Desde el 17 de octubre, cuatro líderes comunitarios fueron asesinados en diferentes partes de Colombia. Las víctimas son el afrocolombiano Jairo Cortes (Tumaco), la indígena Liliana Astrid Ramírez Martínez (Coyaima, Tolima), Elicier Carvajal (Puerto Guzmán, Putumayo) y Liliana Patricia Cataño Montoya (Medellín, Antioquia).
Dado el alarmante número de asesinatos, incidentes de seguridad y amenazas, le pedimos a los legisladores estadounidenses hacer todo lo posible para convencer a las autoridades colombianas de tomar medidas audaces, eficientes y constructivas para enfrentar la crisis de seguridad que enfrentan los líderes y defensores comunitarios. Continuaremos presenciando más asesinatos a menos que las autoridades colombianas lleven a los autores de estos crímenes ante la justicia y brinden una protección efectiva a estas comunidades.
Además de lo anterior, presentamos los siguientes casos:
Líder de sustitución de coca muerto en Bajo Cauca (Antioquia)
El 23 de octubre, asaltantes armados mataron al afro descendiente Miguel Pérez, miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC) y al Coordinador de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) que lideraba la sustitución voluntaria de coca en el municipio de Tarazá. Según informes, grupos paramilitares habían declarado objetivos militares a los campesinos involucrados en los esfuerzos de sustitución de cultivos objetivos militares diciendo que eran “sapos” o informantes que perturban el tráfico de drogas. Los 9 miembros restantes de la junta de ASOCBAC corren un alto riesgo de sufrir el mismo destino que el Sr. Pérez. Han recibido mensajes de paramilitares que afirman que deben dejar de hacer actividades de divulgación sobre el proceso de paz y sustituir la coca por otros cultivos. Se firmaron cinco acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos con las autoridades colombianas en Tarazá, Cacarés, Anori, Ituango, Campamento y en la región del Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Si bien se entregaron algunos de los artículos prometidos a pequeña escala, el principal problema sigue siendo la necesidad general de infraestructura, servicios sociales, mercados y otros artículos más grandes necesarios para hacer que la sustitución de cultivos sea sostenible para los campesinos locales.
Paramilitares matan un hombre en Cacarica y se apoderan del territorio afrocolombiano (Chocó)
El 14 de octubre, se encontró el cuerpo sin vida de José Merlín Murillo flotando a lo largo de los manglares en el territorio colectivo afrocolombiano de Cacarica. La Comisión Intereclesial para la Justicia y la Paz (ICJP) y WOLA han denunciado la actividad paramilitar en esta región del norte del Chocó desde el año pasado. Los paramilitares están ejerciendo el control sobre 17 de las 23 comunidades en esta región. Restringen la libertad de movimiento, intimidan y acosan a los locales, y amenazan la vida de los líderes y defensores de los derechos humanos. La ICJP informa regularmente sobre la actividad paramilitar en el área. El 18 de octubre, siete paramilitares pertenecientes a la AGC fueron vistos navegando en un bote blanco y rojo a solo quince minutos del puesto de control militar de la Marina de Colombia de la Travesía. En el punto de descanso de botes de La Tapa (Cacarica), los paramilitares amenazan constantemente a líderes y defensores. A pesar de las reiteradas denuncias a las autoridades colombianas, se está haciendo poco para abordar esta situación y proteger a los afrocolombianos locales
Líder indígena asesinado por paramilitares (Chocó)
El 7 de octubre, el líder indígena y ex gobernador Esquivel Manyoma fue asesinado por paramilitares. Sus familiares y miembros de la comunidad vieron cuando la noche anterior lo sacaron a la fuerza de su casa. Los testigos identificaron a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como sus atacantes. La Mesa Indígena del Chocó pide que el gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo investiguen este asesinato. Los miembros del Medio Baudó siguen asustados y le urgen a las autoridades colombianas que los protejan de los grupos paramilitares.
