La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de este año, solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para proteger al defensor de derechos humanos Alberto Yepes Palacio, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), ante la serie de amenazas, ataques y actos de violencia a los que se ha visto sometido en los años recientes.

Para la CIDH esta situación de riesgo, “se estaría presentando como una retaliación debido a las actividades que ejerce el señor Yepes Palacio como coordinador de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos que ha venido presentando informes sobre el contexto de violencia en Colombia y específicamente sobre ejecuciones extrajudiciales en donde se vincula a miembros del crimen organizado y de las Fuerzas Armadas”.

La protección internacional fue requerida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y el Observatorio de Derechos Humanos de la red, ante la cadena de asaltos, robos de información, actos de intimidación y amenazas de muerte mediante panfletos, de las que fuera víctima el defensor de derechos humanos. Recientemente, el Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos fue objeto de incursiones ilegales y robos en su lugar de domicilio, que se extendieron luego a su nueva residencia. Algunos intentos de ingreso se hicieron mientras su hija se encontraba sola en el hogar, razón por la cual,la protección de la CIDH se hace extensiva a ella.

Estos hechos de agresión han coincidido con la presentación y publicación de diferentes informes sobre “falsos positivos”, en los que se da cuenta de la responsabilidad de diferentes unidades y mandos del Ejército Nacional en la comisión y ocultamiento de ejecuciones extrajudiciales. El más grave de estos episodios se presentó en septiembre de 2014, luego de la presentación de un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2002-2010 en el que se implicaba la presunta responsabilidad de 36 altos mandos del Ejército Nacional, incluido el comandante nacional en ese momento.

En cinco ocasiones, tanto antes como después de este episodio, la CCEEU y sus integrantes fueron objeto de robos de información y de sus computadores, los cuales coincidieron con la presentación de informes sobre casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Las medidas cautelares dictadas por la CIDH obedecen a que a pesar de esta reiterada persecución, la protección brindada por el Estado ha sido intermitente, incompleta e inidónea, al tiempo quelas investigaciones judiciales no han contado con la debida diligencia ni la práctica oportuna y efectiva de pruebas que permita identificar los autores detrás de estas agresiones. Los diversos procesos penales por estos hechos violatorios, nunca han pasado de la fase de indagación preliminary han sido abordados como hechos de violencia ordinaria, por lo cual la CIDH también le solicita al Estado Colombiano informarle sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.

Estos graves hechos se dan en un contexto de agresiones y asesinatos sistemáticas contra defensores y defensoras de derechos humanosen Colombia, frente alcual se pronunció recientemente la CIDH “lamentando esta situación y reiterando la obligación de los Estados de investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables”.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2017