El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” es una Organización No Gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales del derecho y estudiantes que apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores sociales y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural .
Desde su fundación el CCAJAR, ha hecho valiosos aportes en la lucha contra la impunidad y en la consecución de la verdad, justicia y reparación de muchas comunidades y víctimas de la violencia socio – política en Colombia. Prueba de ello han sido los procesos judiciales que ha liderado por el asesinato de Jaime Garzón, las interceptaciones ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en contra de Magistrados de las altas cortes, organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos y periodistas, masacres como La Rochela, Trujillo y Mapiripam.
Su papel decisivo en tomar la vocería de las victimas ha llevado a la reconstrucción de los hechos y a que se judicialicen a los responsables de las múltiples violaciones contra la vida y la integridad de los pobladores de estas regiones, en donde no existe la menor duda de la realización de masacres con el apoyo y la venía de órganos del Estado Colombiano; tal como lo ratifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado del 31 de octubre de 2011:
“…La masacre de Mapiripán fue realizada con apoyo logístico y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército de Colombia. Las omisiones del Ejército incluyeron la falta de colaboración con las autoridades judiciales que intentaron llegar al lugar de los hechos. En esta masacre y otras que han sido denunciadas ante el sistema interamericano en relación con Colombia, los órganos de supervisión de derechos humanos se encuentran frente al desafío de la determinación precisa de las víctimas debido a la naturaleza de los hechos, a la participación del Estado en los mismos y al incumplimiento del Estado de su obligación de investigar inmediatamente los crímenes cometidos…”
En este caso y en otros que han sido presentados ante el Sistema Interamericano como el de la Masacre de la Rochela perpetrada en enero de 1989 y el asesinato de Manuel Cepeda en agosto de 1994 como parte del exterminio de la Unión Patriótica; el papel del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha sido decisivo en la lucha contra la impunidad y para que el mundo conozca la barbarie del paramilitarismo; así como, la tolerancia y connivencia del Estado con estos grupos armados en Colombia. Convirtiéndose las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tanto para las víctimas como para la/os defensora/es, en herramientas de exigibilidad de derechos en Colombia.
La decidida labor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ha significado a sus integrantes, el convertirse en víctimas de diferentes hostigamientos como amenazas, atentados, persecuciones, y estigmatizaciones que ponen en riesgo constante sus vidas y el de sus familias a tal punto, que uno de sus miembros tuvo que salir del país por un largo tiempo en busca de salvaguardar su integridad y la de su familia.
Es de conocimiento público los diferentes mecanismos que se han utilizado para buscar el desprestigio de esta/os defensora/es de derechos humanos, entre ellos el amplio despliegue de inteligencia que se diseñó desde el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, el cual tuvo la misión de realizar “labores de inteligencia” contra el COLECTIVO DE ABOGADOS “José Alvear Restrepo” y que fue bautizada con el nombre de “OPERACIÓN TRANSMILENIO”, informes que constan de alrededor de mil folios ; además de diferentes pronunciamientos de miembros del alto gobierno descalificando su trabajo y diferentes manifestaciones en su contra, lideradas por algunas personas autodenominándose “movimientos nacionalistas y reserva activa de Colombia”, que buscan denigrar la labor ejercida por esta organización en representación de las víctimas de violaciones a derechos humanos en procesos penales en los que se encuentran comprometidos miembros de la Fuerza Pública .
Esta nueva acción en contra del Colectivo de Abogados que pretende poner en duda la honestidad y compromiso de su labor como organización defensora de derechos humanos, con la que ha conseguido que el Estado asuma su responsabilidad en la ejecución de masacres y otros atentados contra la vida y dignidad de la población colombiana, lo que ha implicado el juzgamiento y condenada de varios miembros de la Fuerza Pública; aparece cuando en el congreso de la república cursa en debate la “Reforma a la Justicia”, en la que se plantea que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares, y “en todo caso” se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio .
Manifestamos nuestro profundo respeto y admiración a toda/os y cada uno de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo por su trabajo y entrega en la lucha por la construcción contribución a la superación del conflicto armado interno y la consolidación de la democracia en el país.
Exigimos:
1. Al Estado Colombiano el cumplimiento de su labor de promoción y protección de los Derechos Humanos; así como que se adelanten las debidas y oportunas investigaciones en los diferentes casos de violación y vulneración de los Derechos civiles y políticos de los colombianos, sin pretender encubrir su ineficiencia ultrajando el buen nombre y la labor de los defensora/es de derechos humanos en Colombia.
2. A las autoridades nacionales que garanticen el ejercicio de la profesión y que se respete la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia, acogiendo entre otras, las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, quien visito el país en el año 2009:
Debe implementarse mecanismos que eviten el abuso del recurso a la denuncia penal contra abogados o a la judicialización para impedir que continúen ejerciendo la defensa en casos concretos, así como del recurso a acusaciones de que forman parte de organizaciones armadas ilegales o vinculadas al crimen organizado.
Debe otorgarse adecuados niveles de protección a los abogados que defienden en procesos sensibles
Debe otorgarse particular atención a las investigaciones de los asesinatos atentados, ataques, amenazas e intimidaciones contra los abogados;
Reiteramos que es obligación del Estado Colombiano investigar las violaciones de Derechos Humanos y garantizar la vigencia de los mismos, incluso garantizar el DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS.
“POR EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA; TODAS Y TODOS SOMOS COLECTIVO”
BOGOTÁ, NOVIEMBRE 3 DE 2011
Asociación Colombiana de Abogados Defensores “Eduardo Umaña Mendoza” ACADEUM
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