Poderosos sectores militares, políticos y económicos amplifican esta “guerra sucia” que, curiosamente, coincide con los avances en la aplicación de justicia en casos emblemáticos como el Palacio de Justicia y Santo Domingo. Los ataques contra CCAJAR también ocurren en momentos en los que se intenta restablecer la justicia penal militar para juzgar a militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Las acciones de desprestigio van más allá de las ONG y se orientan a afectar la credibilidad de Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones y sentencias han contribuido eficazmente a evitar la impunidad y a asegurar los derechos de las víctimas.
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación determinar responsabilidades de las supuestas víctimas que habrían engañado a diversas instancias del Estado, a sus apoderados legales e, incluso, a organismos internacionales, en el caso de la masacre de Mapiripán. Así mismo, debe establecer el momento en que se presentaron estas supuestas víctimas ante la Fiscalía y las razones por las cuales el ente acusador aceptó su condición de víctimas sujetas de reparación.
CODHES expresa todo su respaldo y solidaridad al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, advierte sobre las intenciones políticas de limitar la acción y reformar regresivamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reclama de la comunidad internacional respaldar a las organizaciones de sociedad civil que de manera legítima promueven y defienden los derechos humanos en Colombia.
Editorial de CODHES
Bogotá, 31 de octubre de 2011