Conductores de autobuses reciben amenazas de muerte por actividad sindical (Medellín)
El 23 de octubre, la Escuela Nacional del Trabajo (ENS) informó que John Fredy Pulgarin de SINTRAPLUS (sindicato de conductores del sistema de buses Metroplús en Medellín) ha sufrido múltiples incidentes de seguridad y amenazas de muerte en los últimos tres meses. El Sr. Pulgarin está bajo ataque por su lucha para mejorar los derechos laborales de los conductores. A pesar del Plan de Acción Laboral de los EE. UU.-Colombia que elimina las “cooperativas de trabajo”, la contratación de terceros sigue siendo la norma en esta industria. La subcontratación ilegal que causo el empeoramiento de las protecciones laborales que comenzaron en 2013 llevaron a los conductores a sindicalizarse e iniciar protestas. SINTRAPLUS ha presentado demandas contra la empresa Metroplús. Este esfuerzo ha resultado en ataques contra el Sr. Pulgarin y otros miembros del sindicato, incluido John Fredy Zabala.
Soldados matan a un miembro de la comunidad indígena y hieren a otros (Cauca)
Según la Red de Derechos Humanos del Suroeste de Colombia, el 21 de septiembre el Batallón de Alta Montaña No. 8 del ejército asesinó a José Adalberto Torijano e hirió a otros tres indígenas en Corinto, Cauca. Los soldados ingresaron al área para quemar laboratorios de drogas y detener a personas con sospecha de actividades delictivas ilícitas. Cuando la comunidad se acercó al primer grupo de soldados, otros comenzaron a disparar, amenazar a los indígenas y dispersar gases lacrimógenos. El resultado fue la muerte del Sr. Torijano y otros tres indígenas heridos. Este incidente debe ser investigado a fondo por las autoridades colombianas.
La CEEU considera que paramilitares son los más responsables de los asesinatos de defensores
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CEEU), una coalición de 269 organizaciones nacionales que informa sobre el impacto político de las violaciones a los derechos humanos en toda Colombia, afirma que los paramilitares son la principal causa de muerte de defensores de derechos humanos. Muchos de estos asesinatos siendo perpetrados en lugares anteriormente controlados por las FARC. Particularmente afectado por este fenómeno esta Antioquia, donde la violencia contra los sindicalistas, el crimen organizado y la corrupción es alta.
Comunidades en Chocó y Antioquia se enfrentan a la violencia, la intimidación y el desplazamiento
El “think tank” jesuita -Centro de Investigación y Educación Popular, Instituto de Capacitación (CINEP) y la Asociación de Comunidades y Organizaciones Afrocolombianas del Bajo Atrato (ASCOBA) informan que en los meses de septiembre y octubre comunidades como La Larga y Tumaradó han sido atacados por grupos armados ilegales. Estas comunidades están siendo sometidas a violencia, amenazas y desplazamiento forzado. El 2 de octubre, un líder de la comunidad en Villa Eugenia fue amenazado mientras estaba en casa. Este líder (cuyo nombre no se revela) no ha recibido suficientes medidas de protección del gobierno a pesar de haber sido victimizado en el pasado. Ese mismo día, líderes comunitarios de Blanquicet fueron informados por estos grupos que enfrentarían ejecución si no abandonaban sus tierras. Estos hombres comenzaron a incendiar sus hogares y las amenazas de muerte están circulando dentro de esta comunidad. Durante este período, agricultores en La Madre Unión también recibieron amenazas de muerte. Les dijeron que debían ceder un porcentaje de sus cultivos a estos grupos. El CINEP y la ASCOBA hacen un llamado a la Fiscalía General para que investigue todos los delitos que condujeron al desplazamiento en el Bajo Atrato, Chocó y Urabá, Antioquia.
