AMNISTIA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

9 de julio de 2015
AMR 23/2048/2015

Colombia: las autoridades deben respetar el debido proceso en las detenciones por las explosiones de Bogotá

Las autoridades deben respetar el debido proceso y garantizar una investigación imparcial en el caso de las 15 personas, en su mayoría defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas estudiantiles, detenidas ayer en la capital, Bogotá, por las explosiones ocurridas en la ciudad la semana pasada, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El 2 de julio explosionaron en Bogotá dos pequeños dispositivos, que causaron lesiones a algunas personas, aunque no víctimas mortales. Las autoridades atribuyeron el atentado al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al colocar estos explosivos en la ciudad, con el alto riesgo consiguiente para la vida de civiles, los responsables demostraron claramente un absoluto desprecio por la vida humana. Las autoridades tienen el deber de investigar toda actividad delictiva y poner a disposición judicial a los presuntos responsables por medio de un proceso independiente e imparcial, que cumpla el derecho y las normas internacionales.

Sin embargo, no deben servirse de este tipo de sucesos para criminalizar e impedir las actividades de defensa de los derechos humanos. Durante el largo conflicto armado de Colombia se ha procesado a gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos a fin de silenciarlos y desacreditarlos.

La mayoría de las personas detenidas desarrollan también actividades en el movimiento social Congreso de los Pueblos, algunos miembros del cual han sido objeto de amenazas y hostigamiento por su trabajo de defensa de los derechos humanos. En enero mataron en Bogotá a uno de los líderes del movimiento, Carlos Alberto Pedraza Salcedo.

Las organizaciones colombianas de derechos humanos han denunciado también recientemente un considerable aumento de las amenazas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas sociales.

Muchas de las personas detenidas ayer han participado activamente en labores de apoyo al proceso de paz, defensa de los derechos de campesinos y asuntos de educación, entre otras causas de derechos humanos y justicia.

Los procesos penales entablados en Colombia contra defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales están a menudo basados en indicios espurios, más que en pruebas recopiladas en el curso de investigaciones criminales imparciales de las autoridades civiles competentes.

Es sumamente preocupante que parezca haberse violado la presunción de inocencia de las personas detenidas en declaraciones públicas que han hecho algunas autoridades y los medios de comunicación.

Las autoridades deben garantizar que la credibilidad e integridad del trabajo legítimo de los defensores y defensoras de los derechos humanos no se ven menoscabadas durante la investigación.

Fin/

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