Estos desalojos se deben a la sentencia que dictó en el año 2005 un juez de Cali, donde se ratificaba el avance de los proyectos de reubicación de las personas que viven en el Jarillón del río Cauca; sentencia que solo les fue notificada en el 2013 sin permitirle a la comunidad ningún tipo de participación ni seguir el debido proceso.
Mujeres y hombres indiginados por la situación de vulneración de derechos humanos a los que se han visto sometidos en lo corrido de esta semana por los desalojos en el Jarillón, emprendieron una lucha de resistencia y protesta materializada en la toma de la emblemática Iglesia La Ermita en Santiago de Cali.
La Iglesia está ubicada en el centro de la ciudad y es un punto estratégico para lograr que se visibilicen estas problemáticas de despojo y desalojo, pues la comunidad al no tener garantía y protección de sus viviendas ni de ellos mismos, se vieron forzados a tomar estas vías de hecho.
La toma inició el jueves 11 de junio, contando con el acompañamiento del Frente Amplio por la Defensa de Cali, movimiento que ha venido apoyando a las comunidades y emprendiendo acciones en oposición a las políticas de despojo en la ciudad, pues esto se presenta en los barrios El Calvario, San Pascual y ahora el Jarillón.
Al respecto Fernando Pérez del Frente Amplio por la Defensa de Cali manifestó: “ahora la coyuntura que tenemos es en el proceso del Jarillón del río Cauca, especificamente en Las Vegas, Venecia. Desde el martes pasado están acabando con sus casas, con sus propiedades y unidades de trabajo, y a la gente no le están dando absolutamente nada. Ha sido una labor de despojo de este Alcalde Rodrigo Guerrero donde no ha tenido consideración con ninguna persona, ni con niños ni con adultos, ni siquiera con mujeres en embarazo, quienes han tenido problemas con el Esmad y han sido vulnerados, tratados mal. Por eso, nos hemos tomado la Iglesia La Ermita para mostrarle a la ciudad lo que no quiere ver”.
Estos desalojos se deben a la sentencia que dictó en el año 2005 un juez de Cali, donde se ratificaba el avance de los proyectos de reubicación de las personas que viven en el Jarillón del río Cauca; sentencia que solo les fue notificada en el 2013 sin permitirle a la comunidad ningún tipo de participación ni seguir el debido proceso.
A propósito, Diomer Augusto Orozco, líder de la comunidad en diálogo con Colombia Informa expresó:“Solo nos dijeron que la setencia dice que el Jarillón del río Cauca, que abarca 17 kilómetros donde viven 7.852 familias, debe de ser reubicado, no parcialmente sino totalmente y ante esto, la única alternativa que ha ofrecido la Administración, aunque no a todo el mundo, ha sido una vivienda en Valle Verde, en el sector de río Cauca, otros en Ramalí en la salida Cali – Palmira pero que no está acorde a las condiciones de cada familia”.
Durante la toma, los habitantes que se encuentran apoyando la toma dejaron claro que están en total desacuerdo a este proyecto porque ha traido consigo irregularidades y exceso de la fuerza. Así lo afirmó Orozco: “no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, no nos oponemos a salir de allí sino nos oponemos a la forma en que la Administración está haciendo las cosas, eso no es una reubicación. Ellos nos dice que el martes iba a ser una reubicación, pero no fue así, fue un desalojo lo que vienen haciendo, porque si la gente va a la terreno donde están haciendo la supuesta reubicación se van a dar cuenta que llega la Administración con sus representantes, llega el Esmad y levantan bando y comienzan a sacar a la gente a la fuerza, sin importar que tengan niños y ancianos. Cuando ya logran tenerlos afuera, sacan todos sus enseres, meten la máquina y tumbas las casas. Entonces esto no es una reubicación, es un desalojo forzado el que están haciendo dejando personas que llevan 20, 25, 35 años en ese predio sin ni siquiera garantizar la vivienda que dicen están ofreciendo”.
Este tipo de situaciones se enmarcan en lo que han sido las consecuencias que ha traido el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT- el cual plantea ciertos proyectos a realizarse en la ciudad que poco benefician a la población, así lo anunció Pérez: “A partir del nuevo POT que se implementó el año pasado aprobado por 19 concejales, llegamos a la conclusión que Cali va a ser una ciudad única y exclusivamente para ricos, muy excluyente, mientras que los pobres nos van es a tirar a las laderas, a las partes menos productivas de la ciudad. Va a ser un foco de ciudad donde solo va a existir presencia de gente adinerada. Es que esto no solo en el centro de la ciudad, en el Jarillón del río Cauca el proyecto que hay es hacer un ecoparque donde van a haber hoteles y sitios para atender a los ricos”.
Finalmente, la comunidad espera que por lo menos la iglesia los escuche y pueda intervenir y hablar con el Alcalde para que pare este tipo de desalojos y se paren los proyectos de reubicación en tanto no hay garantías para las personas.