Comunidades afectadas por la construcción de las represas en varias regiones del país que hacen parte del movimiento social “Ríos Vivos”, realizan esta semana una gira de incidencia en la ciudad de Bogotá, con el fin de denunciar los impactos negativos de la construcción de estas megaobras para sus comunidades y territorios, que incluyen impactos ambientales, sociales y culturales, pero también graves denuncias por abuso de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos.

La construcción de las represas La Salvajina en el Cauca, Urrá en Córdoba, Hidrosogamoso en el departamento de Santander, El Quimbo en el Huila e Hidroituango en Antioquia, están dejando a su paso el desplazamiento de comunidades que se han ido quedando sin tierras donde llevar adelante su proyecto de vida, pero también la desaparición forzada de un líder, el asesinato de cinco en Santader, y 51 a nivel nacional, las amenazas contra 31 líderes y lideresas de Ríos Vivos, la judicialización infundada de más de 25, la tortura de dos e intento de secuestro de dos más, así como el desplazamiento de 100.000 personas a nivel nacional por causa de las represas.

Los principales impactos de las represas que denunciarán las comunidades ante autoridades nacionales y representaciones diplomáticas son: la destrucción de ecosistemas estratégicos, el desplazamiento de las poblaciones, el despojo de tierra, desalojos forzosos a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Principalmente en el proyecto hidroeléctrico el Quimbo y en Hidroituango, se han dado múltiples desalojos forzosos a las comunidades de pescadores y barequeros del río.

En el caso de Hidroituango, 500 familias han sido desalojadas a la fuerza con ocasión del proyecto, y se han construido tres bases militares. La creciente militarización de la zona ha ido paralela a un incremento de las violaciones a los derechos humanos, tanto en el marco del conflicto armado como por empresas de vigilancia y los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín, titulares de la obra. En todo el cañón del cauca se han presentado 49 masacres por grupos paramilitares y la mayor parte de la población ha sido desplazada por el conflicto.

En Santander, las mujeres de las comunidades afectadas por Hidrosogamoso han liderado la protesta pacífica que sostienen frente de la gobernación de Santander por más de cinco meses exigiendo tierra para los afectados y proyectos productivos para recomponer el proyecto de vida. En el marco de estas protestas, también ha habido abusos de la fuerza pública que las sacó por la fuerza cuando ellas se encadenaron en las puertas de la gobernación de Santander. Allí también se presentaron casos de violencia sexual documentados por Ríos Vivos.

En materia ambiental, una sentencia de la Corte Constitucional obligaba a Isagén a retirar todo el material vegetal de la zona, decisión que fue incumplida produciendo enfermedades y malos olores en la zona circundante a las obras. Ríos Vivos también ha documentado la incidencia de la construcción de Hidrosogamoso en el segundo nido sísmico del mundo con los movimientos telúricos que se han tenido últimamente como epicentro el departamento. Además de el secamiento del río Sogamoso.

En el caso de Urrá, la represa ha secado los manglares de la parte baja del río Sinú, afectando la pesca hasta la extinción de la especie del Bocachico. Las cifras que las organizaciones de pescadores de la zona manejan son de cerca de 25.000 personas han sido desplazadas por perder su actividad económica relacionada con la pesca en el bajo Sinú, con graves afectaciones para los pueblos Embera Katío y Zenú.

Con relación al proyecto hidroeléctrico de la Salvajina, esta represa construida desde los años 80 desplazó a 10.000 afrocolombianos de la región de Suárez, Cauca. Hoy los nuevos proyectos de repotenciación de esta represa traen consigo el peligro del desvío del río Ovejas además de la las consecuencias ambientales ya vividas por la comunidad como la sedimentación y la inundación de sitios sagrados como el cementerio.

La gira de inicidencia irá hasta el día viernes 31 de julio, durante toda la semana, las y los líderes se reunirán con funcionarios del Ministerio del Interior, Defensa y Minas y Energía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y Restitución, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo y las Embajadas de Noruega y Brasil. También realizarán el foro el foro: Extractivismo y experiencias de resistencia desde los territorios.

A su regreso a las regiones, las y los líderes de las comunidades esperan volver con avances reales en la protección de sus derechos y soluciones al despojo de tierras al que han sido sometidos como consecuencia de la construcción de estas represas.