Colombia debe ser declarada responsable por violar derechos humanos en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia

Para las organizaciones peticionarias, el Estado de Colombia es responsable por la desaparición de 12 personas, la tortura de otras tres y la desaparición y ejecución extrajudicial de un Magistrado de la Corte Suprema.

Los hechos ocurrieron en un operativo de la Policía y el Ejército para retomar el Palacio de Justicia, que había sido ocupado de manera violenta por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), con más de 300 personas adentro. La operación, en la que se usó la fuerza de manera excesiva y desproporcionada, causó más de 100 muertes.

Liliana Ávila, del CIJP, manifestó que casi un cuarto de siglo después el caso del Palacio de Justicia se mantiene en total impunidad pues no han sido adecuadamente investigadas ni las desapariciones forzadas, ni las torturas, ni la ejecución extrajudicial del magistrado”.

Las organizaciones resaltaron las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, elaborado por la Corte Suprema, que entregó su informe final en diciembre de 2009.

Según la Comisión de la Verdad, no existe duda de que las personas desaparecidas (empleados y empleadas de la cafetería y visitantes ocasionales) entraron al Palacio de Justicia el día de los hechos, sobrevivieron a la operación de “retoma”, fueron detenidas por agentes del Estado, catalogadas como “rehenes especiales” con criterios “arbitrarios, superficiales y deleznables” y desaparecidas forzosamente sin que hasta ahora se conozca su paradero.

También quedó demostrado por la Comisión de Verdad la tortura y tratos crueles y degradantes que sufrieron una estudiante, un abogado y un trabajador de las empresas públicas de Bogotá, así como la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio con lesiones no letales y fue ejecutado por agentes estatales.

La primera denuncia del caso ante la CIDH fue presentada en 1990, pero hasta ahora no ha habido una respuesta por parte del Estado. Para las organizaciones peticionarias, esa conducta del Estado “es consistente con su silencio a nivel interno frente a los pedidos de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares”.

“Frente a los alegatos de procedimiento del Estado, queremos llamar la atención acerca de la conducta procesal del Estado que es de absoluta mala fe”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

Para Krsticevic, en 19 años de trámite del caso ante la CIDH, el Estado solo ha presentado 19 páginas de información “precaria e insuficiente”.

Rafael Barrios, abogado del CAJAR, criticó que el Estado no se haya referido al informe de la Comisión de la Verdad, que confirmó las denuncias de los peticionarios, y recordó que la primera investigación seria comenzó 20 años después de los hechos, aunque hasta ahora no hay una sola condena. Barrios desmintió que haya 14 miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados y añadió que seis militares acusados están en libertad, dado que el Estado dejó vencer los plazos para procesarlos.

Las organizaciones peticionarias solicitaron a la CIDH que “contribuya a romper el pacto de silencio”, mediante la emisión de un informe de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano.

http://cejil.org/comunicados/colombia-debe-ser-declarada-responsable-por-violar-derechos-humanos-en-el-caso-de-los-de

Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación.

(202) 319-3000, (202) 445-46-76. [email protected].

Web | + posts
Share This