Las autoridades tradicionales, líderes y demás comunidades indígenas Wayúu y afro que han defendido el arroyo Bruno, dentro de quienes nos encontramos los accionantes de la tutela con la sentencia de la Corte Constitucional SU-698 de 2017,en la que se reconoció que la empresa Carbones del Cerrejón y las instituciones del Estado violaron nuestros derechos al AGUA, SOBERANÍA ALIMENTARIA y SALUD, al haber autorizado la desviación y destrucción del cauce natural del arroyo Bruno bajo el único fin de expandir la explotación extractivista de minería transnacional de carbón a cielo abierto que por más de tres décadas se impuso en nuestro territorio-, hacemos públicas las siguientes declaraciones:

 

• Ante la burla, desconocimiento y falta de respeto a nuestros derechos, hemos resuelto que no participaremos de ningún espacio convocado por la “mesa interinstitucional” de la que hace parte la empresa Carbones del Cerrejón relativo al cumplimiento del fallo de tutela SU-698 de 2017, hasta tanto no se adopte la medida provisional de devolución de las aguas del arroyo hacia su cauce natural, conforme los lineamientos dados por la Corte Constitucional sobre el principio de precaución y preservación de la integridad ambiental del arroyo Bruno.
• Ha transcurrido más de un año, sin que tengamos ni una sola respuesta a los varios requerimientos y llamados hechos al juzgado en Bogotá encargado del cumplimiento de la sentencia para que tome medidas y se detengan las amenazas, violaciones y daños irreparables que se siguen causando. Por estas razones, pedimos a la Corte Constitucional que reasuma el conocimiento directo del seguimiento de sus órdenes.
• En estos momentos la sentencia de la Corte en favor de nuestros derechos se ha convertido en un mero maquillaje que dio la ilusión de hacer justicia, cuando la realidad es que la grave crisis por el agua se profundiza, nuestro territorio se cerca y se privatiza, los bosques y sus frutos que nos brindan alimento y medicina se destruyen, y nuestro conocimiento ancestral, los espíritus cuidadores y nuestras relaciones culturales importan poco o casi nada.
• De buena fe promovimos, exigimos y asistimos a espacios de participación y diálogo para que se cumpliera esta sentencia que surgió luego de la tutela puesta desde el año 2015 y de una larga lucha en defensa de nuestro territorio y del río Ranchería que la empresa también quería desviar. Sin embargo, en ninguno de estos espacios se ha tenido en cuenta nuestra palabra y sentir. Empresa y Gobierno actúan de manera coordinada y cómplice para seguir imponiendo sus decisiones. Estos 6 años los han aprovechado para acelerar las obras, destruir y matar lentamente el cauce natural arroyo.
• La respuesta del Gobierno y empresa al insistir en su imposición de no querer regresar las aguas al arroyo Bruno, pese a toda evidencia y las razones que, desde comunidades, intervinientes técnicos, académicos, organizaciones sociales y órganos de control, presentamos acerca de la gravedad y vacíos de su decisión, demuestra que no hay garantías para que nuestra participación tenga alguna incidencia o valor.
• Las preocupantes y graves confesiones del funcionario de la ANLA el día 01 de febrero de 2020 revelaron que la decisión de mantener el arroyo desviado, “nunca requirió la elaboración de un estudio como tal” o un “estudio serio”, “lo que hicimos fue una discusión de ideas de los técnicos.”
• No entendemos qué sentido tiene expresar nuestras inconformidades, que aportemos desde la experiencia que nos da vivir en el territorio, y por lo tanto de conocerlo, si finalmente las decisiones ignoran nuestro sentir y saber. Es claro que nuestra voz no importó en el momento en que se decidió autorizar el desvió y menos ahora en la decisión de no retornar las aguas del Bruno a su cauce natural.
• Mientras el causante del daño tiene voz y voto en dicha mesa para decidir que está bien y que está mal, los afectados no hacemos parte de la misma. Se nos convoca a espacios donde “socializan” decisiones ya tomadas y al no tener nuestra voz ningún peso, sentimos que a larga se nos utiliza como relleno. Por ello, si se reanudan los espacios de participación tiene que ser bajo la condición de que existan verdaderas garantías.
