Actualmente lanzamos ésta colección con tres estudios de caso en la región central del país. El primero analiza el caso del Sumapaz, cuyo río se encuentra en la mira para ser intervenido a través de la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico “El paso” que tiene influencia sobre Cabrera, Venecia, Pandi e Icononzo, municipios que se encuentran ubicados en la cuenca media del río Sumapaz.

 

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA tiene el gusto de presentar la colección Conflictos socioterritoriales, empresas versus Derechos Humanos. Dicha Colección se encuentra dirigida a analizar y visibilizar las diferentes problemáticas e impactos en las comunidades y sus territorios a causa de la acción de empresas cuyos proyectos extractivos ponen en cuestión los derechos humanos desde una perspectiva integral y la permanencia digna en el territorio.

Actualmente lanzamos ésta colección con tres estudios de caso en la región central del país. El primero analiza el caso del Sumapaz, cuyo río se encuentra en la mira para ser intervenido a través de la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico “El paso” que tiene influencia sobre Cabrera, Venecia, Pandi e Icononzo, municipios que se encuentran ubicados en la cuenca media del río Sumapaz. El segundo (caso Tolima) ubicado en el municipio de Chaparral, el cual identifica y analiza los diferentes impactos ocasionados por la hidroeléctrica del río Amoyá que comenzó a operar desde el año 2013 por parte de ISAGEN en el corregimiento de Las Hermosas del municipio de Chaparral-Tolima y por último, el caso de Tasco en el departamento de Boyacá, el cual analiza e identifica los impactos y las diferentes estrategias de resistencia frente a la explotación minera a gran escala.

Estos estudios se enmarcan en el proyecto “Desarrollo de capacidades socio-jurídicas y políticas para enfrentar conflictos socio-territoriales que afectan a los derechos humanos y a la economía campesina, como contribución a la construcción de la paz en la región central de Colombia”; financiado por MISEREOR.

Vea aquí los estudios