Nosotros, los miembros de La Alianza por la Justicia Global, estamos muy preocupados por las noticias recibidas a través de la organización colombiana Lazos de Dignidad, referente a los abusos recientes contra prisioneros políticos y de guerra en el Establecimiento Penitenciario de Valledupar, mas conocido como “La Tramacúa”. Foto: elpilon.com.co
LA ALIANZA POR LA JUSTICIA GLOBAL DIFUNDE DENUNCIA PÚBLICA CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE COLOMBIA (INPEC) POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA PRISIONEROS DE LA PENITENCIARÍA “LA TRAMACÚA” EN VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR – COLOMBIA, Y APOYA Y EXIGE EL CIERRE INMEDIATO DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO, POR LOS HECHOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN,
Nosotros, los miembros de La Alianza por la Justicia Global, estamos muy preocupados por las noticias recibidas a través de la organización colombiana Lazos de Dignidad, referente a los abusos recientes contra prisioneros políticos y de guerra en el Establecimiento Penitenciario de Valledupar, mas conocido como “La Tramacúa”.
Por otro lado, hemos recibido con alegría la SENTENCIA T-282 de 2014 emitida por la Corte Constitucional, donde se exige el cese de las arbitrariedades cometidas contra los prisioneros del Centro Penitenciario de Valledupar, y el fin a las condiciones injustas a las que son sometidos. El plazo establecido por la Corte Constitucional a través de esta sentencia, para que el centro penitenciario cambie y garantice condiciones de estadía dignas para los reclusos, es hasta octubre de 2015, de lo contrario si no se cumple con las demandas de la Corte, se procederá a su clausura.
Otro punto importante que también ha sido incluido en este fallo, es la demanda de la Corte para que se establezca un protocolo oficial en los casos de protesta de los internos de la cárcel, el cual debe ser respetado por las autoridades y los guardias de seguridad. Lamentablemente, y a pesar de la decisión de la Corte Constitucional, hemos recibido nuevas denuncias de abusos por parte del centro penitenciario hacia los prisioneros.
De igual manera, nos encontramos conmovidos por los informes recibidos sobre los eventos ocurridos entre Octubre de 2014 y Enero de 2015, específicamente el caso del fallecimiento del prisionero JOSÉ LUIS POLO TORREGROSA el pasado 25 de octubre de 2014, por falta de tratamiento médico adecuado (negligencia médica); el abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la guardia del centro penitenciario en el mes de diciembre de 2014, ante la protesta del prisionero ELKIN FIGUEROA RIVERA por no recibir atención médica. Elkin, fue golpeado y esposado, y posteriormente, al lado de su hermano OSCAR FIGUEROA RIVERA quien acudió en su ayuda y también fue puesto en estado de indefensión, fueron trasladados a celdas de aislamiento donde permanecieron toda la noche en medio de torturas y golpes. Y los ataques violentos ocurridos el pasado 12 de enero de 2015 contra los prisioneros retenidos en la Torre 5 de la Penitenciaría, iniciados por la guardia del penal contra el prisionero LEONARDO YEPES, quien trató de ser auxiliado por sus compañeros de prisión.
En referencia al caso de la muerte trágica de JOSE LUIS POLO TORREGROSA, del cual fuimos informados por la Fundación Lazos de Dignidad, supimos que Torregrosa rogó repetidamente por un tratamiento adecuado para una afección pulmonar que lo aquejaba; interpuso y ganó varias acciones de tutela donde se ordenaba su atención médica, fallos que nunca fueron acatados, y finalmente, y gracias a las gestiones de su madre ante la Defensoría del Pueblo, por el deterioro de salud de su hijo, recibió valoración médica, diagnosticándole una tuberculosis avanzada. Lamentablemente, sólo recibió atención hospitalaria en sus últimas horas de vida. Nosotros, la Alianza por la Justicia Global, nos encontramos familiarizados con estas historias y consideramos que la salud de los prisioneros no es una prioridad para el sistema carcelario de la Tramacúa, el cual ha sido construido a imagen del sistema estadounidense. Esta negligencia en la prestación del servicio de salud de los reclusos es epidémica para los dos sistemas carcelarios, y en muchas ocasiones, constituye una forma de tortura y, en los peores casos, una sentencia de muerte extrajudicial.
De igual manera, sentimos pena al escuchar sobre el trato cruel e inhumano recibido por el prisionero ELKIN FIGUEROA RIVERA cuando reclamó atención médica. El pasado mes de diciembre de 2014, Figueroa expresó sus quejas por no recibir atención médica, y en respuesta recibió golpes y fue esposado por la guardia. A su defensa vino el hermano y compañero de prisión, OSCAR FIGUEROA RIVERA, lo que generó un operativo de la guardia, por lo que los reclusos se subieron a la estructura del penal donde Oscar Figueroa Rivera, en su desesperación, estuvo a punto de suicidarse. Luego de restablecerse la calma, según el informe de Lazos de Dignidad, los agentes del INPEC “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario” (Teniente SACHICA, cabo GUERRERO y cabo MENDOZA), “asumieron el compromiso de no golpearlos y procediendo a trasladar a los reclusos a celdas de aislamiento en total estado de indefensión, donde permanecieron durante toda la noche, siendo torturados con el uso de gases lacrimógenos en los genitales, golpes en su humanidad y lanzamiento de material fecal, siendo devueltos al día siguiente a la torre.”
