar” en la audiencia y que están bajo evaluación de la ANLA fueron construidos sin la participación e información previa de las comunidades que se verían afectadas.
Las personas, organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afrodescendientes a quienes se tutelaron nuestros derechos, seguiremos rechazando la arbitraria pretensión del Gobierno de imponer una dañina práctica que atenta contra la vida, el ambiente y la salud, y a su vez persista en la fracasada e ineficaz política antidrogas en Colombia que aumenta la violencia en nuestros territorios, incumple los acuerdos de Paz y desconcentra los esfuerzos en la desarticulación de la cadena valor y las estructuras criminales y corruptas dedicadas al narcotráfico, incluyendo el lavado de activos.
1. Liliam Eugenia Gómez Álvarez PhD y Postdoctora en Eco-Etología, Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente Consejo de Plaguicidas
2. Rodrigo Negrete Montes, abogado ambientalista
3. Ernesto Mosquera Borrero -Personero del Municipio de Novita, Chocó
4. Acueducto Comunitario Vereda La Chapa de la Asociación de Acueductos Comunitarios -ASOACTASCO
5. Ambiente y Sociedad
6. Asociación Campesina del Sur de Córdoba –ASCUSOR
7. Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – ACVC
8. Asociación Campesina Inzá-Tierradentro – ACIT Representante Legal
9. Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú – ASODECAS
10. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña, Guasca
11. Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo –ACIMVIP
12. Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos – SHAQUIÑAN
13. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca –ACONC
14. Asociación de Desarrollo Integral Sostenible ADISPA, organización representativa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica –
15. Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Alta del municipio de San Pablo, Bolívar
16. Asociación MINGA
17. Asociación Nacional Campesina José Antonia Galán Zorro – ASONALCA
18. Asociación Nacional Campesina -Coordinador Nacional Agrario –CNA
19. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC
20. Asociación No a las Represas en el Territorio – ASONARET de Oporapa, Huila
21. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
22. Ciudad en Movimiento – Popayán
23. Colectiva Agraria Abya Yala – CAAY
24. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR
25. Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo – Facultad de Investigaciones de la ESAP
26. Colectivo Fusunga
27. Colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio -JODETE, Suroeste de Antioquia
28. Colectivo Jurídico Popular
29. Colectivo Regional de Apoyo a la Vía Campesina
30. Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA
31. Colectivo Tierra Libre en Defensa del Territorio de Pitalito, Huila
32. Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
33. Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Red de Comités Ambientales del Tolima
34. Comité Ambiental Resguardo Inda Sabaleta –Llorente, Nariño
35. Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura – Vocero
36. Comité para la Protección del Agua y Páramos de Norte de Santander
37. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH
38. Comité por la Defensa del Agua del municipio de Tauramena, Casanare
39. Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca
40. Consejo Mayor Comunitario del río Anchicayá
41. Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC
42. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá – COORDOSAC
43. Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- COCCAM
44. Corporación Colectivo CreAcción
45. Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
46. Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
47. Corporación Compromiso
48. Corporación CORMEPAZ
49. Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas -CORDATEC
50. Corporación LA CEIBA
51. Corporación Manaba
52. Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales
53. Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM)
54. Corporación Servicio de Defensa a la Niñez – SEDEN
55. Escuela Jurídica Popular – ESPORA
56. Foro Social Pan Amazónico – FOSPA –
57. Fundación Ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda –FUNDAGER
58. Fundación Colectivo Somos Uno
59. Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social FUNDESCODES, Buenaventura, Valle del Cauca Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Colombia-ANUC-POPAYÁN
60. Fundación Ecológica Bacatá
61. Fundación por la Defensa de los DDHH y el DIH del oriente y centro Colombiano – DHOC
62. Fundación WAKI
63. Huerta Las Hadas, Colectiva Las Abejas
64. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
65. JAC El Pañuelito, Usaquén
66. Jóvenes Reciclando Paz – Cerro Norte
67. La Casa de los Colores, La Calera
68. Marcha Carnaval Quindío – Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
69. Mesa Departamental Para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá
70. Mesa Hídrica de Vistahermosa, Meta
71. Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia –METTRAES
72. Movimiento Ambiental del Guavio
73. Movimiento Nacional Ambiental
74. Movimiento Ríos Vivos
75. Movimiento Social y Político Marcha Patriótica
76. Organización Regional Indígena de Casanare –ORIC
77. Organización Social Ambiental y Sindical –SINTRAPETROPUTUMAYO
78. Plataforma Ambiental Juventudes Unidas por la sostenibilidad del planeta
79. Proceso Campesino y Popular de La Vega – PCPV
80. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC Cauca
81. Programa SOMOS DEFENSORES
82. Proyecto Escuela Comunidad
83. Red Nacional del Agua Colombia
84. Red por la defensa del agua, la vida y el territorio de Inzá, Cauca
85. Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT
86. Sociedad Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanes -Capítulo Colombia
87. Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo – USO Subidrectiva Tauramena
88. Vamos por los Derechos