¿Cómo distinguir la preocupación legítima de las víctimas de crímenes de Estado de que el acuerdo de justicia en La Habana no sea un acuerdo que propicie la impunidad, incluso de los pocos agentes estatales que han sido condenados por graves crímenes; frente al oportunismo guerrerista del uribismo y del Procurador General que repudian el acuerdo porque a su juicio beneficiará con la impunidad a los comandantes de las guerrillas?
Llegó de su segundo viaje a La Habana satisfecho de haber contribuido con su testimonio y el de muchas otras víctimas, para que los derechos de las víctimas no fueran arrasados en aras de la paz.
Le pareció a Don Alfonso el acuerdo sobre justicia un buen acuerdo, entendiendo que el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones a los derechos humanos, no puede ser tan severo si se quiere poner fin a una guerra de más de medio siglo y en la que el estuvo inmerso y sufriéndola, primero como suboficial del Ejército que combatió las guerrillas, hijo de policía que combatió el crimen y por las paradojas de la vida, padre de un joven víctima en la masacre de Mondoñedo, donde agentes de la Policía de Bogotá, detuvieron, torturaron y asesinaron a seis milicianos del frente urbano “Antonio Nariño” de las FARC.
Don Alfonso sin embargo, no culminó las fiestas de fin de año con alegría. El anuncio del Gobierno de un tratamiento privilegiado a agentes estatales que hayan cometido graves crímenes con ocasión del conflicto y el sinsabor que le dejó las declaraciones del Vicefiscal de que miles de casos pasarían automáticamente de la justicia ordinaria al sistema de justicia para la paz, le pareció un mensaje de impunidad.
¿Quiere decir el anuncio oficial que los agentes estatales no tendrán que decir la verdad, ni expresar arrepentimiento sincero por sus crímenes, ni contribuir a reparar a las víctimas, ni contribuir a desenmascarar las estructuras de terror a las que pertenecieron? ¿Dónde quedan las garantías de no repetición?
Don Alfonso Mora León se ha hecho jurista como víctima, buscando justicia para los “cobardes asesinos que no honraron sus obligaciones constitucionales ni legales y decidieron la horrorosa muerte de mi hijo y la de los otros muchachos”, conoce lo que se acordó en la Habana, pero también sabe que cuando la voluntad política de los factores reales de poder inclina la balanza hacia la impunidad, lo pactado puede ser letra muerta.
¿Cómo distinguir la preocupación legítima de las víctimas de crímenes de Estado de que el acuerdo de justicia en La Habana no sea un acuerdo que propicie la impunidad, incluso de los pocos agentes estatales que han sido condenados por graves crímenes; frente al oportunismo guerrerista del uribismo y del Procurador General que repudian el acuerdo porque a su juicio beneficiará con la impunidad a los comandantes de las guerrillas?
El acuerdo sobre el Sistema Integral de Justicia para la Paz es un paso importante para facilitar el fin del conflicto armado interno, pero lo es también en la consagración de principios y derechos de las víctimas, que se debe materializar con la labor de jueces, magistrados e investigadores que deben actuar con ética, transparencia, independencia, objetividad y lejos de los intereses políticos o económicos que han impulsado la barbarie de esta guerra.
Tendremos que litigar allí, incluso, los excepcionales casos que han conducido a la sanción de los victimarios que esperarán que sus sentencias sean revisadas. Pero la revisión no es una concesión gratuita, quienes aspiren a ella, salvo condenas arbitrarias, tendrán que cumplir con la satisfacción de los derechos de las víctimas, de lo contrario, no podrán beneficiarse. Las víctimas tendrán que organizarse y las organizaciones de derechos humanos prepararnos para un trabajo tan arduo o más vehemente como el que hemos enfrentado.
Comenzamos el 2016 con la realidad más cercana de ponerle fin a uno de los conflictos armados más antiguo del mundo, pero con un sabor agridulce. Por un lado por la irregular venta de uno de los activos más importantes del Estado colombiano, Isagen, pese al rechazo casi unánime que provocó dicho proceso privatizador. ¡Qué repudiable que se sigan feriando los recursos públicos en provecho de grandes intereses particulares!
Por otra parte, no cesan los ataques a los defensores de derechos humanos que han cobrado la vida, desde agosto de 2010, de más de 350 líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, campesinos, ambientalistas y otros dirigentes comunitarios victimizados por reivindicar sus derechos o los derechos de la comunidad. Sumado a ello, conocimos el asesinato de Ofelia Mosquera, el 25 de diciembre, enlace regional de la OIM en Urabá y quien trabajaba en el acompañamiento institucional a las víctimas de la violencia política. A su familia, a su comunidad y, a la OIM, nuestras profundas condolencias.
El Cajar en el 2015, fue víctima de reiteradas amenazas, pero en particular de campañas de desprestigio que buscan en primer lugar afectar la confianza que las víctimas han depositado en nuestra labor. Nos han hecho daño, nos han obligado a defendernos, cuando antes teníamos la convicción de que los hechos que reflejan nuestro amor social, hablaban por sí solos. Sin embargo los que se declaran nuestros enemigos se equivocan, la dignidad no se destruye, se consolida ante la infamia y se acrecienta ante la adversidad.
Sin duda, estos son tiempos muy difíciles para la justicia en medio de tanta retórica sobre los derechos de las víctimas, como lo señala la contraevidente absolución del Coronel Alfonso Plazas Vega donde la Corte Suprema de Justicia se puso del lado de uno de los victimarios.
El Cajar sigue siendo la gota que agrieta la roca de la injusticia, de la indiferencia, de la desesperanza. Somos irremediablemente optimistas, aunque la realidad quisiera obligarnos a ser escépticos, no le podemos dar ese gusto a los enemigos de la vida. Le damos las gracias a quienes nos han acompañado en este esfuerzo, en esta lucha, en este sueño, en este reto de la paz con justicia social y vida digna para todas las personas y comunidades.
Empezaremos el 2016 con nueva junta directiva, cambio de generación, Jomary Ortegón Osorio llega a la presidencia, Dora Lucy Arias Giraldo como Directora Ejecutiva, María del Pilar Silva Garay como Secretaria General, Soraya Gutiérrez Arguello como Fiscal; mujeres extraordinarias que han expuesto sus vidas e integridad al servicio de todas las vidas, con el amor profundo y perenne que las mujeres pueden sentir y un joven veterano de todas las causas justas, Reynaldo Villalba Vargas como Vicepresidente; son garantía de que seguiremos avanzando hombro a hombro con nuestro pueblo, construyendo esperanza desde el esfuerzo diario!
¡Que el 2016 sea el año de la paz! Que 2016 sea el año en que Colombia emprenda sus profundas transformaciones para que la humanidad toda se enriquezca.
Luis Guillermo Pérez Casas
Enero de 2016