Silvana Habib Daza antes de este nombramiento venía liderando el proceso de aceleración de los llamados Proyectos de Interés Nacional Estratégicos, entre ellos varias iniciativas de exploración y explotación de minerales como los de Eco Oro en Santander y AngloGold Ashanti en el Tolima. Foto: El Pilón

El Gobierno Nacional designó recientemente a la abogada Silvana Habib Daza como presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), entidad encargada de otorgar títulos de exploración y explotación de minerales en el país.

Las primeras declaraciones de la alta funcionaria en el sentido de que su prioridad es darle trámite ágil a las solicitudes de licencias mineras que están represadas y las expresiones de júbilo de los voceros de la gran minería, no permiten albergar muchas esperanzas sobre la imparcialidad de su gestión y evidencian el compromiso gubernamental con las políticas extractivistas a toda costa que sin tener en cuenta los graves impactos ambientales y sociales de la gran minería insisten en dar rienda suelta a la llamada “locomotora minera”.

De hecho, Silvana Habib Daza antes de este nombramiento venía liderando el proceso de aceleración de los llamados Proyectos de Interés Nacional Estratégicos, entre ellos varias iniciativas de exploración y explotación de minerales como los de Eco Oro en Santander y AngloGold Ashanti en el Tolima.

Por algo el presidente de Fenalcarbón (Federación Nacional de Productores de Carbón), Alfonso Saade, sin ocultar su alegría por esta designación, manifestó:
“Creemos que es una persona adecuada para el cargo, es una persona joven, una profesional que viene manejando estos temas mineros estratégicos desde la Presidencia, por eso lo vemos con buenos ojos”. A su vez el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, Santiago Ángel Urdinola, sostuvo que la nueva rectora de la ANM tiene cancha en solucionar cuellos de botella y eso es lo que necesita el sector.

Sin muchos rodeos el ejecutivo de la asociación que agrupa a las grandes mineras agregó: “Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones ágiles y rápidas, sin tantas vueltas legales. Nosotros los empresarios estamos dispuestos a dar nuestro grano de arena para que esto funcione”.

Esta situación coincide con otros aspectos preocupantes como la reciente reducción de las tarifas del impuesto que pagan las empresas por explotar minerales en el subsuelo, conocida como canon superficiario y el permiso para lo que eufemísticamente se conoce como métodos no convencionales de exploración y más exactamente fracturamiento hidráulico o “fracking”, concedido a una empresa canadiense por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

La prisa por agilizar las licencias no es muy acorde con la retórica gubernamental sobre medidas contra el calentamiento global ni con el principio de precaución que invocó la Contraloría en reciente pronunciamiento en que alerta contra el riesgo que conlleva para el medio ambiente, el agua, los recursos naturales y la salud pública el fracturamiento hidráulico, que ya ha sido prohibido en varios países.

Si realmente se desea revertir los efectos del calentamiento global es necesario sintonizar la política minera con los principios sociales y ecológicos que guían la Constitución y cambiar el modelo extractivista que tantos daños viene causando a la naturaleza y a la sociedad.