Con respecto al informe que recibimos el 12 de enero, 2015, fue reportado que LEONARDO YEPES fue encontrado por guardianes en una área restringida. Los guardianes demandaron a Yepes que se sujetara a una inspección, con lo que el cumplió sin resistencia. Pero en lugar de la inspección, los guardianes empezaron a golpear a Yepes. Según un informe de Lazos de Dignidad, “El 12 de enero de 2015…los Prisioneros en la Torre 5…denunciaron que alrededor de las 3:30 horas, dos guardianes agredieron físicamente al interno LEONARDO YEPES (TD 3592), a quienes sus compañeros de prisión auxiliaron, ante lo cual el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) emprendió un operativo desproporcional, arrojando contra los prisioneros granadas lacrimógenas y golpeando en la humanidad a todo aquel que se interponía, mediante el uso bastones de mando y armas contundentes no convencionales que los prisioneros describen como “un garrote cuadrado, un palo largo (mango de una pala), una pata de una mesa y dos tábanos”. Debido al abuso de poder y uso desproporcional de la fuerza por parte del GRI, algunos prisioneros se subieron a la estructura del penal, a una altura de cuatro pisos, donde los guardianes, entre ellos el DRAGONEANTE REYES, les echaron gas pimienta en los ojos y la cara, les golpearon las manos con sus bastones de mando pretendiendo tumbarlos, poniendo en riesgo la vida de los prisioneros, razón por la cual varios prisioneros intervinieron para socorrer a sus compañeros, siendo agredidos también por la guardia y finalmente a los internos en riesgo bajaron de las estructuras usando lazos improvisados de sabanas.”
A causa de estas acciones, la Fundación Lazos de Dignidad nos ha informado que los internos Alex Jimi Jimi, Jorge Luís Barrera Martinez y Cristian Herrera Calero estaban encarcelado por “…4 días de aislamiento e incomunicación en un calabozo que mide aproximadamente 3 x 2 mts el cual denominan ‘Villa Mosquito’ debido a que está plagado de sancudos, donde los prisioneros no tienen acceso a la luz, al agua y según los denunciantes constantemente la guardia les lanza gases lacrimógenos.”
Somos personalmente conocedores de la historia de este penitenciario. Raquel Mogollón visitó La Tramacúa en Junio de 2011 en nombre de la Alianza, dos días después de un ataque masivo por guardianes del INPEC, contra internos quienes mantenían una protesta no violenta contra las malas condiciones de la cárcel. Ella participaba en una delegación dirigida por el representativo (y ahora senador) Iván Cepeda, y también incluyendo integrantes de la Fundación Lazos de Dignidad, y Justicia por Colombia (organización británica de solidaridad).
Mogollón nos informó que, “Fue increíble…Vi a varios presos que necesitaban tratamiento médico desde el reciente asalto: personas con cortes abiertos, profundas heridas y erupciones a causa del gas pimienta. ” Según testigos, el asalto del 11 y 12 de junio y el de 2011 se llevó a cabo bajo las órdenes del Ministro del Interior y de justicia, que tiene carga sobre las cárceles de Colombia. Mogollón dijo: “algunos de los prisioneros aún tenían gas pimienta en sus camisetas y en su pelo, aunque ya había pasado dos días desde el ataque. No había agua suficiente para limpiar.” Muchos de los presos en huelga habían formado hamacas y arneses improvisados y habían sido suspendidos, colgando desde los balcones hasta cinco pisos de altura, como una forma de protesta. Uno de los prisioneros, Wilson Rodríguez, dijo a Mogollón, “Cortaron nosotros todos porque no querían que ustedes nos ven.” Él y los otros presos habían estado colgando desde los balcones por 33 días. “No había mucho más que podríamos hacer. Fue la única manera por cual podamos protestar.”
Ella nos reportó, con respecto al asunto del abastecimiento del agua que, “Es importante entender que esta [la región donde está localizada La Tramacúa] es una esfera de ríos, ranchos y fincas. Pero alrededor de más o menos un kilómetro para arriba, donde el agua cae, toda la tubería es vieja…. Los presos dicen que tenían acceso al agua unos10 minutos al día. La prisión fue absolutamente caliente y casi asfixiante con unas pocas tuberías de agua. Qué era realmente malo – le di un vistazo a las botellas de agua [donde colectan los presos el agua para el día cuando tienen los 10 minutos de acceso]. Estaban todos llenos de moho. Ellos no son capaces de limpiar sus jarras de agua. Simplemente no hay suficiente agua disponible. En un momento dado, se podía oír el agua empezar a correr que sale por los tubos. Todos los hombres comenzaron a correr….”
