En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Chile revisó y aumentó las penas impuestas a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, eliminando la aplicación de la denominada “media prescripción”, una figura jurídica que a inicios de los años 2000 permitió que la Corte Suprema chilena, contando con algunos jueces pinochetistas, redujera las condenas y favoreciera la impunidad. Esta decisión ejecuta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 12 de marzo de 2024 en el caso Vega González y otros vs. Chile, a favor de las víctimas de la dictadura de Pinochet.

Durante décadas, los familiares de las agrupaciones: Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Agrupación de Familiares de Detenidos de Parral, lucharon por obtener justicia, pero en numerosos casos, al llegar ante la Corte Suprema de Chile, la aplicación de la media prescripción por parte de esta Corte permitió que agentes del Estado condenados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas recibieran penas desproporcionadamente leves, e incluso recuperaran su libertad, profundizando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.

Frente a esta situación, las víctimas y sus representantes llevaron el caso ante el sistema interamericano. En septiembre de 2024, la Corte IDH condenó al Estado de Chile por la aplicación inconvencional de la media prescripción y le ordenó revisar y/o anular las reducciones de pena aplicadas en 14 procesos penales relativos a crímenes de lesa humanidad, reafirmando que este tipo de delitos no admiten beneficios penales que relativicen la responsabilidad de sus autores. La Corte IDH declaró que esta práctica judicial consolidó una forma de impunidad incompatible con las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

Como resultado directo de este fallo internacional, la Corte Suprema chilena dejó sin efecto las reducciones de pena derivadas de la media prescripción y fijó nuevas condenas acordes con la gravedad de los crímenes cometidos. Esta decisión marca un hito en la lucha contra la impunidad en Chile y constituye una jurisprudencia decisiva en la garantía del derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, al reconocer que no puede haber sanciones irrisorias frente a crímenes de lesa humanidad.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) acompañó y representó durante varias décadas a los familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura chilena junto con las abogadas Karina Fernández y Magdalena Garcés. Este proceso, que representa un punto de inflexión en el fin de la impunidad en Chile, demuestra la importancia del litigio estratégico para fortalecer los estándares de rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad en la región y a nivel mundial.