Pistoleros no identificados atacan físicamente a dos propietarios (Antioquia)
El 3 de octubre, hombres armados secuestraron a Fidencio Calle de su casa en Turbo, lo llevaron a una granja y procedieron a golpearlo con una pistola y ramas de árboles. Los hombres amenazaron al Sr. Calle de que si denunciaba el incidente “sabía lo que sucedería”. Poco después, los mismos atacantes detuvieron a Juan Viloria que se dirigía a su casa en su motocicleta después de una reunión. Forzaron al Sr. Viloria al suelo, donde lo patearon y golpearon hasta el punto de inconsciencia. También le dieron el mismo mensaje que recibió el Sr. Calle. Ambos hombres forman parte de la Asociación de la Tierra y la Paz y han recibido amenazas anteriormente. Además, el área en donde ocurrieron los ataques se encuentra dentro del territorio del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, donde avanza el proceso de restitución colectiva para los afrocolombianos. El presidente del Consejo, Pablo Antonio, denunció estos crímenes y pidió a las autoridades que protejan a la comunidad y a las instituciones responsables de estos reclamos de tierras para completar el proceso de restitución.
ACIN informa que las comunidades indígenas están en riesgo (norte de Cauca)
La Asociación del Consejo Indígena del Norte del Cauca (ACIN) emitió una acción urgente el 25 de agosto. En ella hacen un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas en el área norte del Cauca. Informan que el 10 de agosto, dos personas fueron asesinadas en el resguardo indígena de Huellas municipio de Caloto. Este incidente siguió al asesinato de otro hombre en Las Delicias el 15 de agosto. El 24 de agosto tuvo lugar un enfrentamiento armado entre el ELN y el Ejército colombiano en Caloto. Este combate y el aumento de la militarización han puesto a la comunidad indígena en alerta máxima. El 27 de agosto, se descubrieron explosivos y armas artesanales en Corinto. Estos incidentes y el aumento de las amenazas de muerte ponen a estas comunidades indígenas en riesgo.
Paramilitares amenazan a la Unión Patriótica
El 6 de septiembre, se reveló que paramilitares de las AGC están circulando una amenaza de muerte contra miembros del partido político de la Unión Patriótica, que incluye a la ex candidata presidencial Aida Avella. El folleto amenaza que si no abandonan las próximas elecciones antes del 20 de octubre, sufrirán las consecuencias.
El Ministerio de Trabajo de Colombia no responde ante el despido injusto de los trabajadores portuarios
Como WOLA ha denunciado reiteradamente el tema del despido de trabajadores portuarios por actividades sindicales y razones arbitrarias continúan sin una acción adecuada por parte del Ministerio de Trabajo de Colombia. El 15 de octubre, el Comité de Solidaridad de Portland Centroamérica (PCASC) le envió una carta al presidente Santos que incluye una lista de 22 trabajadores que fueron despedidos injustamente por varias empresas que operan en los puertos. Según PASC, el número de trabajadores despedidos podría ser tan alto como 200. Le recordamos a las autoridades de los Estados Unidos que los puertos son un sector prioritario en el Plan de Acción Laboral de los EE. UU.-Colombia donde la subcontratación debe ser eliminada. Estos trabajadores están siendo despedidos precisamente debido a su actividad sindical y a sus esfuerzos por eliminar la subcontratación. El Departamento de Trabajo de los EE. UU. Debe tomar medidas firmes para responder a estos despidos y proteger la actividad sindical en los puertos.
Sindicato denuncia empresa de producción Avícola (Bolívar)
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Alimentación informa que los trabajadores de Avícola Madrono enfrentan condiciones de trabajo deficientes. Esta precariedad está llevando a enfermedades ocupacionales. Como resultado, los trabajadores se ven obligados a traslados sin previo aviso más de una vez sin explicación y/o una disminución en el salario. En una reunión reciente con los administradores, los sindicalistas pidieron que estas condiciones mejoren.