Como estadounidenses, tenemos mucha responsabilidad relacionada con esta institución. Sabemos que fue construida en el año 2000 con financiamiento, formación y consejo estadounidense, y que la cárcel era la primera de un programa para reestructurar el sistema penitenciario colombiano en un modelo estadounidense, es decir, un modelo de encarcelamiento masivo y de humillación institucional para los internos, en lugar de políticas y programas de resocialización. De hecho, desde el inicio de este programa, el hacinamiento en las cárceles colombianos ha llegado a 58%, el más alto en la historia del país. Es una fuente de vergüenza para nosotros que debemos reconocer los abusos y malas condiciones de La Tramacúa como resultado de las políticas y los proyectos hechos en nuestro nombre, con los recursos del pueblo estadounidense. Así, juntamos nuestras voces a las voces de los colombianos y colombianas, y de los internacionales para exigir la clausura inmediata de La Tramacúa.
Hemos seguido con atención especial los eventos de La Tramacúa y estamos bien informados sobre su historia entera. Hemos acompañado y abogado para mejores condiciones y respeto por los derechos humanos desde hace años. También hemos recolectado más de mil firmas para una petición sobre La Tramacúa y hemos difundido una carta abierta con firmas de personas y organizaciones reconocidas. Hemos hablado con oficiales del congreso y del Departamento de Estado estadounidense sobre el papel estadounidense en la institución. Hemos visitado a oficiales del INPEC, y hemos movilizado cientos de cartas, llamadas y correos electrónicos de nuestros seguidores en apoyo de los derechos humanos de los prisioneros. Pero nuestras quejas internacionales han sido ignoradas, al igual que las quejas de los prisioneros. De hecho, después de nuestra visita a la Tramacúa en el 2011, en cada petición realizada, hemos pedido permiso para visitar de nuevo esta u otras cárceles construidas o asesoradas por agencias del gobierno estadounidense, y nos han negado la entrada. Es decir, que la falta de respuestas adecuadas a nuestras peticiones, el incumplimiento de las partes responsables parar mejorar las condiciones en la Tramacúa, el flujo constante de denuncias por agresiones, torturas y otros ultrajes cometidos contra los internos, y los abusos cometidos después del fallo de la Corte Constitucional, nos han convencido que la única solución justa para los problemas extremos de La Tramacúa, debe ser su clausura inmediata.
Con respecto al Congreso estadounidense, la Casa Blanca y el Departamento del Estado y el Buró de Prisiones de los EE.UU., demandamos que terminen todo financiamiento y participación en el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario de Colombia. Según este acuerdo,
“De conformidad con la ley y la política de los Estados Unidos no se suministrarán bajo este Acuerdo fondos del Gobierno de los Estados Unidos para el financiamiento de los proyectos presentados por el Ministerio de Justicia y del Derecho- INPEC si existe evidencia que sus funcionarios han cometido graves violaciones contra los Derechos Humanos, a menos que la Secretaria de Estado determine que se están tomando medidas efectivas para llevar ante la justicia a los funcionarios que sean responsables de tales violaciones.
Las partes entienden que ‘medidas efectivas’ significa que las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar se adelanten de conformidad con la ley colombiana.”
Es casi 15 años desde la ratificación de este acuerdo, y su legado ha sido una cuenta de violaciones, abusos y malas condiciones en la Tramacúa. Con estos informes de abusos cometidos desde la SENTENCIA T-282 de 2014 del Corte Constitucional, podemos ver que la realidad es que ni el INPEC, ni el gobierno colombiano han tomado las gestiones que podamos llamar ‘medidas efectivas’ para resolver la situación.
Además declaramos nuestro apoyo para las otras demandas anunciadas por Lazos de Dignidad y los prisioneros políticos de la Tramacúa, incluyendo:
“1. Que la CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA declare el incumplimiento de la SENTENCIA T-282 de 2014 y en consecuencia ordene el CIERRE INMEDIATO del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar, en razón a los hechos denunciados en el presente escrito.
2. Que el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN ejerza el PODER PREFERENTE y abra investigación disciplinaria contra los funcionarios del INPEC responsables de las graves violaciones a los derechos humanos consumadas el 12 de enero de 2015 contra los prisioneros Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar.
3. Que la DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
a. Realice VISITA URGENTE de verificación y recolección de testimonios de los Prisioneros en la Torre 5 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar.
b. Solicite al Instituto Nacional de Medicina Legal realizar VALORACION URGENTE a los prisioneros heridos en los hechos del 12 de enero de 2015, a fin de determinar las incapacidades medico legales de las víctimas.
c. Que solicite a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN abrir INVESTIGACIÓN PENAL contra los funcionarios del INPEC responsables las graves violaciones a los derechos humanos y delitos consumados el 12 de enero de 2015 contra los prisioneros Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar.
d. Coadyuve ante la CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA nuestra petición de CIERRE INMEDIATO del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar por violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra los reclusos por la guardia del penal, aportando las pruebas recaudadas mediante visita de verificación.
e. Coadyuve ante el Procurador General de la Nación nuestra solicitud de ejercicio del Poder Preferente y abra investigación disciplinaria contra los funcionarios del INPEC responsables de las graves violaciones a los derechos humanos consumadas contras los prisioneros el 12 de enero de 2015.”