Tabaco era un corregimiento afro ubicado en la Serranía del Perijá, departamento de La Guajira, al norte de Colombia; limitaba con varias comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su economía se basaba en la pesca de río, la ganadería y la caza así como producción y comercio agrícola con los poblados vecinos. La comunidad contaba con espacio suficiente para la siembra y el pastoreo, servicios básicos de energía, centro de comunicaciones, escuela, campo de recreación, iglesia, entre otros.

Documental: Chiqui chiqui, cocineras de sueños ancestrales

El 9 de agosto de 2001 la comunidad de Tabaco fue desalojada forzosamente por parte del megaproyecto minero de Carbocol S.A e Intercor, actualmente Cerrejón, en complicidad con el Estado. Se obligó a salir del territorio ancestral de Tabaco a 1.200 personas (400 familias) aproximadamente, entre menores, adultos y ancianos, con el fin de facilitar la explotación y expansión carbonífera en la zona.

Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor, hoy Cerrejón, habían ofrecido a los pobladores de Tabaco sumas irrisorias de dinero para que individualmente desalojaran y cedieran los derechos sobre sus territorios. Esta incidencia empresarial generó fricciones, desacuerdos y división en la comunidad; unos vendieron, otros se fueron, y algunos resistieron en su territorio con el ánimo de conservar su unidad social y continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les habían permitido sobrevivir.

Sin embargo, quienes resistieron en el territorio fueron víctimas de diversos mecanismos de presión para obligarles a irse. Hubo suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema de viviendas, destrucción del cementerio; se prohibió el libre tránsito en el territorio e incluso se desvió el agua del río para el beneficio de la compañía, se despojó a la comunidad de su iglesia y su patrono religioso, entre otros múltiples hechos de presión.

Finalmente, el 9 de agosto de 2001 se expulsó del territorio a las últimas familias que quedaban habitando el lugar a través de un brutal desalojo ordenado por un juez y realizado por la fuerza pública en presencia de la fiscalía, de la alcaldía y de la empresa. Los habitantes vieron impotentes cómo una máquina aplanadora destruía su pueblo ancestral.

Ante tan alarmante situación, la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos conculcados. Y el 7 de mayo de de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo reconstruir de nuevo La Comunidad de Tabaco, en un lugar adecuado e iniciar los respectivos trámites “dentro de las próximas 48 horas”, fallo que no se ha cumplido hasta ahora.

La comunidad de Tabaco, se encuentra aún sin su territorio y además sufre las consecuencias de los daños sociales y ambientales producto de la actividad extractiva en cuya implementación se han desconocido y restringido los derechos de personas y comunidades habitantes del lugar.

El Departamento de la Guajira ha sufrido intensas sequías en los últimos años con muerte de animales y plantas, y registra el mayor índice de desnutrición y mortalidad infantil en la actualidad en Colombia, situación que ameritó la emisión de medidas Cautelares por cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenando la protección efectiva e inmediata de la niñez de esta región.

Luego de múltiples acciones jurídicas y de incidencia, actualmente, la comunidad se encuentra en un momento determinante para al cumplimiento de la tutela y actos jurídicos generados a favor de su reparación. A la fecha, se ha avanzado en la consolidación de una Mesa de Control y Seguimiento en la que participan la Comunidad, el Estado y la Empresa Cerrejón frente a unos acuerdos establecidos en 2008.

Hoy más que nunca se hace necesario rodear y contribuir al fortalecimiento organizativo y comunitario de Tabaco, que mantenga consolidado el tejido social, y su cultura ancestral y étnica, a fin de posibilitar un ambiente de esperanza, resistencia y permanencia de las familias en el territorio para la exigibilidad de sus derechos y la rendición de cuentas a la Empresa.

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