Petróleo Manuelita descarta participar en actividad sindical (Meta)
El 19 de septiembre, Orlando Flórez representante de Petróleo Manuelita declaró en una reunión con sindicalistas que no hay una persecución contra ellos. Los trabajadores, por otro lado, informan acoso, persecución y maltrato por parte de los gerentes de la compañía. Petróleo Manuelita despidió a dos trabajadores después de que participaran en las capacitaciones sobre derechos laborales organizadas por SINTRAIMAGRA (Sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentación). El sindicato señala que Eduardo Castillo, Héctor Rodríguez, Jorge Aldana y Axcel Martínez sufrieron hostigamiento.
Campaña para levantar sanciones contra líder sindical (Bogotá)
El 10 de octubre, 6,609 personas firmaron una petición en apoyo a Carlos Castañeda Ravelo, presidente de la Unión Unitaria Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) y director de la sección CUT Bogotá-Cundinamarca. La campaña dirigida por la Federación Internacional de Empleados de Servicios Públicos hace un llamado al Fiscal General de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, para que revise el caso de Ravelo y retire las sanciones en su contra. En el 2006, Ravelo fue despedido y sancionado por un período de 10 años como parte de una represalia política. El Fiscal General presentó una demanda para levantar la inmunidad sindical de Ravelo y el caso será escuchado ante la Corte Suprema de Bogotá en noviembre.
Orden de desacato presentada contra el Fiscal General re: asesinato extrajudicial de un menor en Cali (Valle del Cauca)
El 28 de septiembre, la Corporación de Justicia y Dignidad presentó una orden de desacato contra la Procuraduría General de Cali por incumplimiento del caso de asesinato de Diego Alonso Castiblanco Aguirre, de 17 años. El 9 de abril de 2008, Aguirre salió de su casa temprano en la noche para comprar fruta de alguien que luego fue identificado como reclutador de “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales) para el ejército. Disparos se escucharon 10 minutos después. La fuerza militar después afirmó que el asesinato de Aguirre era justificable porque formaba parte de una banda criminal y trabajaba como traficante de drogas. Cinco miembros del Batallón de Ingenieros No.8 fueron encontrados responsables del asesinato más tarde. Después de nueve años, el caso aún se encuentra en la etapa preliminar, sin testigos ni oficiales responsables que idearon el delito llamados a declarar, a pesar de la abrumadora evidencia provista por la CJD. Como resultado, un tribunal de Cali le impuso sanciones al Procurador General de la Nación por desafiar las órdenes de un juez constitucional en este caso.
En el lado positivo, informamos lo siguiente:
La Comisión Étnica se reúne con el Embajador de los Estados Unidos y el Director de USAID (Bogotá)
El 27 de septiembre, la Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales se reunió con el embajador estadounidense Kevin Whitaker y el director de la misión de la USAID en Colombia, Lawrence Sacks, para dar a conocer que los líderes afrocolombianos e indígenas no están siendo consultados en los decretos, legislación y otros esfuerzos para implementar el acuerdo de paz de las FARC. El diálogo constructivo con las autoridades estadounidenses cubrió temas como la exclusión en la formulación de un plan con un enfoque territorial para la erradicación de cultivos ilícitos, la necesidad de incluir indicadores étnicos de gestión e impacto en el Plan Marco (acuerdo para implementar el acuerdo de paz), y la necesidad de garantizar un enfoque de género diferenciado. El Embajador Whitaker abogó por el fortalecimiento de la inclusión del enfoque étnico y de género en la implementación del acuerdo de paz. La Comisión Étnica está agradecida por el papel que ha desempeñado la Embajada de los Estados Unidos en el apoyo a la inclusión de las minorías étnicas en el proceso de paz y su implementación. Le urge a la Comisión de Monitoreo, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI) a que haga de las minorías étnicas una prioridad en este proceso.
Le agradecemos de antemano su atención a las cuestiones de derechos humanos en Colombia.
Para obtener más información, póngase en contacto con Gimena Sánchez-Garzoli: [email protected] o Sebastian Bernal: [email protected] o (202) 797-2171.
Sinceramente,
Gimena Sánchez
WOLA
