Este 13 de febrero de 2017, a las 8:30 a.m. la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación para las Víctimas, llevó a cabo un Acto de Conmemoración en homenaje al Defensor del Pueblo y rector de la Universidad Libre de Cúcuta, Ángel Iván Villamizar Luciani, quien fue asesinado el 12 de febrero de 2001. Ángel Iván Villamizar se destacó como Defensor del Pueblo de Cúcuta entre 1997 y 1999, por su incansable trabajo a favor de la población de la región del Catatumbo.

El funcionario se destacó como Defensor del Pueblo de Cúcuta entre 1997 y 1999, por su incansable trabajo a favor de la población de la región del Catatumbo azotada por el conflicto armado, y donde alertó desde sus orígenes sobre los horrores del paramilitarismo en esta zona y sus estrechos vínculos con integrantes de la fuerza pública de la región.

Su asesinato se produjo como retaliación a esta labor de denuncia y acompañamiento de las comunidades. El propio paramilitar Carlos Castaño firmó la amenaza contra el Defensor expresada en una carta donde exigía su destitución, acusándolo de vínculos con la guerrilla.

Las amenazas se concretaron la noche del 12 de febrero de 2001 cuando varios hombres armados que portaban armas de fuego automáticas y se movilizaban en un campero Mitsubishi color verde, un taxi y una motocicleta, dispararon al costado izquierdo del vehículo en el que se movilizaba, luego que saliera de dictar su acostumbrada cátedra, en la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta. El conductor que lo acompañaba, Benjamín Quintero, quedó parapléjico tras el atentado y su caso no ha tenido ningún avance ante la justicia, tampoco en materia de verdad ni reparación integral.

Después de 16 años de ocurridos estos graves hechos, aún no se ha establecido la responsabilidad de toda la cadena de mando a pesar de testimonios de paramilitares que han revelado vínculos con el Ejército al más alto nivel.

Días antes de su asesinato, Villamizar recibió una llamada amenazante de una línea registrada a nombre del coronel (r) Víctor Hugo Matamoros comandante del grupo mecanizado Maza No. 5, adscrito a la II División del Ejército con jurisdicción en esta zona, y con quien Villamizar había tenido varios enfrentamientos públicos por la presencia paramilitar en el Catatumbo. El coronel respondió en declaración a la Fiscalía que su número había sido clonado, que se encontraba muy cerca de Villamizar cuando este recibió la llamada por lo que era imposible que la hubiera realizado. Las autoridades no siguieron investigando para confirmar o desmentir esta versión.

El crimen contra este ejemplar funcionario está documentado dentro del informe “La vida por la Justicia”, elaborado por verdadabierta.com, en donde se describe el contexto de la expansión del paramilitarismo en la zona y cómo altos mandos militares e inclusive el Presidente de República de la época, Andrés Pastrana Arango, conocían sobre el accionar paramilitar en la región que denunciaba Villamizar y que luego le costó la vida. El citado informe en uno de sus apartes revela:

En 2005, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos documentos enviados a Washington entre finales de 1997 y 1999, por el entonces embajador Curtis Kamman. Para entonces, al Departamento de Estado le preocupaba la pasividad de los militares frente a la arremetida paramilitar, especialmente en Norte de Santander.

El emisario del gobierno de Estados Unidos trascribió una entrevista que sostuvo con el coronel Víctor Hugo Matamoros el 5 de noviembre de 1999. “Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes… allí hay guerrilla que combatir… si usted tiene tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocupa por los paramilitares”, dijo el oficial.

El 15 de julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, condenó por este asesinato a Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” a 34 años de prisión, de los cuales cumplió una pena efectiva de 8 años al haberse sometido a la Ley de Justicia y Paz donde reconoció su responsabilidad en este y otros crímenes. También fueron condenados por estos hechos el paramilitar Dennys Alexander Sánchez Bastidas, y el patrullero de la policía Jhonny Mauricio Muñoz. Esta última condena fue anulada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque el acusado no tuvo defensor en alguna de las etapas procesales.

En otro de sus informes, verdadabierta.com señala la dimensión de la violencia paramilitar en el Catatumbo: “Un archivo, en el que aparecen reseñadas 13.919 personas muertas entre 1997 y 2005, contiene, también, los comentarios de algunos de los paramilitares que operaron en el departamento sobre 966 de esas personas, asesinadas bajo las órdenes de, entre otros, Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, excomandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia.”

El 19 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la responsabilidad administrativa del Estado – Ministerio de Defensa por la participación del patrullero Muñoz, y por haber faltado en su deber de protección al Defensor Villamizar, a quien le fue retirada la escolta una semana antes del crimen.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia condenó por este homicidio –entre otros graves crímenes- a Salvatore Mancuso y otros miembros del Bloque Catatumbo de la estructura paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC en Norte de Santander.

En cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, incluyó en el registro único de víctimas a la familia Villamizar Luciani y ofreció la realización del acto de conmemoración que la familia aceptó, en aras de hacer memoria y rescatar su nombre, y esperando que en algún momento judicialmente se ordene un acto, no de conmemoración sino de reconocimiento, de la responsabilidad y perdón por parte del Estado Colombiano, tanto por acción como
y omisión.

El acto se desarrolló en Cúcuta, con la participación de la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, familiares y representantes legales de la familia. Allí se proyectará un documental sobre la vida y obra del Defensor y Rector. Ese mismo día la Universidad Libre recibió por parte de la esposa del funcionario, Alba Marina Sánchez, la donación de la biblioteca de Iván Villamizar Luciani.