La historia que presentaba este grupo de personas defensoras de derechos humanos era tan compleja como increíble. Parecía más propia de una novela de acción que el recuento de una operación de terrorismo, barbarie y encubrimiento que vinculaba a miembros de grupos paramilitares con autoridades civiles, ciudadanos y unidades militares. La trama de complicidades desafiaba lo esperable en una democracia.
A finales de los 90, el mismo grupo de abogados/as asumió la investigación sobre otra historia improbable: las alegaciones de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones en la retoma del Palacio de Justicia (capturada por guerrilleros del M-19 en 1985). Las denuncias del Colectivo también exigían mirar esta tragedia nacional colombiana asumiendo errores inaceptables del Presidente y su gabinete, y hechos de barbarie atribuidos a las fuerzas de seguridad que actuaron con indiferencia inadmisible frente a la vida de magistrados, empleados y otras personas retenidas como rehenes y escudos humanos por el M-19 en el Palacio.
Ahora la verdad empieza a develarse. Las historias que parecían increíbles, en buena medida han sido constatadas por investigaciones, confesiones de perpetradores y decisiones de la justicia nacional e internacional. Hoy, ellas son episodios fundamentales de la historia colombiana que demuestran fallas y debilidades en el Estado de Derecho, con enormes costos humanos e institucionales. Pero también evidencian la importancia y el valor de grupos que, como el Colectivo de Abogados, han cumplido un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, enfrentando la corrupción y los abusos generados o avalados por diferentes instancias del Estado; impulsando la verdad y la justicia en un país donde todavía prevalece la impunidad.
No obstante, la respuesta de algunos/as funcionarios, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad no ha sido precisamente reconocer el rol que han cumplido los defensores/as de derechos humanos. Por el contrario, algunos insisten en denunciar al CCAJAR con acusaciones sin fundamento de vínculos con grupos terroristas.
La pregunta que nos hacemos como observadoras/es internacionales es ¿Qué razones puede tener un político para acusar infundadamente a una organización de derechos humanos que ha tenido una función clave en develar y revertir políticas y hechos que no recibieron una respuesta adecuada por sucesivos gobiernos democráticos? ¿A quién benefician las campañas de desprestigio de estos/as defensores y qué revelan de quienes las promueven?
Con frecuencia, las acusaciones de terrorismo en Colombia ponen en riesgo a los señalados; realizadas desde algunos sectores, pueden convertirse de hecho en una condena de muerte.
Por ello, es responsabilidad del Gobierno del presidente Santos desmarcarse claramente de las alegaciones vertidas por Uribe y demostrar públicamente el más hondo respeto al Estado de derecho, garantizando no sólo la protección, sino también la capacidad de trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que como el CCAJAR, cumplen un papel fundamental para fortalecer la democracia y garantizar los derechos de todos y todas los colombianos.