• ¿Qué garantías tenemos las comunidades cuando en las reuniones las cerca de 17 instituciones del Estado se han puesto del lado de la empresa? ¿Qué garantías tenemos cuando el mismo Gobierno declara que la expansión de la explotación del tajo la Puente es un Proyecto de “Interés Nacional Estratégico”?
• Hasta el sol de hoy, el arroyo continúa desviado mientras se está a la espera del estudio acerca de las incertidumbres sociales y ambientales ordenado por la Corte para que el mismo Estado y empresa sean los que definan si la expansión del gran hueco minero justifica el sacrificio de la integridad del arroyo y pasar por encima de nuestros derechos.
• La empresa continúa haciendo la publicidad sobre su canal artificial con el cual no tenemos una conexión espiritual. Esa fotocopia no es el arroyo que sabiamente formó la naturaleza. Una avenida o autopista construida para que circule el agua no reemplaza a un río con sus relaciones y su memoria.
• Hemos esperado mucho tiempo para que la protección a nuestros derechos por la Corte Constitucional se vuelva verdadera y definitiva, pero se nos ha condenado a la incertidumbre de seguir esperando a que la justicia sea real. Vemos que el prometido desarrollo que se ha vendido ha sido en realidad un des-arroyo, la destrucción de los arroyos y de las fuentes hídricas de nuestro departamento de la Guajira.
• Como ya ha quedado demostrado ante la misma Corte Constitucional, la empresa ha sido responsabilizada en repetidas ocasiones por violar los derechos de las comunidades wayuu y afro de la Guajira, por la injusticia, racismo y discriminación ambiental con la que nos ha venido contaminando, enfermando y acabando.
• A la par, la empresa ha generado la división, ruptura y conflictos entre comunidades de nuestro mismo pueblo con ofrecimientos de pagos y arreglos para ponerle un precio a todo, pero quienes hemos liderado y seguimos en esta lucha insistimos en que se están causando graves daños culturales, espirituales, ambientales y sociales que tienen un carácter irreparable. ¿cómo vamos a cuantificar el daño espiritual cuando para los wayuu existe el OJUTÜ, el valor distinto al precio.
• Con soberbia la mesa asegura que no regresa las aguas al arroyo porque la relación Costo- Beneficio de esta decisión “es igual a 0,038”. Que el arroyo no se devuelve porque sale más costoso cuando más costoso es la vida. Costoso e incuantificable ha sido el daño que se hizo al momento de hacer del desvío, ese daño no ha valido, que se muera lo que se tenga que morir, que se desplacen de su hogar los animales que estorben y se maten los árboles antiguos que se tengan que matar.
• Denunciamos también que continúan las sistemáticas amenazas, intimidaciones, hostigamientos y estigmatizaciones de los que seguimos siendo víctimas los liderazgos que alzamos nuestra voz por las violaciones a los derechos humanos de esta empresa. Estas amenazas coinciden y vienen luego de los momentos en que realizamos acciones, movilizaciones, denuncias, foros o se obtienen decisiones favorables a los derechos de las comunidades.
• A pesar de esto, continuaremos alzando nuestra voz para decir BASTA YA al ecocidio y etnocidio, exigiendo justicia para el arroyo Bruno, para el río Ranchería, y para cada uno de los arroyos desviados y destruidos por Carbones del Cerrejón.

 

Buscar justicia por los graves daños al ambiente que ha causado Carbones del Cerrejón, es defender nuestra cultura y territorio Wayúu ancestral, exigir la protección real a nuestros derechos, es no aceptar que ningún poder corporativo, por más grande e influyente que sea, tenga el derecho de destruir un territorio y un pueblo. Seguiremos reclamando justicia, y no permitiremos que el interés de una empresa de la que son dueñas las trasnacionales mineras BHP, GLENCORE Y ANGLOMERICAN esté por encima de la vida, territorio, naturaleza y espíritus de nuestros pueblos.

 

CC.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

JUZGADO VEINTE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA MESA INTERINSTUCIONAL MENCIONADA EN LA SENTENCIA SU 698 DE 2017 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

RELATORIAS DE NACIONES UNIDAS Y OFICINA DE ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

 

 

Vea el comunicado original:

comunicado comunidades arroyo Bruno