DENUNCIA PÚBLICA

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH – denuncia ante la comunidad nacional e internacional la deportación de Diego Martínez Castillo, abogado y defensor de derechos humanos, y acompañante del Acuerdo de Paz con la extinta insurgencia de las FARC – EP, y miembro de la Junta Nacional del CPDH, que fuedeportado desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina a la ciudad de origen en Bogotá.

Contexto

Diego Martínez Castillo acompaño el proceso de estructuración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición en las negociaciones que se realizaron en la Habana, Cuba, y que dieron como fruto el sistema transicional para lograr buscar una paz estable, duradera, donde la verdad es fuente central para lograr la reconciliación y la no repetición de la violencia política que ha vivido el país. Posterior al acuerdo, Diego ha venido desempeñando un papel como abogado en diferentes casos producto de la firma del Acuerdo de paz, razón por la cual se desplazó a la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.

El CPDH es una organización defensora de derechos humanos con Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social – ECOSOC – órgano de la Organización de las Naciones Unidas – ONU – y perteneciente a su vez de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que ha aportado con su experiencia en la defensa de los derechos humanos y en lograr una paz estable y duradera en el país.

Hechos
1. Diego Martínez Castillo llego a la ciudad de buenos aires, en horas de la mañana, el día 11 de julio a cumplir un requerimiento como abogado defensor de un excombatiente detenido en Argentina.

2. Al bajar del avión, Diego Martínez Castillo fue interceptado por emigración e inmediatamente y sin mediar justificación alguna, fue deportado a la ciudad de Bogotá.

3. Ya estando en la ciudad de Bogotá a las 12:00 del día, se logra constatar por personas en Buenos Aires, que la deportación está motivada por una Alarma internacional que interpuso el Estado Colombiano, y que obliga a cualquier autoridad internacional a cumplir con el requerimiento de deportar a la persona requerida.

4. Rechazamos las “alertas internacionales” contra líderes sociales, académicos, defensores de derechos humanos, que es una clara política internacional de seguir promoviendo la construcción del “enemigo interno” en un sector crítico de la
sociedad colombiana. Son restricciones de la democracia.

Advertimos
Que está en desarrollo un plan de persecución a defensoras y defensores de derechos humanos y promotores, defensores del Acuerdo de Paz por parte del gobierno de Iván Duque.

Responsabilizamos
Al Gobierno Nacional encabezado por el presidente Iván Duque Márquez, a la Vicepresidenta y canciller Martha Lucia Ramírez, por las afectaciones personales, jurídicas y de seguridad que ponen en riesgo la vida e integridad de Diego Martínez Castillo.